La nota de que César Horacio Duarte Jáquez podría enfrentar juicio por las 21 órdenes de aprehensión que hay en su contra sacudió el espectro político local y seguramente lo hará en el nacional.

No es un caso más de uno de tantos exgobernadores que dejaron las arcas de su estado con el alma en vilo, sino de uno que formó parte de entramados para succionar dinero público del erario estatal de Chihuahua en los que aparecerán actores políticos de primer orden.

De esas 21 causas, una es la que ya se conoce, por la cual se le tiene recluido en el Centro de Reinserción Social número 1, ubicado en Aquiles Serdán, Chihuahua, por presuntos actos de asociación delictuosa y peculado agravado, en el cual se le acusa de desviar 96 millones de pesos del tesoro estatal hacia organizaciones que estaban bajo su dirección.

Hasta ahí, el caso es de todos conocido: los actores involucrados son exfuncionarios y políticos del ámbito local, incluido el finado Carlos Hermosillo.

El problema de sobrepeso político para la administración de Maru Campos vendrá cuando se tenga que procesar el caso del desvío de 246 millones de pesos de fondos federales hacia el Partido Revolucionario Institucional, vía empresas-membrete.

Se trata de la llamada “Operación Safiro”, en la cual habrían participado el mismísimo exsecretario de SHCP, Luis Videgaray, y el entonces presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones.

Al menos es lo que trascendió cuando el gobierno de Javier Corral materializó la aprehensión de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez “La Coneja”, secretario general adjunto del PRI en la época en la que se dieron los supuestos desvíos.

Si las cosas iban como se dijo en aquel entonces, el entramado llega en línea directa hasta el expresidente Enrique Peña Nieto, pues se trató de movimientos con recursos federales, a través de su secretario de Hacienda y #2 de su gobierno, Luis Videgaray.

La pregunta obligada en este caso es si el gobierno de Maru tiene la fuerza como para sostener un proceso judicial contra figuras de primer orden del partido con el que tiene una ostensible alianza, hasta ahora, firme a toda prueba.

El otro aspecto es si el presidente López Obrador dejaría en manos de un gobierno panista el proceso judicial que puede llegar hasta la figura política más fuerte del grupo Atlacomulco, al que se va a enfrentar en duelo casi a muerte en la elección de gobernador del 2023.

Vistas así las cosas, lo mejor que le podría pasar al gobierno de Maru es que AMLO se lleve a Duarte con todo y lo que ello implica.

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Los mariachis callaron, como dice la canción, porque ni la Delegación federal de Bienestar y mucho menos la Secretaría de Salud, han respondido a la exigencia de estudiantes y pasantes de medicina para que les garanticen, con hechos, la seguridad en las apartadas regiones de la entidad, a donde son enviados a rifársela para cumplir con su servicio social.

Primero fue la Universidad Autónoma de Chihuahua la que fijó su postura, en el sentido de no exponer a sus pasantes de medicina a situaciones de riesgo, y posteriormente lo hicieron los médicos colegiados apoyando tal medida.

La UACH hasta convocó a las instancias de salud y seguridad de los tres niveles de Gobierno en la entidad, para crear un protocolo específico que proteja a los y las pasantes, además de revisar y actualizar los criterios del programa de servicio social, antes de exponer a sus egresados al peligro.

Sin embargo, hasta ayer no habían respondido ni el delegado de Bienestar Juan Carlos Loera, ni el titular de Salud en el Estado, Felipe Fernando Sandoval Magallanes, a pesar de que se trata de un tema delicado porque muchas comunidades, rancherías, ejidos y pueblos alejados de la zona urbana y enclavados en la sierra, se quedarían sin los servicios básicos de medicina que les proporcionan los pasantes.

El problema del servicio social de salud hizo crisis después del asesinato de la anestesióloga en San Juanito, la doctora Masiel Mexía Medina, ocurrida el 11 de julio.

A partir de ese crimen hubo protestas, lamentos, exhortos y toda clase de opiniones de espanto y recomendaciones para cuidar a médicos, enfermeras y pasantes, quienes se encuentran en zonas de riesgo de la entidad, pero todo quedó en llamarada de petate, como simples buenos deseos.

Antes de ese lamentable hecho, el 26 de mayo, el diputado local Ismael Pérez Pavía, había propuesto ante el pleno del Congreso del Estado una reforma para aumentar la pena a quien lesione o discrimine al personal de salud y dar prisión vitalicia a los que agredan o asesinen a médicos o enfermeras.

El legislador panista lo hizo en respuesta a los abusos, maltrato y actos discriminatorios que sufría el personal de salud durante la pandemia, a manos de lunáticos ignorantes.

Hasta la fecha, la propuesta no ha entrado en vigor porque sigue en comisiones, durmiendo en los archivos del Poder Legislativo, pero por lo pronto, es urgente que los diputados de salud y seguridad pública del Congreso, se pongan las pilas y respondan a los reclamos de los estudiantes y pasantes de medicina.

Mientras Juan Carlos Loera sigue defendiéndose de las medidas cautelares que le impuso la autoridad electoral y el secretario de salud Felipe Sandoval sigue entrampado con los números de la pandemia que no le cuadran, porque un día estamos bien y al siguiente vamos peor, son los diputados los únicos que pueden atorarle al problema, para que miles de personas, marginadas de la seguridad social, no se queden sin médicos ni enfermeras.

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La poca o nula confianza que le tienen las agencias federales estadounidenses a la Aduana Mexicana por corrupta, quedó en evidencia el miércoles pasado, cuando en lugar de notificarles a ellos el cruce de un contrabando de armas y balas a Juárez, mejor le pasaron la información al equipo SWAT de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cuyos elementos hicieron el decomiso.

Y no es que en las fuerzas estatales de seguridad sean unos angelitos alejados de la tentación del billete fácil, pero como esta unidad de respuesta inmediata está estrenándose apenas en la ciudad y necesita hacer puntos, pues de inmediato le dieron trámite al reporte y fueron por el contrabando.

La propia SSPE informó que el trabajo se realizó en coordinación con la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los Estados Unidos, que les pasó el reporte de un sujeto en posesión de tres pistolas calibre 9 milímetros, 1,240 balas de distintos calibres y equipo táctico, que se dirigía a cruzar la frontera.

El contrabandista pasó la aduana en su vehículo sin tocar baranda y fue detenido en las calles José María Sánchez y Soto Gama, de la colonia Francisco I. Madero.

Si el contrabandista cruzó por uno de los puentes internacionales, lo más lógico era pensar que la AFT compartiera la información con los jefes de la Aduana, para que lo interceptaran, pero no fue así.

El último decomiso que se recuerde realizado en la Aduana Mexicana ocurrió en mayo de este año, en el cruce de Santa Teresa, en un camión de carga que transportaba 4 armas largas, dos pistolas y 1,300 cartuchos.

De ahí para adelante, los puentes se han convertido en coladeras de los traficantes de armas que sirven al crimen organizado.

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Como luego dicen en el rancho, se le apareció el chamuco al presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en la conferencia mañanera, cuando la reportera de Sonora, Reyna Haydee, le hizo varios cuestionamientos, le reclamó que le censuren su trabajo como periodista independiente y le dijo palero a un pseudo informador sembrado que pretendió callarla.

La reportera, que habló durante casi 20 minutos y recibió toda clase de insultos en el chat de la conferencia que saturan los amlovers, comenzó por decirle al presidente que si hubiera democracia como la pregona, no le impedirían el acceso a las mañaneras ni asignarían lugares solo para 20 reporteros, que son casi los mismos.

“Perdóneme que se lo diga, presidente, pero a usted le gustan las alabanzas” le dijo Reyna e hizo alusión a los reporteros sumisos que son clientes frecuentes de las mañaneras, y que solo van a darle por su lado y a ponerle las bolas para que batee de jonrón.

La periodista denunció que ha sido amenazada por su trabajo y le recordó que tuvo que ampararse para que no le impidieran el paso a las mañaneras, pero la juez que ventiló su caso le dijo que no era censura ni violación a la libertad de expresión, “porque el presidente no censura, solo castiga”.

Haydee le cuestionó duro, la voluntad política que no ha tenido para devolverles las tierras a comuneros, ejidatarios y campesinos que han sido despojados en todo el país y aseguro que las muertes de los defensores de todas esas gentes no han sido investigadas, como prometió.

Al referirse al programa Impunidad Cero, otro de sus programas estelares, le dijo sin tapujos que es una vil repetición de casos atendidos y no se revisan los del resto del país.

La periodista puso en duda la veracidad de las estadísticas de Impunidad Cero, porque dijo que es una réplica de los informes de las fiscalías de los estados, donde hay corrupción, como en el de Sonora, que ella conoce.

Al reportero sentado frente a ella, que trató de callarla diciéndole que estaba ofendiendo al presidente, Reyna le dijo a todo pulmón que era un palero y entonces intervino Andrés Manuel, para pedir amor y paz y prometerle a la periodista que la van a invitar todos los días a la mañanera con Lord Molécula.