Tres narcomenudistas, un golpeador de mujeres y un ladrón fugitivo con orden de aprehensión, fueron las capturas “importantes” que realizaron la Policía Estatal y su brigada SWAT, en el macro-operativo realizado el pasado domingo en Ciudad Cuauhtémoc.

La Policía de Gilberto Loya presumió por sus canales informativos, que en el operativo fueron detenidas 81 personas, 76 de las cuales fueron por simples faltas administrativas que no ameritaron cárcel y con una multa quedaron en libertad.

El aparatoso despliegue, digno de mejores causas, evidenció nuevamente que, a falta de resultados en la prevención de delitos graves como el homicidio, las fuerzas estatales optaron por presentar cantidad, en vez de calidad, en su trabajo.

La intervención de la gendarmería de Loya se dio como respuesta al asesinato de un policía municipal de esta ciudad, ocurrido el sábado por la mañana en la colonia Emiliano Zapata, donde las balas de los sicarios, traspasaron la barda de la Secundaria Técnica Número 69 y lesionaron a tres estudiantes, cuando jugaban futbol.

El operativo en cuestión fue duramente criticado por los cuauhtemenses, que lo calificaron como recaudatorio, no para restablecer la ley y el orden, que, en ese municipio, como en el resto del estado, son valores que andan por la calle de la amargura.

Lo que si hay que admitir es que la acción policiaca en las calles de la capital de las manzanas, les dejó buenos ingresos a las arcas municipales, por las multas que tuvieron que desembolsar los 76 infractores en la barandilla, pero eso no les devolvió la tranquilidad a los ciudadanos que, además, denunciaron abusos contra automovilistas y sus familias.

Al final de cuentas, el operativo resultó un fiasco porque no localizaron a los sicarios y los únicos 5 detenidos que pudieran calificarse relevantes, esta semana estarán otra vez en la calle.

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La misma estrategia de la Policía Estatal de manipular resultados, sigue el fiscal general del Estado, Roberto Fierro, quien anda de gira artística reuniéndose con organizaciones empresariales, para presumir que disminuyeron los delitos de alto impacto en un 25 por ciento y la impunidad en un 4.3.

El sábado pasado así lo dijo ante los integrantes del Consejo de Desarrollo Económico del Estado, quienes se dejaron sorprender por las estadísticas manipuladas del funcionario y nada le cuestionaron, al contrario, le reconocieron su trabajo.

Cuando el fiscal maravillas, perdón Fierro, habló de que redujeron la impunidad, se refería a las órdenes de aprehensión cumplimentadas, pero lo que no dijo fue que tan solo en Juárez, la Policía Municipal es la que ha hecho el trabajo con más de 2 mil 600 fugitivos detenidos, que le han entregado en charola de plata, para que se pare el cuello.

Sobre los delitos de alto impacto como el homicidio intencional, al igual que Gilberto Loya aseguró que lo disminuyeron en un 25 por ciento, pero tampoco explicó las razones por la que los 12 eventos fatales registrados a lo largo del primer año del Gobierno estatal en Juárez, no han sido resueltos.

Total, que, los señores encargados de las tareas de prevención y persecución del delito siguen aferrados a la política de manipulación de estadísticas para mostrar cuentas alegres, mientras que en la calle la percepción de la gente es totalmente opuesta.

Si en lugar de andar contando mentiras, les permitieran a las organizaciones sociales especializadas en el tema, realizar una auditoria criminal para conocer la realidad en materia de seguridad pública, se verían más honestos, aunque los evidenciaran los pobres resultados de su trabajo.

Claro que nunca lo harán, porque no pasarían la prueba del ácido y tendrían que renunciar por vergüenza, al jugoso presupuesto del que disfrutan a cambio de su mediocre desempeño.

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Triste favor le hizo Consulta Mitofsky a Maru Campos, al colocar su nombre en la lista de los cinco peores gobernadores del país, que mayores incrementos tuvieron en su aprobación en el mes de agosto, para pasar del lugar número 27 al 24.

La casa encuestadora publicó la lista “Top 5”, pero con los gobernadores peor evaluados que tuvieron ligeros incrementos en sus indicadores de aprobación, aunque no salieron del sótano.

Maru tuvo una recuperación de 3.4 puntos en el mes anterior, al pasar de 41.7 a 45.1 por ciento de calificación, lo que la mantiene técnicamente reprobada, en el grupo de los gobernadores maletas que encabeza David Monreal, de Zacatecas, que permanece en el fondo con 29.4 de aprobación 

En esa lista de los peores, acompañan también a Maru la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, con 40.6 de aprobación; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán con 38.4 y Miguel Barbosa de Puebla, con 37.3 porciento. 

Nada que presumir, podría titularse este cuadro de deshonor que debería preocuparles a los integrantes del equipo de Maru, para que se pongan a trabajar de una vez por todas y dejen de tocar las campanas, festejando un año de gobierno que desperdiciaron sin el menor remordimiento.

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A propósito de Maru, dijo ayer que en el accidente de Villahumada no tuvo ninguna responsabilidad el Gobierno del Estado, por lo que no les corresponde pagar las indemnizaciones a las familias de los muertos, a los que sufrieron lesiones y por todos los daños materiales que el trailero drogado ocasionó.

Sin embargo, al anunciar que se endurecerán los controles, para que los transportistas que circulan por las carreteras del estado lo hagan de manera responsable y respetando la ley, la gobernadora admitió tácitamente que, en el caso del chofer responsable de la tragedia, no hubo esa vigilancia que es una responsabilidad compartida del Gobierno estatal con el federal.

Independientemente de lo que acuerde con su gabinete de seguridad sobre el caso, hay una verdad que no puede ni debe soslayar: la vigilancia de las vialidades de ese poblado estaba a cargo la Policía Vial, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Si el tráiler entró al pueblo y circuló como alma que lleva el diablo por la avenida principal, hasta que se volcó y causó la tragedia, ¿de quien es la responsabilidad por no haberle marcado el alto dos kilómetros antes del punto del siniestro?

Si el chofer manejaba drogado y sin aseguranza, ¿cuál autoridad fue la omisa que le permitió circular con tantas irregularidades, hasta convertirse en un arma mortal ambulante?

Indudablemente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal tiene también responsabilidad en el caso, pero, entonces, ¿cuál papel juega la Policía Vial del estado destacamentada en ese municipio? ¿Solamente sirven para detener turistas y paisanos y vacunarlos, pero no se meten con los camioneros?

El mismo delegado federal, Juan Carlos Loera, le entró a la controversia al calificar a los diputados panistas como carroñeros, por lucrar políticamente con la tragedia, y al afirmar que el accidente ocurrió en zona urbana y por lo tanto es responsabilidad del Estado.

Sin duda alguna, el tema dará para muchos dimes y diretes, pero hará falta un árbitro neutral para que deslinde responsabilidades entre las instancias involucradas, incluyendo al Gobierno municipal de Villahumada, para que asuman sus culpas y omisiones y no dejen a la deriva a todas las personas afectadas.

Poner en la cárcel al chofer por muchos años no es suficiente. Los afectados deben ser indemnizados y cubrirles todos los daños materiales que sufrieron a los locatarios y a los clientes que vivieron la pesadilla. Nadie se puede lavar las manos en esta lamentable tragedia, mucho menos la gobernadora que prometió velar por todos los chihuahuenses cuando asumió su cargo. Así que no le saque.