El sur del estado vive horas de angustia desde el pasado lunes, con enfrentamientos entre grupos armados, intercambio de disparos entre civiles y hasta un ataque a miembros del Ejército Mexicano.

Todo eso, agregado al desplazamiento forzado que vive la comunidad de Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo, donde decenas de personas salieron huyendo de sus casas y dejaron al garete sus tierras de cultivo porque en ello les iba la vida: la violencia de los cárteles no distingue entre vecinos y enemigos, así que mejor salieron corriendo.

El ambiente está tan crispado en la región que ya llegó a las más altas tribunas del estado y del país, donde se ha clamado por la presencia de las fuerzas federales, porque las balaceras están a la orden del día y la gente no tiene a dónde ir para refugiarse.

Todo esto sucede a escasos días del abatimiento de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ese que, según las autoridades, no opera en Chihuahua.

En toda esa ampolla en que se ha convertido el sur y sureste del estado, el lado más enrojecido es el municipio de Guadalupe y Calvo y, para mayor precisión, el seccional de Atascaderos, donde las familias que no salieron despavoridas a buscar refugio en otra parte están encerradas a piedra y lodo, esperando que ocurra un milagro que se lleve la violencia a otro lado o, mejor aún, que la acaben de inmediato.

En redes sociales circulan videos y mensajes de personas que claman por la presencia de las fuerzas del orden en su pequeña comunidad, donde habitaban poco más de mil personas hasta 2020. Hoy, muchos de ellos ya han salido, en condición de desplazados, hacia otras ciudades del estado, empujados por la violencia de los grupos delictivos.

Las balaceras comenzaron desde el domingo pasado y no han parado hasta este miércoles, según le contaron a Mirone personas que conocen la situación de primera mano.

Allá, en ese pueblo enclavado en el tristemente célebre “Triángulo Dorado” del narcotráfico, las familias que decidieron quedarse comentan que ha cundido el pánico por el clima de violencia. Sin embargo, precisan que no hay tales caravanas organizadas, como se ha difundido en redes sociales; se han ido por voluntad propia, presas del miedo. No es para menos.

Desde el martes se vieron salir camionetas ocupadas por personas que abandonaban su comunidad para huir de los balazos.

Incluso campesinos que habían recibido recientemente el apoyo del Gobierno federal “Sembrando Vida” dejaron la labor y mejor salieron huyendo. Más vale decir “aquí corrió” que “aquí sembró vida… y encontró rastros de muerte”.

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Lo peor del caso para esas personas que huyen de las balaceras es que, en otros puntos de la geografía chihuahuense, las cosas andan por las mismas.

Nada más en lo que va de la semana hubo un enfrentamiento entre efectivos del Ejército Mexicano y civiles armados, presuntamente vinculados a un grupo delictivo, allá en Jiménez, en la salida sur del estado.

En Nonoava reportaron tiroteos; en Aldama, la FGE informó del “levantón” de cuatro personas ayer miércoles, en una zona donde se libra una lucha a muerte por el control del corredor Chihuahua–Ojinaga.

Las personas de Atascaderos huyen de la violencia, al igual que lo han hecho habitantes de otras comunidades serranas donde las balaceras son pan de cada día. El problema es que no hay a dónde huir, porque, a donde lleguen, se van a encontrar casi con lo mismo: grupos delictivos peleándose a balazos por el control de la zona.

Esas regiones no son “tierra de nadie”; más bien son “tierra de alguien”. Y no precisamente del Estado mexicano.

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Lo que le cuentan a Mirone es que el estruendo de las balas no es de hoy, ni de ayer, ni mucho menos. Lleva ya al menos dos semanas, tanto en Atascaderos como en otros puntos del municipio de Guadalupe y Calvo, pero no en las zonas habitadas.

Las versiones que pudo conocer este Mirone van en el sentido de que los balazos se oyen en la lejanía, “de cerro a cerro”, como dice la gente de la región, pero hasta ahora no le han tocado a la población civil. Tampoco han llegado grupos armados a quitarles sus casas o sus tierras a los lugareños.

El meollo del asunto es precisamente ese: aunque la violencia no esté tocando a la puerta, la gente la oye, se percata de que pasan los días y los “plomazos” no paran, y se queda congelada de pánico.

La única que les queda, para huir no de los balazos, sino del miedo y la psicosis desatada, es dejar sus casas y buscar otro lugar donde refugiarse.

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Lo que ha acentuado ese clima de psicosis y de percepción de inseguridad es la poca presencia de las fuerzas del orden en la región. Y eso de “poca presencia” suena elegante, porque, al menos en el pueblo, no se ve por ningún lado ni a los efectivos de la Guardia Nacional, ni de la Policía Estatal, ni del Ejército Mexicano.

No hay muertos, al menos visibles. Hay versiones no confirmadas, pero en las calles no se han visto.

Como sea, la escuela lleva dos semanas sin clases, la gasolinera ya se quedó sin gasolina para vender y las tiendas se han ido quedando sin mercancía.

Todo marcha en dirección a que ese pueblo, cercano tanto a Durango como a Sinaloa, se vuelva un sitio lleno de casas deshabitadas que pueden convertirse, con el tiempo, en refugio o centro de operaciones de los grupos delictivos.

El miedo de la población, que quede claro, no es gratuito: son años de abandono y de oír enfrentamientos a balazos entre personas que disparan rifles de alto poder. Así, cómo no salir corriendo.

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Finalmente se impuso la idea de que había que cambiar las cosas en el Club Campestre, y se alzó con el triunfo la planilla Campestre Juárez 360°, encabezada por el empresario Alejandro Ramírez.

No pudo desvincularse la planilla Unidad y Progreso, del médico Rafael Tirado, con el equipo detrás de las últimas tres mesas directivas y terminó perdiendo la elección, pese al control y el poder que se había mantenido de manera compacta, al menos durante el último sexenio.

Siempre desgasta el ejercicio del poder en cualquier ámbito y suele derivar en prácticas abusivas, privilegios y hasta corrupción, una marca de la que no se pudo deslindar Unidad y Progreso, sobre todo por el caso del desfalco de los 21.3 millones de pesos que se puso al descubierto el año pasado.

Fue el desvío la gota que derramó el vaso, pero, como ya lo había reseñado Mirone, detrás estaba todo un entramado oscuro en torno a contratos de obras y servicios, que pegó fuerte en la campaña y a la hora de la elección.

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Hay quien afirma al interior del Club Campestre que el daño a los socios fue mayor, incluso en monto, al propio desfalco, por el acumulado de años de sobreprecios o pagos por obras o servicios no ejecutados o no prestados al 100 por ciento.

Si a eso se suma que Alejandro Ramírez tuvo oportunidad de mostrar lo que podía hacer como presidente, al ocupar durante un año la presidencia del Comité de Administración, hizo clic entre los socios la idea de tener caras nuevas al frente y meter orden a las finanzas del Club.

Del otro lado, no fue bien visto que algunas figuras que antes no ofrecieron soluciones, más allá de incrementar cuotas, reaparecieran en Unidad y Progreso, prometiendo ahora hacer lo que antes no hicieron, incluyendo labores de vigilancia o exigir castigos por los desvíos.

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La elección fue cerrada. Si bien no se repitieron los tres votos de diferencia del año pasado —cuando se eligieron consejeros, pero no presidencia—, el resultado de 398 contra 339 votos deja claro que no fue un día de campo para Ramírez y que poco menos de la mitad de los socios se mantuvo con el otro equipo.

El campanazo lo dio Ramírez con la operación de las cartas poder, donde logró emparejar el trabajo de Tirado, quien fue apoyado por expresidentes y padrinazgos fuertes, como la familia Fuentes, los Otero y los Kuchle.

Prácticamente quedaron a partes iguales en el tema de los poderes, que sumaron 240, cuando en la elección pasada el equipo de Tirado concentró la mayoría de las 90 cartas poder que se protocolizaron y registraron.

Así que, una vez desactivado el tema de los poderes, que se suponía era la principal fortaleza de Unidad y Progreso, Campestre Juárez 360° se alzó con el triunfo al tener más votos presenciales.

Otra clave fue la presencia de socios veteranos, que tenían años sin acudir a asambleas y votaciones, y que este martes lo hicieron para darle una oportunidad a Alejandro Ramírez.

Además, salieron buenos para operar los abogados con experiencia política, como el electo vicepresidente Dante Acosta. La planilla también tuvo el respaldo empresarial de grupos fuertes, como los que encabezan la familia De la Vega y la familia Bermúdez.

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El aparente acuerdo que había para sacar con guantes de seda la elección tanto del Auditor Superior del Estado como de la CEDH, ya quedó en el archivero junto con el montón de asuntos que se amontonan en cada legislatura y que nunca volverán a ver la luz.

Morena se había puesto “a modo” al votar casi sin ver por la reelección de Héctor Acosta como titular de la ASE, pero con la condición de llevar mano en la designación de la presidencia de la CEDH.

Por las vísperas, tal parece que los de guinda y blanco vieron que llevaban “mano”, pero también se quisieron agarrar la pata, como dice el refrán popular.

El decorado comenzó a descomponerse desde el momento en que la aspirante Ada Miriam Aguilera Mercado marcó distancia respecto del resto de las personas que buscaban el mismo cargo, con una exposición que dejó con el ojo cuadrado a los mismos morenistas que la veían con recelo.

Sin quitarle mérito alguno, y sin dejar de admitir que Ada Miriam había sido la mejor evaluada entre cuantas candidaturas se presentaron para ocupar la silla presidencial en la CEDH, Morena no dejó de observar que, aunque con capacidad sobrada y una amplia trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, no podía desprenderse de su vinculación política con el actual fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno.

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¡Caray! Tan bien que iba la candidatura de Miriam y resulta que los de la 4T se acuerdan de que trabaja cerca de Jáuregui.

El coordinador parlamentario del PAN —y, como quien dice, del PRI y del resto de la morralla partidista que los acompaña—, José Alfredo Chávez Madrid, la cantó así de directo: no hay fecha para elegir presidenta de la CEDH porque “no hay consenso”.

La frase misma habla de un atorón de dimensiones mayúsculas en la elección de un cargo que, por su propia naturaleza, debería salir como operado con guantes de seda.

Morena se había atrincherado en su afán por dejar en el cargo a su favorita, Flor Alejandra Corral, pero lo único que ganó con eso fue que la “bajaran” del estrellato y pasara al cajón de las vetadas.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, el líder morenista, Cuauhtémoc Estrada, salió hoy con un auténtico conejo sacado de la chistera: designar a la presidenta de la CEDH mediante una “tómbola”.

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Así, tal como lo han hecho para elegir a sus candidatos u otros cargos donde no logran sacar la votación mayoritaria, los morenistas aspiran a que una “mano santa” les eche, ahora sí, “la mano” y saque la bolita con un nombre que no sea el de Ada Miriam Aguilera. En una de esas, hasta queda la tercera en disputa, Fryda Libertad Licano.

Obviamente, José Alfredo Chávez bateó la propuesta de su estimado colega de la 4T, y la bateó tan fuerte como si fuera un slugger de las Grandes Ligas.

Conclusión: no habrá consenso y, por lo tanto, la próxima presidenta será electa por un mayoritazo del bloque PRIAN-MC-PT-PVEM.

Pobre CEDH: si ya de por sí su autonomía anda por los suelos, ahora la tienen en medio de una disputa partidista. Ni cómo ayudarle.