Le llegó a Mirone una denuncia de comerciantes del mero Centro Histórico, ahí donde la empresa Ferromex, con el aval del Gobierno Municipal y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, inició los trabajos del puente elevado.

Resulta que en varios de los negocios que se ubican sobre la calle Vicente Guerrero, también sobre la Francisco Villa, se han apersonado empleados municipales, tanto inspectores de Desarrollo Urbano como de Regulación Comercial para amedrentar a los comerciantes debidamente establecidos.

Les dijeron que, si siguen haciendo pública su oposición al puente elevado, vendrán las negativas de licencias y permisos para operar, revisiones y sus respectivas clausuras con cualquier pretexto de incumplimiento.

Ya les metieron miedo y por eso ya no salieron a protestar. Pero la inconformidad sigue. Igual que los urbanistas, los representantes de cámaras empresariales, historiadores, activistas de organizaciones sociales y hasta el párroco de Catedral, los comerciantes piden que el paso vehicular sea a desnivel, para que no haya impacto negativo en la convivencia social, la actividad económica y el patrimonio cultural que representan los pocos edificios y monumentos históricos que hay en la zona.

Parecía que el movimiento en contra de la obra se había calmado, pero agarró vuelito luego de que el senador morenista Juan Carlos Loera le entró al tema y señaló que, si faltan más recursos para hacer el paso a desnivel, es buen momento para etiquetarlos, tanto en el Gobierno Municipal como en el estatal.

Incluso, la agrupación Código Postal 32000 lanzó un S.O.S., tanto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como a la gobernadora Maru Campos, para que intervengan y se frene la obra. Todos piden que no se deje a Ferromex decidir por el futuro del Centro Histórico y de la ciudad, para pensar en una mejor opción y de largo plazo.

A ver cómo se resuelve la exigencia de distintos actores y sectores juarenses. Por lo pronto, el caos vial se extendió en todo el Centro ante el natural cierre de calles por las obras. El transporte público está colapsado.

Ya lo habíamos comentado aquí, los problemas de circulación y movilidad se multiplican porque al mismo tiempo, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento realiza sus propios trabajos.

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Como si no fueran suficiente los diversos tipos de contaminación que se sufren en esta frontera, se suma uno más que ya tiene hartos a los habitantes de diferentes sectores de la ciudad, quienes además de lidiar con basura, llantas, ruido y humo, deben soportar la existencia de miles de metros de cable esparcidos por todos lados.

Este material, generado por trabajadores de empresas que ofrecen el servicio de cable, internet y telefonía fija, cuelga de los postes de la CFE, de alumbrado público o los que todavía quedan de Telmex o, incluso se deposita en banquetas y calles.

Desde hace años, con el boom de este tipo de servicios, las compañías proveedoras privadas comenzaron a tender sus redes para llevarlas hasta los hogares fronterizos, pero ante la falta de infraestructura propia comenzaron a utilizar la ajena y pública, aunque nunca se ha dicho si esa acción fue consensuada o lo hicieron a la mala, como parece ser el caso.

La autoridad, de todo nivel, toleró la situación, por lo que las empresas se adueñaron de las estructuras del equipamiento urbano y literalmente se cuelgan de cualquier poste que encuentran en su camino, sea de quien sea, con una impunidad que resulta pasmosamente increíble.

En cualquier avenida principal o calle secundaria se pueden encontrar grandes rollos de cable colgando hasta de las líneas del servicio de electricidad, también de la infraestructura municipal del alumbrado público que, se supone, deben estar libres de estorbos que pudieran afectar su funcionamiento.

Parece que a ningún funcionario le importa lo que las compañías cableras hagan o deshagan, mientras que los ciudadanos deben soportar esa contaminación visual y física por los incontables metros del material que permanece en un entorno urbano que luce cada vez más desordenado.

Aunque la situación ha sido denunciada públicamente por integrantes de grupos que defienden los derechos de los juarenses a la ciudad, las autoridades optaron por ignorar el problema.

Esta pasividad generó que la situación se multiplique porque las empresas no han cesado en el despliegue de su servicio y cada día aparecen nuevos montículos de cable tirados en el suelo o sostenidos precariamente en las redes eléctricas.

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En el PAN finalmente se quedó sola por la dirigencia estatal, la exlegisladora Daniela Álvarez, luego de que la también exdiputada juarense Cristina Jiménez no logró acreditar ni 400 firmas de apoyo con su debida credencial, conforme lo establecía la convocatoria.

Quién sabe a qué le tiraría Jiménez con esa poca capacidad de operación si lo que venía era una elección estatal, pero ahí anda todavía haciendo ruido y lo más seguro es que presente una impugnación formal ante las instancias partidistas correspondientes.

Por lo pronto, si ya no va a haber competencia y votación de militancia, lo que se espera es que este martes se proceda por parte del Consejo Estatal a la ratificación de Daniela Álvarez como presidenta.

Incluso, en la sesión de Consejo está considerada la participación de la gobernadora Maru Campos.

Se dará espacio a las impugnaciones y a su resolución, pero lo más seguro es que en unos 15 días ya se esté instalando Álvarez en la oficina que deberá entregarle Gabriel Díaz. Traen apuro para ponerse a trabajar en toda la reestructuración del Sistema PAN. También les urge salir al territorio para poder competirle a Morena que no se detiene en su estrategia nacional de armar comités en cada sección electoral.

Además, supo Mirone que, aunque ya no haya competencia por la dirigencia, no frenará Daniela la denuncia que por violencia política en razón de género interpuso en contra de Alejandro Leyva, quien lleva años hostigándola en distintas redes y plataformas, y apareció ahora como representante de Cristina Jiménez.

Ya ofreció en Fiscalía entregar su teléfono celular a los investigadores que deben de realizar todos los peritajes necesarios y también tiene listos los documentos de los notarios que dieron fe de la violencia digital que Leyva ha dirigido contra su persona.

Por cierto, se enteró Mirone que en Chihuahua capital Leyva tiene fama de extorsionar políticos, principalmente panistas, precisamente a partir atosigarlos con publicaciones negativas para luego ponerlos bajo cuota de “asesoría”, a cambio de ya no tocarlos.

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Finalmente, ya se supo cuáles tribunales de Chihuahua irán a la elección del 2025 y cuáles se esperarán hasta el 2027.

Eso se definió en la jornada maratónica de tómbola sabatina en el Senado de la República, como parte de la Reforma al Poder Judicial que sobre la marcha sigue llenando los huecos del proceso electoral.

El sorteo se complicó todavía más de lo previsto porque ya fuera para la elección de jueces y juezas, como de magistraturas, se tuvieron que hacer los ajustes por las posiciones vacantes, que entran forzosamente a la elección del 2025.

Las y los abogados chihuahuenses que cumplan requisitos ya pueden ir preparando papeles para competir por la magistratura del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, por la del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y por el Tribunal Colegiado en Apelación del Décimo Séptimo Circuito. Las tres con residencia en Ciudad Juárez, igual que con la magistratura vacante del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.

De igual manera habrá elección el primer domingo del próximo año, para llenar las magistratura vacantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, así como y del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Séptimo Circuito, ambas con residencia en la ciudad de Chihuahua.

Las magistraturas que la suerte de la tómbola mandó hasta el 2027, fueron las siguientes: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito con residencia en Chihuahua y la Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo séptimo Circuito, también de la ciudad de Chihuahua.

Otra de las noticias del fin de semana respecto la Reforma Judicial, es que pese a la oposición de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, jueces y magistrados decidieron levantar el paro de labores que mantienen vigente desde el pasado 21 de agosto.

El punto se sometió a votación en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

En la votación, 684 juzgadores federales se pronunciaron por reanudar labores en los juzgados y tribunales de todo el país, pero manteniendo otras formas de protesta contra la reforma judicial.

En contraparte, fueron 572 juzgadores los que votaron por mantener el paro de labores.