Alguien debe recordarle al exalcalde Armando “El Divino” Cabada, que aún tiene muchos pendientes de la cuenta pública del último año de su gestión, como los 7 millones 863 mil 163 pesos que le detectaron en las irregularidades observadas por la Auditoría Superior del Estado, en la construcción de la tercera etapa de la Academia de Policía del Distrito Porvenir, en Senderos de San Isidro.

Dicha auditoría de la cuenta pública 2021, se inició en agosto del 2022 y la resolución con todas las observaciones, se emitió en enero de este año.

En tan solo cinco observaciones de las 22 que encontró la Auditoría Superior del Estado (ASE), fueron detectados pagos por trabajos sobrevaluados, por obras no ejecutadas, conceptos sobregirados, por servicios adicionales que no estaban en los proyectos originales, por volúmenes mayores a los contratados y sobre todo, por alteración de los planes de construcción y de los precios unitarios.

Documentos a los que tuvo acceso Mirone, que corresponden a 5 de las 22 observaciones, marcan claramente las irregularidades y desviaciones del presupuesto original, detectadas en la revisión de la cuenta pública del 2021, que fue dictaminada en el 2022.

En las cinco observaciones, están involucradas las empresas constructoras Grupo Koraachi, S.A. de C.V. y Caminos y Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V., a las que se les otorgó la obra por asignación directa.

De 151 conceptos del trabajo realizado por ambas empresas, la Auditoría tomó una muestra de 66 acciones de construcción, donde se analizaron los precios unitarios correspondientes y brincaron todas las “mañosadas” que se cometieron, y que hasta la fecha no han sido subsanadas ni sancionados los presuntos responsables, comenzando por el exalcalde que anda muy ocupado gestionando su reelección como diputado federal de Morena.

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No se descarta que el monto desviado de la obra en cuestión sea mayor a los 7 millones 863 mil pesos, pues estas cifras corresponden únicamente a las observaciones clasificadas con los números 10, 11, 17, 21 y 22 de la auditoría, que consta de 179 páginas.

Por ejemplo, la observación 10 determinó, que se hicieron pagos por volúmenes mayores y por conceptos no ejecutados por un monto de un millón 794 mil 651.92 pesos a la constructora Grupo Koraachi, S.A. de C.V.

Asimismo, la observación 11 de la auditoría, reveló inconsistencias por 4 millones 185 mil 958 pesos de los conceptos originalmente contratados, así como de los precios unitarios de las obras adicionales que no estaban contempladas. En esta también aparece la empresa Koraachi.

La misma constructora aparece en la observación número 17, pero en asociación con el ingeniero Gabriel Aude Venzor, donde la Asech detectó que el Gobierno de Cabada las pagó 421 mil 612 pesos por obras no ejecutadas.

Luego, la observación 21, señala que el gobierno municipal autorizó de manera irregular el pagó de un millón 125 mil ,802.97 pesos a Caminos y Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V, para sustituir trabajos originalmente contratados, y etiquetó el gasto en la cuenta de conceptos adicionales.

Finalmente, la observación 22 por un monto de 335 mil1239 pesos, que se le hizo a Caminos y Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V, por conceptos no ejecutados y otros pagados sin evidencia de haberse ejecutado.

En esta última observación, originalmente la diferencia detectada fue de 704 mil 449 pesos, entre el gasto efectuado por la administración cabadista, y lo que fue realmente ejecutado en la obra, pero la empresa devolvió parte de ese monto, y quedó un saldo pendiente.

A todas las observaciones, la administración municipal fiscalizada respondió, pero en ninguna de las cinco mencionadas anteriormente, comprobó ni justificó el gasto por casi 8 millones de pesos, monto que la Auditoría Superior determinó que, por tratarse de pagos en excesos, deben resarcir al erario público, más los intereses correspondientes.

En sus conclusiones, la entidad fiscalizadora ordena para cada una de las observaciones, “una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, para que el órgano interno de Control del Municipio de Juárez, Chihuahua, o su equivalente, continúe la investigación de los hallazgos detectados o bien, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los servidores públicos que, en su

gestión, en términos del artículo 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pudieron haber ocasionado daños o perjuicios a la Hacienda Pública”.

Si el órgano interno de la administración municipal es la Sindicatura, habrá que ver qué seguimiento le ha dado Esther Mejía al caso, porque no son cinco pesos los que andan bailando y el asunto forma parte del paquete de irregularidades que ella misma denunció por la renta de patrullas ante la Fiscalía Federal Anticorrupción, que, por cierto, duerme en el cajón de los olvidos.

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Organismos no gubernamentales defensores de los derechos de los animales, esperan que, con la implementación de la Ley de Bienestar Animal, que ya comenzó a desahogar el Congreso del Estado, finalmente se ponga remedio a las condiciones en que sobreviven miles de perros y gatos en la calle, pero, sobre todo, al rupestre método de carretas de carga tiradas por caballos y burros maltratados, que siguen circulando por las calles de la ciudad.

Esta práctica inhumana de utilizar animales famélicos, para la tracción de viejas y destartaladas carretas, es un tema que subirán dichas organizaciones en la mesa técnica que se instalará el 28 de febrero en esta ciudad.

Hay que recordar que, en el 2018, la Dirección de Ecología del Municipio implementó un programa para sustituir esas carretas viejas por motocicletas de carga, para evitar el maltrato que sufrían los equinos y burros que se utilizan en la tracción.

También se hizo como una medida de protección para los propietarios de esos animales, que se dedican a colectar fierro y muebles viejos por la ciudad, porque circulan por calles donde pueden ser arrollados por los automotores.

Sin embargo, el programa fracasó y se dejó en el olvido, por lo que los carromatos siguieron circulando hasta la fecha.

Una de las ciudades más adelantadas en este tema, donde se hizo la sustitución de vehículos de tracción animal por motocicletas y hasta dinero en efectivo, para la compra de equipamiento y montar negocios productivos, se implementó el año pasado en León, Guanajuato, con mucho éxito, porque, además, la prohibición de esa arcaica y troyana práctica ya es ley.

En otros municipios del centro del país, donde las carretas con caballos y mulas se utilizaban para cargar basura, también se ha ido eliminando, aunque persiste la del “fierro viejo que venda”, como en Juárez, que no refleja un aspecto cultural, sino de indolencia e irresponsabilidad hacia el maltrato animal.

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Con la presentación del libro “El Suero de la Verdad”, el académico y activista social Benito Aguirre Sáenz, pondrá en marcha una campaña de posicionamiento de la bebida nativa del Estado de Chihuahua, que ha permanecido relegada en los mercados por falta de promoción e interés gubernamental, como es el sotol.

Aguirre Sáenz es investigador y docente de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pero también es productor artesanal de sotol, además de ser un activista que apoya programas sociales en favor de jóvenes deportistas.

La presentación del libro, que versa sobre relatos en torno al sotol, se hará en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, campus Juárez, y tiene un especial significado, porque pone en marcha una estrategia para revalorizar un producto autóctono, que forma parte de la historia de Chihuahua.

“El Suero de la Verdad”, que muchos políticos deberían de tomar para que no anden con cuentos chinos, animará a los sotoleros de todo el estado, que trabajan de manera independiente y artesanal, pero con muchas dificultades para comercializar su producto.