Una verdadera revolución se gesta en Juárez en materia inmobiliaria con varios proyectos de usos mixtos en construcciones verticales. Por fin se empiezan a elevar los edificios y por lo visto, dejará esta frontera de ser una ciudad chaparra.
Lo comenta Mirone no nada más en tono festivo, también en tono de alerta porque siempre al río revuelto de cualquier proceso de cambio, hay quienes nada más buscan cómo hacer el negocio, sin tomar en cuenta afectaciones a terceros o a la ciudad en su conjunto.
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Y como las marcas históricas de la casa en materia de desarrollo urbano son la anarquía, la omisión gubernamental o el mercantilismo burdo, el tema debe estar en la mirada de todos y en la agenda pública, para que no se repliquen las prácticas de siempre.
Justo ayer se informó que en la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano se avanzó en otra autorización para cambiar de zonificación y permitir un edificio de hasta 14 pisos en el predio Torres Victoria, en la llamada nueva Zona Dorada que colinda con el Consulado de Estados Unidos.
Sobre Paseo de la Victoria, un poco al norte de la Ejército Nacional, se levantará el edificio con uso comercial en la parte inferior y habitacional en la parte superior, en un predio de cinco mil metros cuadrados.
Es todo un nuevo centro urbano lo que ahí se está desarrollando, con más edificios verticales para vivienda, oficinas y comercios, además de hoteles.
La saturación vial es el inminente problema, igual que en otros áreas con ese tipo de proyectos.
Se supone que se están realizando los estudios de impacto vial, pero justo eso es lo que ha fallado en el pasado. Ahí está la zona de Valle del Sol, como ejemplo. Y sin resolverse el tema, continúa el boom inmobiliario que además de la movilidad y la conectividad, impacta en servicios básicos como el suministro de agua.
Habrá qué analizar a detalle las alternativas con las que deben de responder los propios desarrolladores (en este caso la inmobiliaria Ursa) sin que la autoridad se lave las manos.
Apenas la semana pasada, en sesión de Cabildo se autorizó un cambio de uso de suelo para la construcción del Distrito Tomás Fernández, un proyecto inmobiliario en una superficie de 31 mil metros cuadrados en el acceso norte al Club Campestre, en la intersección de las avenidas Tomas Fernández y Antonio J. Bermúdez.
Además, camina ya el proyecto Siete Cumbres, otro megaproyecto vertical en un predio sobre Camino Escudero, casi esquina con Gómez Morín.
Actualmente, ya se nota la saturación en esa área que conecta a Campos Elíseos, por lo que se prevén complicaciones cuando ese y el desarrollo de Elys concluyan y se pongan en operación.
El Camino Escudero es de hecho una vialidad muy reducida y ahí se erigirá Siete Cumbres, proyecto de siete torres con usos comerciales y habitacionales por medio de departamentos, similar a la oferta del megadesarrollo de Elys.
También se anunció ya el proyecto de Quorum Juárez, un rascacielos de 31 pisos desarrollado por CTU sobre la avenida Teófilo Borunda, más grande que el existente en el Distrito Uno, de la capital del estado.
Avanza además Fonttera Towers, el proyecto de dos torres de 19 pisos, sobre la Ejército Nacional en el complejo comercial Alameda Iglesias. Lo mismo con Alizo Living, un complejo de departamentos de 4 pisos sobre avenida De las Torres y Jardines de Margot, una torre de departamentos de 5 pisos sobre la avenida 16 de Septiembre.
Todos se suman al complejo Altozano, ubicado cerca de la intersección de Juan Pablo II y Libramiento Independencia. Lo dicho: habrá que cuidar que todos los desarrollos verticales resuelvan problemas sin generar otros.
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La ciudad no se la acaba con los rezagos que arrastra. Justo cuando está por comenzar el nuevo ciclo escolar de Educación Básica, resurge el problema de falta de escuelas en el sur y suroriente.
Allá está crítica la situación precisamente por la dispersión urbana que se ha replicado sin que se atiendan los requerimientos de equipamiento e infraestructura tan esenciales, como los centros escolares.
La bronca pega fuerte desde Riberas del Bravo, hasta el extremo sur de Sierra Vista. Muy pocas primarias y menos secundarias y preparatorias, aunque la población estudiantil se cuenta por miles.
Las Arecas, Villas de Alcalá, Senderos de San Isidro, Cerrada San Ángel, Cerrada San Pedro, Cerradas de Oriente, son múltiples los fraccionamientos donde el viacrucis de la falta de espacios educativos se suma a la carencia y la falla en servicios como el agua, el drenaje y el transporte público.
Supo este Don que luego de que le movieron al tema del déficit de escuelas, los diputados Cuauhtémoc Estrada y María Antonieta Pérez Reyes, se movilizaron en la Secretaría de Educación y Deporte para dar una respuesta.
Hay compromiso de avanzar en el proceso de construcción de más planteles, pero por lo pronto se asegurará la instalación de varias aulas móviles.
Para atender el tema se tuvo que venir a Juárez el subsecretario de Educación Media Superior, Guillermo Márquez, quien, junto con Maurilio Fuentes, el subsecretario Zona Norte, traen ya los proyectos para la parte crítica de Riberas del Bravo, por indicaciones del secretario Hugo Gutiérrez.
Legisladores y funcionarios ya andan en la tarea de ubicar alternativas de predios para construir nuevas escuelas. A ver cómo se pone el arranque de ciclo. Se terminará de dimensionar el problema cuando surjan las quejas por niñas, niños y adolescentes que se siguen quedando sin un espacio.
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El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, prefirió no responder formalmente los señalamientos del encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara.
Lara se le fue a la yugular, con video oficial y toda la cosa. Desde la noche del lunes se fijó el posicionamiento con varios puntos que no dejan bien parado a El Bayo, quien prácticamente prefirió tirar la toalla, y decir que no litigará el caso mediáticamente. En corto nomás declaró a algún medio que hay trabajo previo que prueba la colaboración que ya se ha tenido de la Fiscalía de la CDMX.
Entre lo más duro que manejó el responsable de la Fiscalía capitalina está el anuncio de la denuncia penal ante la Fiscalía General de a República, “contra quien resulte responsable”, por haber actuado “ilegalmente” en la Ciudad de México y sin contar con facultades para ello, desde dos días antes del intento de detención del neomorenista Javier Corral.
La base del nuevo posicionamiento de Lara tiene que ver con el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción, al ser autónoma y no depender de la Fiscalía General del Estado, ni siquiera forma parte del convenio de colaboración vigente firmado por todas las fiscalías de las entidades federativas con la FGR.
Así que toda acción, antes y durante el intento de la detención de Corral, se realizó al margen de la ley, según el fiscal Lara.
El funcionario reveló que la gente del El Bayo hizo tareas de inteligencia en la CDMX desde dos días antes de pedir la colaboración con base en un convenio del que no forma parte.
Ni sobre eso respondió Valenzuela, tampoco sobre las declaraciones de carácter político que agregó Lara, quien acusó al fiscal anticorrupción de orquestar una acción política y no legal, con los videos del operativo “difundidos extrañamente un día antes de la entrega de la constancia de la presidenta electa, lo que incide de una manera clara, la de generar inestabilidad política”.
No hubo rueda de prensa, ni posicionamiento en sus redes sociales, ni comunicado o video para darle puntual respuesta al encargado de la representación social capitalina. Quizá algo esté preparando la Fiscalía Anticorrupción, ya que El Bayo había anticipado que se podría actuar legalmente contra lo que se consideró como una “obstrucción a la justicia”.
Lo que sí aseguró ayer Valenzuela es que su Fiscalía no había recibido notificación alguna de amparo concedido a Javier Corral, a quien volvió a conminar a presentarse ante el juez de Control en Chihuahua, lo que seguramente no ocurrirá.
A ver cómo se actualiza el caso hoy y que más dicen los morenistas fiscales de la Ciudad de México.
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Hablando de fallidas cruzadas contra la corrupción, pasó prácticamente desapercibida la elección del nuevo secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción (Sesea), ese órgano en el que se integran instituciones como la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior del Estado y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
Resulta que desde el pasado fin de semana fue electo para ese cargo, en sesión extraordinaria, el abogado Felipe Alejandro Salasplata Cázares.
Poca utilidad ha de tener estructura, ya que nadie había reparado que por dos años hubo encargado de despacho en lugar de titular.
El caso es que hasta votación hubo entre los integrantes del Sesea para la definición, a partir de una terna. Cada integrante del Órgano de Gobierno emitió su voto de forma verbal e individual para determinar al nuevo secretario técnico, quien es un abogado joven que antes trabajó en el Congreso del Estado.
Salasplata Cázares recibió seis votos; Jesús Fernando Matán Merino uno, mientras que Héctor Manuel Zubiate Jáquez, ningún voto. El funcionario electo había alcanzado la más alta calificación en el proceso de selección, considerando la entrevista y la evaluación curricular.
En la sesión extraordinaria participaron Carmen Lucila Álvarez González, presidenta del Comité Estatal de Participación Ciudadana; Héctor Alberto Acosta Félix, auditor Superior del Estado; Luis Abelardo Valenzuela Holguín, fiscal Anticorrupción y Roberto Javier Fierro Duarte, secretario de la Función Pública del Poder Ejecutivo.
También estuvieron ahí Myriam Victoria Hernández Acosta, magistrada presidenta del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Alejandro Tavares Calderón, magistrado presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y Sergio Rafael Facio Guzmán, comisionado presidente del Ichitaip.