Y bien, pues como ya es sabido que en este país nos encanta pasárnosla de elección en elección, el 2025 no quiere quedar mal y, a partir de este día 6, que será su primer “San Lunes”, iniciará un proceso electoral.

No se trata de cualquier elección de las que ya conocemos, de esas donde los partidos políticos se sueltan pidiendo el voto a diestra y siniestra para colocar en los cargos públicos en disputa a sus candidatos.

Nada de eso: el que arranca este lunes es el proceso inédito, al menos en el México postrevolucionario, en el cual se elegirán a las personas que habrán de ocupar los cargos más relevantes del Poder Judicial.

El acuerdo aprobado por el Instituto Estatal Electoral, el IEE, que causa “estado” a partir del domingo pasado, indica que, a más tardar el lunes 06 de enero de 2025, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado remitirá al Congreso del Estado el listado de cargos que se someten a elección.

Con eso, se da toque de arranque a ese controversial sistema de elegir a jueces y magistrados a través del voto popular.

Cumplido ese trámite, en la misma semana, o sea, a más tardar el viernes 10 de enero de 2025, el Congreso del Estado deberá publicar la Convocatoria para participar en el proceso de evaluación y selección de postulaciones.

Y como andamos bien entrados con eso de poner casillas y tachar boletas, apenas el lunes siguiente, el 13 de enero , correrá el plazo para que las personas interesadas se inscriban ante los Comités de Evaluación.

Ese plazo cerrará al viernes 24 de enero de 2025, mismo que concluirá a las 23:59, como si fuera, o La Cenicienta o Drácula, ya sabrá cada quién el título que le quiera poner a esta intrincada historia.

Un mes después, como máximo, el viernes 28 de febrero, el Congreso del Estado remitirá a la autoridad electoral competente las postulaciones de los aspirantes.

Y, faltaba más, del lunes 31 de marzo al jueves 29 de mayo de 2025, o sea, todo el primer trimestre del año y poco más, se la pasarán haciendo campaña las personas que tengan la aspiración de ponerse la toga de magistrado o que le digan “señoría” por estar al frente de un juzgado.

¡Que siga la campaña dando! Al cabo que los problemas del país bien pueden esperar.

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Y hablando de ese intrincado asunto, el IEE ya se sinceró con todo el mundo y, de manera oficial, ya dijo que “no trae” para andar haciendo elecciones, así sea de jueces o de cualquier otra especie.

Así lo estableció en un Acuerdo N° IEE/CE347/2024, el cual ya es oficial, en el que se puede destacar que el máximo órgano electoral del estado reconoce así, sin más, que no tiene con qué enfrentar esa elección inédita y pues, a ver cómo se las va a arreglar.

Porque, si bien le pusieron mucho rollo y palabrería abogadil, para el lenguaje popular se puede resumir el mencionado decreto de una manera muy coloquial: como diría Juanga: “No tengo dinero, ni nada qué dar”.

Por lo tanto, se instruye a los órganos encargados del mismo IEE para que calcule la pedrada de acuerdo al tamaño del sapo y vea a ver de dónde sacamos para ese entuerto.

(A ver si le entendimos al Consejo General del IEE: ya dijo que no trae “pa’ los chescos” pero que, de todas maneras, le busquen a ver de dónde. Suena un poco cruel el encargo, la verdad)

Luego, una vez que concluya ese análisis, cuyo resultado lo sabemos desde ahora, se procederá—una vez más, según el lenguaje coloquial—a levantar las piedras y a romper ya no el “cochinito”, sino toda la piara para hacerle frente al llamado “Proceso Electoral Extraordinario 2025 para la elección de diversos cargos del Poder Judicial del Estado”.

Entre las acciones a seguir, está la de suscribir convenios de colaboración con “diversas instituciones públicas y privadas en un marco de cooperación y respeto interinstitucional”. Pedir kórima, pues.

Todo ese delicado, penoso y sinuoso proceso lo deben hacer a la cuenta de ya, porque, como ya lo dijimos, los comicios empiezan formalmente este lunes.

A todo esto, por si alguien tenía la curiosidad y las ganas de preguntar ¿pues cuánto dinero gasta el IEE al año? Ahí les va: para este 2025, se les tiene asignado un presupuesto de 428 millones 860 mil 924 pesotes, la mayoría de los cuales son para los partidos políticos.

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A 17 días y unas cuantas horas más de que inicie el gobierno del presidente Donald Trump, las máximas autoridades del país en materia de gobernanza se reunieron en la ciudad de México para ver qué rayos vamos a hacer cuando nos empiecen a mandar a los cientos de miles de migrantes deportados hacia el territorio mexicano.

El pasado viernes 3, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó en su cuenta X “ex…Twitter” que había celebrado una reunión para tratar el asunto.

Así lo dijo en su mensaje: “#Hoy nos reunimos en la @SEGOB_mx con compañeras y compañeros del Gabinete del @GobiernoMX para fortalecer la estrategia migratoria. Trabajaremos unidos por el bienestar de nuestros connacionales. 🇲🇽 @Claudiashein”.

Y nada más. ¿De qué se trató? No hay detalles aún. ¿Cuáles serán las medidas y acciones? Pagamos por ver. ¿Cómo le van a hacer los gobiernos estatales para enfrentar la bronca? Tal vez afilando sus uñas para que se rasquen por cuenta propia, porque hasta ahora no hay información detallada al respecto.

De lo que se puede destacar del twittazo de la secretaria Rosa Icela es la concurrencia que estuvo en la mencionada reunión, ya sabemos: los titulares de la Sedena, de la Semar, de la Guardia Nacional, el canciller Juan Ramón de la Fuente y… adivinó usted: Francisco Garduño, el todavía titular del Instituto Nacional de Migración.

Así es, codeándose con la crema y nata de la administración pública federal. Ahí sigue “Pancho el pateador”, acompañando a quien será su sucesor, Salomón Céspedes, quien por lo visto necesita un curso intensivo sobre la materia de cómo funciona ese organismo.

Si la tónica va a ser la que hemos visto hasta ahora, ya podemos preocuparnos, porque la mecánica de trabajo impuesta por Garduño ha sido, si no el garrotazo, sí el “patadón” al migrante ilegal, la detención y hacinamiento de indocumentados extranjeros en un reducido espacio y la de mandar a sus agentes al despoblado, sin la protección necesaria.

Para eso no hacía falta esa “cumbre”, la que convocó la titular de la Segob. Acá en Juárez ya nos la sabíamos.

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Y si, como dicen, en este país “se vale soñar”, pues esta columna reclama el mismo derecho y espera que la Fiscalía General de la República, la FGR (¿existe todavía?) tome cartas en el asunto y meta en cintura a las personas a cargo del INM por las graves irregularidades cometidas en Juárez, que ocasionaron la muerte del agente Luis Alberto Olivas.

Personas allegadas al hoy finado y que ya están hasta el cepillo de la forma de actuar de Garduño y de sus “Ángeles de Pancho”, les queda bien claro que a todos ellos se les puede aplicar el Código Penal Federal.

El delito que habrían cometido los superiores de Olivas se llama “Ejercicio Indebido del Servicio Público”, y como responsables de ese ilícito se identifica a por lo menos tres jefas del oficial, por haberlo mandado a detener a migrantes en pleno desierto, solo y sin la protección y auxilio de las fuerzas armadas.

En esa situación está el mismísimo Francisco Garduño, pero ya vimos que está bien amarrado de alguien de las alturas de la 4T, porque nomás no lo llaman a cuentas.

Se trata del artículo 214 del Código Penal Federal, el que dice, con todas las letras, que “ Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor público que:

“VI.- Teniendo obligación por razones, o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado”.

Nada más con sujetarlas a ese precepto, les podrían aplicar ese riguroso artículo por el terrible incendio en la estación del INM en Juárez, ocurrido en marzo del 2023, y desde luego, la muerte del agente Olivas.

La mesa está servida para que les echen el guante y pongan un buen escarmiento a todo funcionario que no cumpla con su deber.

Pero, por lo visto, la FGE se verá más lenta que nunca en este caso. Pero bueno, nada nos impide soñar en que se hará justicia.