Hasta ahora, en Juárez pareciera que los delincuentes mandan. Controlan, se mueven, atacan, arrancan vidas sin piedad. Así ha sido desde 2008 -con excepción de periodos muy cortos- cuando la ciudad entró en una vorágine de violencia que en menos de dos años la llevó a convertirse en la urbe más violenta del mundo.

Eran los tiempos en los que el entonces presidente Felipe Calderón, como decían algunos, “pateó el avispero” sin ninguna otra estrategia que la de legitimar el inicio de su mandato después de las polémicas elecciones federales de 2006.

Fueron días, meses, años de terror, una época en la que miles de fronterizos huyeron de la ciudad a consecuencia de los secuestros, extorsiones y masacres propiciadas por la “guerra contra el narco”. Los que no se fueron perdieron cinco años de sus vidas resguardándose en sus casas, con el temor de convertirse en parte de las cifras negras de la ciudad. Hasta se dejaron de realizar reuniones privadas porque era común que hubiera asaltos y matanzas.

Desde entonces los juarenses no han dejado de ver en las calles a militares y elementos policíacos de los tres niveles de Gobierno. Ha habido operativos con distintos nombres, pero con los mismos resultados para la ciudadanía. Hubo periodos en los que, incluso, los soldados acompañaban a los agentes de tránsito municipales en sus patrullajes diarios.

Apenas el 24 de enero pasado llegaron 200 militares para reforzar la estrategia del Plan Nacional de Paz y Seguridad, pero anteriormente, el 3 de enero llegaron 300, y en octubre otros 300. Soldados van y vienen, y los juarenses no hemos podido retomar el control de una ciudad en manos del crimen organizado y los delincuentes comunes.

En estos 15 años la violencia no ha menguado, pero ha habido lapsos en los que se ha logrado bajar la delincuencia. Es necesario hacer notar que los responsables de devolver la paz a las familias juarenses no han sido militares, sino civiles. Uno de ellos es el recién nombrado fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, quien hizo mancuerna con el teniente Julián Leyzaola, el jefe de la Policía Municipal en el Gobierno de Héctor “Teto” Murguía. Entre ambos lograron apaciguar, en muchos sentidos, las tempestades de la inseguridad que nos azotaban.

Conocido como el “Fiscal de Hierro”, Salas logró en corto tiempo lo que parecía imposible. Las cifras oficiales de la entonces Procuraduría General del Estado de Chihuahua (PGJE), señalan que cuando Salas tomó el cargo de fiscal general, estrenando la Fiscalía General del Estado, en Juárez, en el 2010, hubo 3 mil 116 asesinatos. Dos años después se contabilizaron 750 homicidios.

Salas está formado como policía y conoce perfectamente cómo operar en el ámbito de la seguridad y procuración de justicia para disminuir la violencia. Se puede decir que está especializado en resolver crisis de inseguridad.

En los últimos meses varios hechos violentos evidenciaron que las autoridades no tienen el control de la seguridad pública. El primero de ellos ocurrió el 11 de agosto y se le conoce tristemente como el “jueves negro”, una jornada con más de 10 horas de violencia extrema en la que murieron 11 personas. En esa ocasión un grupo de delincuentes puso de cabeza a la ciudad, atacando a la población civil.

El segundo caso tuvo lugar el primero de enero pasado, con el motín y fuga de decenas de reos del Cereso 3, entre ellos Ernesto Piñón de la Cruz, alias “El Neto”, líder de los Mexicles, que finalmente fue abatido días después.

Lo cierto es que estos dos sucesos eran perfectamente evitables y nunca debieron de ocurrir, pero ocurrieron. Así, las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia fueron sobrepasadas y exhibidas.

Cuando las autoridades recuperaron el “control” del Cereso, se encontró de todo. Algunos reos vivían con televisión, refrigerador, celulares y hasta bares y mascotas. La opinión pública cuestionó el “autogobierno”, pero también señaló el silencio y las graves omisiones de nuestras autoridades en materia de seguridad y procuración de justicia.

Estos terribles sucesos han provocado que el ciudadano promedio crea cada vez menos en sus corporaciones policíacas y de seguridad. La desconfianza hacia los policías civiles y elementos militares ha crecido debido a que en el imaginario colectivo se les ve como grupos del crimen organizado institucionalizados que defienden sus intereses y no los de la ciudad, como debería ser.

Cuando se le da oportunidad a la delincuencia de apoderarse del Estado a través de la cooptación y de la corrupción, mientras se deja a la población totalmente desprotegida ante el crimen, lo que sigue es, inevitablemente, el colapso social y político.

La llegada de Salas, un personaje conocido por su “mano dura”, puede leerse como una apuesta del Gobierno del Estado y del nuevo fiscal general, César Jáuregui, por retomar el control de la seguridad y de Juárez.

Juárez atraviesa hoy por otra racha que ha registrado los asesinatos de varias mujeres, entre ellas una adolescente de 15 años, así como homicidios en plena vía pública y en establecimientos comerciales. Los malechores se pasean por la ciudad como Juan por su casa. Por eso los ciudadanos se preguntan de qué sirve que los soldados y elementos de la Guardia Nacional patrullen la ciudad día y noche.

Pensar que se va a erradicar la violencia propiciada por el narcotráfico es un despropósito, principalmente por dos razones. La primera es que Juárez representa un redituable mercado interno de consumo de drogas. El narcomenudeo y su rentabilidad son un cáncer que ya carcome a la ciudad y que ha hecho metástasis. La segunda es que, desde hace años, la ciudad es un gran almacén y una gran puerta para diversos narcóticos destinados para el consumo estadounidense. Por aquí pasa una gran cantidad de estupefacientes y eso no se va a acabar.

Lo que sí se puede lograr es la disminución de los índices delictivos a los mismos niveles que se tenían antes de 2008, pero eso implica un trabajo coordinado de inteligencia, fuerza y mucha decisión. Uno de los principales objetivos de César Jáuregui y de Carlos Salas, deducimos, es regresar a los juarenses la seguridad y la tranquilidad, y que la delincuencia no vuelva a poner en jaque a la ciudad. En pocas palabras, ponerlos en su lugar.

Carlos Manuel Salas es conocido entre los viejos policías, entre otras cosas, porque le gusta poner orden y hacer valer la fuerza del Estado cuando se requiere. Así se formó, primero como agente del Ministerio Público Federal en Asuntos Especiales de la Procuraduría General de la República (PGR), entre 1982 y 1989, cuando participó en el operativo del arresto de Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Es también un servidor público de carácter que si no le gusta el manejo gubernamental simplemente dice adiós y se va. Así lo hizo en el 2013 cuando, siendo fiscal general estatal en el gobierno del priista César Duarte, renunció a su cargo tras haber sido reconocido por empresarios y especialistas como el fiscal que aplacó a la delincuencia en solo tres años.

Sin embargo, su capacidad para poner orden dentro de la Fiscalía Zona Norte también estará a prueba, sobre todo por el rezago en las investigaciones de miles de carpetas, además de la saturación de cadáveres en el Servicio Médico Forense (Semefo).

No es fácil tomar ese encargo por las condiciones en las que se encuentra la seguridad, pero Salas tiene la experiencia para tomar al toro por los cuernos. Los juarenses esperamos resultados, y Jáuregui y Salas tienen, por lo pronto, un voto de confianza.