Los vaivenes en torno a la situación financiera y el paquete económico del Gobierno del Estado no acaban. Tampoco se corrigió la falta de claridad en el manejo de la información que se transmite a la ciudadanía en ese tema trascendental.
La semana que terminó estuvo llena de mensajes encontrados. Aquí en Juárez el gobernador, Javier Corral, abrió actividades con el anuncio de que ante la falta de liquidez y la incertidumbre en la respuesta que se esperaba del Gobierno federal, a la solicitud de apoyos extraordinarios por 900 millones de pesos, podría recurrirse a solicitar auxilio a la iniciativa privada.
Habló de la posibilidad de que los grandes empresarios de la entidad prestaran dinero a las arcas públicas, sin intereses, en tanto empezaba a fluir la recaudación del ejercicio fiscal 2017.
En medio de todas las declaraciones, algunas totalmente aisladas, el propio mandatario llegó a mencionar el ofrecimiento de la Embajada de Inglaterra para acudir en auxilio de la administración estatal. De eso no se ha vuelto a mencionar ni una palabra.
Finalmente a mediados de semana, tras permanecer dos días en la Ciudad de México, en gestiones con las secretarías de Gobernación y de Hacienda, el gobernador regresó a la entidad con un acuerdo parcial.
El Gobierno federal apoyará a Chihuahua con 430 millones, etiquetados como recursos extraordinarios, y del resto que había sido solicitado se le adelantaría un mes de participaciones para completar el gasto de este año y arrancar 2017.
Con eso, el principal inquilino de Palacio descartó, por el momento, pedir préstamos a los empresarios del estado. Algunos capitanes de los grupos empresariales, muy pocos en realidad, habrían dicho que sí a esa idea, que por otra parte fue delineada en forma general, sin aterrizarla, solo porque de la hiperactiva mente de un empresario fronterizo se puso el planteamiento sobre la mesa.
De ahí lo tomaron a bote pronto, sin acabar de darle forma. Igual se hizo con el guiño de apoyo del jefe de misión de la Embajada del Reino Unido, Oliver Evans. En ninguno de los dos casos los planteamientos fueron precisos, ya no tienen la presión de darles forma, con la solución a medias conseguida con el Gobierno federal.
Pero eso no significa que el régimen del nuevo amanecer haya librado todos los obstáculos en torno a la situación financiera de la entidad.
El gobernador admitió públicamente que este, su primer peregrinar en el Altiplano, tocando puertas de los secretarios del gabinete federal, fue angustioso e incluso llegó a quitarle el sueño ante la eventualidad de quedarse sin fondos para cubrir salarios y prestaciones de fin de año a la obesa burocracia estatal.
El pago de nómina y la inexistencia de medicamentos e insumos en Instituto Chihuahuense de Salud han sido causales de migraña a los funcionarios del nuevo amanecer.
Y van por más deuda estatal
Aún no pueden cantar victoria. Tiene el reto de hacer pasar en el Congreso el refrito del paquete económico, que, tentativamente, se empezará a votar el martes.
Esta semana Palacio, la dirigencia estatal del PAN y la bancada azul del Congreso deberán aplicarse en la operación política para sacar avante la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de 2017.
Desde la autorización para bursatilizar o monetizar excedentes carreteros hasta por 4 mil millones de pesos, de los cuales 2 mil 800 pueden ser utilizados en 2017, hasta la eliminación de estímulos a los contribuyentes del impuesto sobre la nómina, entre otros detalles de la Ley de Ingresos, serán puntos de controversia a la hora de discutir el dictamen correspondiente en el Congreso del Estado.
Un ejemplo es lo que sucede en la iniciativa privada. Los dirigentes de los organismos empresariales mascullan su molestia, por la falta de cuidado en las formas de la nueva administración, que ni siquiera se tomó la molestia de cabildear, previamente, la eliminación del esquema de estímulos del impuesto sobre la nómina.
Tampoco observan planteamientos claros, formales, en el llamado que les hicieron en declaraciones públicas, sobre el adelanto en le pago de impuestos. En corto, los dirigentes de las cámaras dicen que observan improvisación y falta de tablas en los funcionarios del nuevo amanecer.
Dentro del grupo de los diputados del PAN hay expresiones duras sobre el lío generado por el contenido del paquete económico.
Tras las comparecencias de los secretarios del gabinete, principalmente del secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, y de Desarrollo Social, Víctor Quintana, algunos de los legisladores azules quedaron más hechos bolas que al principio.
Les preocupa los bandazos que se han venido dando en torno a la información sobre las finanzas estatales, pero sobre todo que al fin del día, después de anunciar un prepuesto de 55 millones de pesos, se hayan ido a uno similar al ejercido este año, sin que se aprecien a ciencia cierta los ajustes de gasto y el plan de austeridad.
El ajuste delineado por el Gobierno del nuevo amanecer se parece mucho al plan de austeridad duartista de 2013, cuando se planteó ahorrar mil millones de pesos con la reducción del rubro de servicios personales, suspensión de contrataciones, pago de horas extras, venta de flotillas de vehículos y arrendamientos de inmuebles.
La única diferencia entre el remake de Arturo Fuentes Vélez con el plan de su antecesor, Jaime Herrera Corral, es que ahora lo único que no se ha planteado es la reducción de salarios a funcionarios de los primeros niveles y asesores.
Hasta los objetivos son los mismos: canalizar los ahorros a la construcción de infraestructura, equipamiento y dotación de medicamentos a hospitales, remodelación de escuelas y programas asistenciales. Nada nuevo bajo el sol.
A los panistas les prendió un cohete en salva sea la parte que el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana –ya de por sí lo traen atravesado por llegar al gabinete sin ser de pedigrí azul– esté planteando 360 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2017, nomás para hacer lo mínimo y pidiendo otros 700 millones, con los que haría llegar la calidez del nuevo amanecer a las masas empobrecidas del Estado.
No les cuadró mucho a los diputados azules, y menos al resto de los de oposición, que en la Coordianción de Comunicación Social se estén presupuestando 226 millones de pesos para que operen su canal de televisión, estación de radio y las ediciones semanales del pravdita oficial, Cambio 16.
Sin embargo, tras ejercer su derecho de pataleo, es previsible que el paquete económico salga sin grandes modificaciones.
Los diputados de oposición, y hasta algunas organizaciones de productores que han amenazado con manifestaciones ante el Congreso, podrán darnos un rato de show político, pero al final el paquete saldrá adelante, con los 22 votos necesarios para aprobar la nueva contratación de deuda pública por 2 mil 800 millones.
Los votos que se consideran favorables al paquete son los 16 de la mayoría panista, 3 de Nueva Alianza, uno de Movimiento Ciudadano, otro del Partido Encuentro Social y los dos del dueño de la franquicia del PT, Rubén Aguilar, con eso tienen mayoría calificada, hasta con un voto de más.
Uno o más que caigan sería ganancia política para presumir en grande.