En terrenos morenistas y dentro de la grilla rumbo al 2027, entre lo más comentado hoy está el encuentro del alcalde Cruz Pérez Cuéllar y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel.

Fue el presidente municipal quien compartió en sus redes la fotografía con la responsable de operar los programas sociales del Gobierno Federal y quien, por lo mismo, trabaja hombro con hombro en el movimiento de la 4T, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Esta tarde me reuní con Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar del Gobierno de México. Le agradecí la disposición y el trabajo que su equipo realiza en Juárez y en todo el estado de Chihuahua. Vamos a seguir muy coordinados, en línea con la visión de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, para que la transformación llegue a más familias chihuahuenses”, escribió el alcalde sobre el encuentro realizado la tarde del lunes.

No se ve que el escenario sea el despacho donde siempre aparece la secretaria Montiel para recibir sus visitas, pero sí se supo que Cruz acudió a la Ciudad de México, especialmente para encontrarse con ella.

La poderosa imagen la compartió el alcalde apenas un día después de que la senadora Andrea Chávez armó, con toda la mano en Chihuahua, el contrainforme de la gobernadora Maru Campos, en el hotel Sheraton.

Ninguna de las dos figuras morenistas le afloja en las imágenes y los mensajes políticos respecto a que ya tienen la bendición de la 4T para la candidatura o que traen los apoyos necesarios para conseguirla.

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Hay quien considera que, para las definiciones de Chihuahua, estaremos hablando muy pronto del factor Montiel, ya que la secretaria de Bienestar construyó aquí un proyecto y un equipo desde antes de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, lo que la convierte en la política de talla nacional con más influencia e interés en Chihuahua.

No por nada armó su estrategia mediática y de mercadeo de AMOR por Chihuahua, jugando con el acrónimo de Ariadna Montiel Reyes. Y no por nada controla el Congreso del Estado y la delegación de Bienestar, con estructura en todos los municipios y distritos. Nómina gigante y millones por dispersar.

Por la forma en que se ha movido, por los tiempos políticos y los candados legales, parece que ya no le dará para buscar ella misma la candidatura al Gobierno del Estado (como se especuló en algún momento), pero bien podría llevar mano si tampoco repuntan en posicionamiento sus cartas fuertes en la contienda (Mayra Chávez y Cuauhtémoc Estrada, quienes pintan con mayor claridad para la alcaldía juarense).

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Nadie duda que tenga Montiel los afectos y la confianza de Claudia Sheinbaum, por lo que tampoco se descarta que pueda pesar en la presidenta la opinión de la secretaria cuando se deban validar las encuestas, ya sean en favor de Cruz o en favor de Andrea.

De ahí la importancia del timing político de la publicación del presidente municipal, aunque por el lado del equipo chihuahuense de Montiel consideran que realmente no significa nada en este momento.

Incluso le recordaron a Mirone que el alcalde llevaba meses buscando esa reunión con Ariadna, quien había puesto distancia desde las elecciones del Poder Judicial, ya que ahí hubo desencuentros y acuerdos no cumplidos que enfriaron la relación.

Se prevé que para junio se definan las encuestas y decida la presidenta Sheinbaum sobre las candidaturas para este estado. Quizá hasta entonces se conozca dónde se deposita, o en qué queda, el AMOR por Chihuahua.

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Hablando de AMOR por Chihuahua, quien ayer salió a la calle con el chaleco guinda morenista, pero con el lema montielista, fue el regidor Antonio Domínguez Alderete.

En una más de sus ocurrencias, el edil —que antes fue chipil del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, pero terminó distanciado del equipo de la Presidencia Municipal— hizo una convocatoria a medios porque tuvo volanteo y promoción de su informe de labores.

Se desfasó bastante en cuanto a los informes anuales de regidores, pero claramente su intención es trabajar el posicionamiento político y entrarle a la campaña adelantada para lo que pueda venir.

No sabe Mirone si Domínguez sueña con hacerse de la candidatura a la alcaldía morenista o si nada más pretende hacer ruido para buscar una diputación, pero el hecho es que quiere ser uno de los protagonistas rumbo al 2027.

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El edil terminó en fractura con el equipo crucista, particularmente desde que su hermano Andrés Domínguez tronó como director de la Operadora Municipal de Estacionamientos, tras el escándalo de la casa de cambio habilitada en un predio administrado por la OMEJ dentro de El Chamizal.

Aparte del desgaste mediático, hubo desencuentros por cuestiones de manejo financiero que alcanzaron al propio Antonio Domínguez, uno de los fundadores, junto a su hermano, de los grupos de jóvenes de Morena.

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El terremoto judicial que sacudió anteayer a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos, en varios puntos del país, ya se había sentido dos semanas antes con fuerza en Chihuahua, con varios puntos en la escala del Richter político que bien podrían reconfigurar distintos aspectos del combate a la delincuencia organizada del fuero federal.

El pasado lunes, la “Dama de Hierro” removió a 11 delegados de la FGR en el país. Aunque quizá el término más preciso sería que los cesó y los puso de patitas en la calle, pues simple y llanamente a la mayoría les pidió la renuncia.

¿Qué habrán hecho para ganarse un cese tan fulminante? O, peor aún, ¿qué dejaron de hacer?

Vale aclarar que Ramón Ernesto Badillo Aguilar, quien hasta antes del 15 de febrero despachó en la titularidad de las oficinas de Chihuahua, continúa en la FGR, aunque en funciones y plaza distintas. Se le desea suerte; la va a necesitar.

El hecho es que Victorino Porcayo Domínguez, quien llegó a Chihuahua desde mediados de febrero, ya quedó formalmente como el encargado de llevar las riendas de la institución en la entidad.

El “nuevo” delegado es, en realidad, un viejo lobo de mar: acumula varios años como delegado de la FGR en Baja California, uno de los estados fronterizos más demandantes en materia de procuración de justicia federal.

Su paso por esa entidad —plaza tradicionalmente complicada por narcotráfico, crimen organizado y delitos de frontera— indica que la FGR apuesta por un perfil con experiencia probada en zonas con retos de seguridad similares a los de Chihuahua.

Sin embargo, viene de un estado que, al igual que Chihuahua, forma parte del “Top Five” nacional que concentra más del 50 por ciento de los homicidios que se registran año tras año.

A ver si entendimos: nos mandan a alguien experimentado… en observar cómo el crimen organizado se mueve de un lado a otro.

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Chihuahua es una de las entidades con cargas complejas para la justicia federal, pues sufre —así, como se lee, sufre— los embates de las organizaciones criminales y mantiene una incidencia significativa de delitos contra la salud y narcomenudeo, con capturas relevantes por parte de la FGR y la Policía Federal Ministerial.

Porcayo Domínguez llega en un momento particularmente delicado, cuando se ha recrudecido la violencia en el suroeste y el noreste del estado por la disputa de grupos que buscan quedarse “con la plaza”.

En este contexto, el nombramiento de un delegado con experiencia operativa puede interpretarse como la intención de reforzar el liderazgo institucional en una plaza estratégica del combate al crimen organizado, donde la coordinación federal-estatal es determinante.

Una de las necesidades más reiteradas en Chihuahua es fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales.

Los delitos federales —como transporte y tráfico de drogas, lavado de dinero, extorsión, entre otros— exigen tareas conjuntas.

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La Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y las Policías Municipales deberán mantener una coordinación efectiva con las fuerzas federales para atender casos de alto impacto, como aseguramientos de fentanilo y otros ilícitos vinculados a grupos criminales.

En resumen, lo que deja este “tsunami” administrativo es la decisión de la dependencia a cargo de Ernestina Godoy de colocar en Chihuahua a un delegado con experiencia operativa y capacidad de coordinación con policías y fiscalías estatales.

También a él le deseamos suerte; la va a necesitar.

Y los chihuahuenses, más que nadie, estamos urgidos de que esa buena fortuna, por fin, se traduzca en resultados en materia de seguridad pública.

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Aunque se armó la escaramuza política en el Congreso del Estado, se cumplió el protocolo y se aprobó la minuta del Proyecto de Decreto remitido por la Cámara de Diputados, con la reforma al artículo 123 constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas.

Fue más show que otra cosa, porque a final de cuentas, quienes cuestionaron la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y por Morena, terminaron votando a favor.

Luego de que la reforma fue aprobada en el Congreso de la Unión, únicamente falta que pase por la mayoría de los Congresos estatales para que termine el proceso legislativo, se publique en el Diario Oficial de la Federación y adquiera vigencia. La reducción de dos horas por año se aplicará a partir de 2027.

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Aunque el bloque mayoritario en torno al PRIAN pudo haber sacado una votación en contra, saben los partidos políticos que ya es mero trámite la aprobación con los estados de mayoría morenista, así que votaron a favor de la minuta.

Claro que ni PRI ni Movimiento Ciudadano (MC) desaprovecharon para cuestionar que se quedó corta la reforma por no especificar los dos días de descanso, y hasta acusaciones de traición hubo contra Morena por no atender ese anhelo de los trabajadores que, contradictoriamente, nunca se tocó siquiera en administraciones tricolores o panistas.

Así que Chihuahua ya dio el sí a la reducción gradual de la jornada laboral, que concluirá en 40 horas para el 2030.

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Quienes se dieron vuelo con los señalamientos de traición fueron el coordinador de la bancada naranja, Francisco Sánchez, y su diputada Alma Portillo, así como el coordinador de la bancada del PRI, Arturo Medina.

El partido naranja hasta mantas y cartelones desplegó con la exigencia de “¡40 horas ahora!” y “2 días de descanso a la semana por ley”. Hubo movilización partidista en la Torre Legislativa, más allá del posicionamiento de la bancada.

Como suele ocurrir, fue montaje mediático, y al ratito ya estaba el Congreso del Estado desahogando la agenda legislativa pendiente, como si nada.

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Increíble: las encuestas de percepción de inseguridad que levanta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) nunca registran a los centros penitenciarios como lugares donde la gente se siente amenazada o en riesgo de sufrir los embates del delito.

Tal vez sea porque quienes acuden a una visita conyugal o a ver a un familiar saben que están rodeados de policías, muros, filtros y protocolos de seguridad que harían casi imposible que alguien proveniente del exterior sufra un ataque contra su integridad.

Desgraciadamente, ya no vamos a saber si Sandra, de 48 años, se sentía protegida, resguardada y segura entre tanto custodio, cámara de vigilancia y protocolo.

Lo ignoraremos, porque ella entró al Cereso 3 para una visita conyugal y no salió con vida. Fue asesinada por su esposo, un interno que cumplía una sentencia de 16 años por homicidio.

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Lo doloroso, además de la muerte misma de una mujer a manos de su pareja, es que el crimen ocurrió dentro de un penal estatal, bajo custodia oficial, cuando apenas inicia el llamado “Mes de la Mujer”.

Ese dato cambia la dimensión del caso, porque el crimen no ocurrió en la vía pública ni en un espacio sin vigilancia. No fue alguien atrapada en un tiroteo ni atacada al salir del trabajo —como ocurre con frecuencia, por desgracia—. No, ocurrió en una institución vigilada estrecha y estrictamente por el Estado.

Se supone que, cuando una mujer cruza los filtros de seguridad de un centro penitenciario, lo hace bajo protocolos, registros y supervisión. Está en un entorno controlado por la autoridad, y eso coloca la discusión en otro nivel.

Sandra no es una estadística, ni un dato más de esos que luego sirven para que las autoridades digan que son “mínimos los casos” de ataques a visitantes.

“La cifra no es significativa”, podrán argumentar. Pero no, se equivocan. Significa demasiado, porque es una víctima con nombre y edad, cuyo asesinato ocurrió en un espacio que el Gobierno administra, controla y regula.

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Lamentablemente, no es la primera vez que sucede algo así en el mismo penal. En 2019, otra mujer fue asesinada durante una visita conyugal. Ya había un precedente.

Y cuando existe antecedente, las autoridades penitenciarias están obligadas a revisar.

La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿qué cambió desde entonces? ¿Se modificaron los protocolos? ¿Se implementaron evaluaciones de riesgo para internos con antecedentes de violencia contra sus parejas? ¿Existe algún mecanismo de monitoreo efectivo durante las visitas conyugales o todo descansa en la formalidad administrativa?

Porque aquí no basta con decir que se trata de decisiones personales. No. La visita íntima ocurre dentro de una estructura bajo responsabilidad pública. Si la violencia extrema se repite en el mismo entorno, el problema no puede explicarse solo desde el ámbito de lo privado.

En esas circunstancias, cuando una mujer es privada de la vida dentro de un lugar supuestamente blindado por el Estado, vale hacerse dos preguntas incómodas: ¿Dónde estaba la autoridad? ¿Y en manos de quién estamos?