Desde la Ciudad Judicial, donde están los juzgados penales, pero también desde el eje vial donde despachan civiles y familiares, le llegaron a Mirone los reportes del ambiente tóxico laboral que dejó la elección judicial.

Primero fue la propia reforma que les movió el piso a todos y fue cuando empezó la incertidumbre laboral para operadores del sistema y del personal en general, no únicamente para las personas juzgadoras.

Luego llegaron las campañas en las que se anotaron no solo jueces y juezas en funciones para quedarse con el mismo cargo, sobre todo secretarios y secretarias que querían dar el brinco; lo mismo que juezas y jueces que querían pasar a las magistraturas.

Los resquemores y ceños fruncidos se acrecentaron con las múltiples jugadas de última hora, esas maniobras políticas que colocaron a encargados de despacho para que se fueran directo a las boletas electorales, sin pasar los filtros y las insaculaciones de los Comités de Evaluación. Sin piso parejo por un resquicio legal y los padrinazgos políticos.

También se generó inquietud y desesperanza cuando aparecieron las candidaturas externas claramente de corte político, con las que se estará desplazando a buena parte de quienes cuentan con carrera judicial.

Luego se complicaron más todavía las relaciones entre la comunidad judicial, cuando surgió el tema de los acordeones. Que unos sí estaban, que otros no, que hubo traiciones entre las mismas candidaturas, que unos jugaron doble y hasta triple, con tal de estar en la mayor cantidad de listas.

Después fue la propia jornada electoral, con los acuerdos y desacuerdos para votar los acordeones y finalmente las impugnaciones. Aquello se volvió un todos contra todos, por lo que de nuevo se discuten ahora temas de lealtad, pero también de derechos y oportunidades.

Además, quienes participaron y no ganaron, no están seguros de que mantendrán sus cargos, aunque tengan ahí varios años como secretarios judiciales, proyectistas o de acuerdos. Se supone que sí, pero andan temerosos de que, al relevo de poderes, a partir del 1 de septiembre, las cosas cambien y juezas y jueces, así como magistraturas nuevas, busquen movimientos para tener a personas de confianza bajos sus cargos.

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En el asunto de las impugnaciones hay otro tema que se está discutiendo entre la comunidad judicial. Por lo que pasó a nivel federal, no se ve que pueda aplicarse a nivel local la prelación, si a alguna candidatura le fuera retirada la constancia de mayoría por ilegibilidad o incumplimiento de requisitos constitucionales.

Eso es a lo que le tiran quienes aquí presentaron los medios de impugnación: que al ser invalidadas candidaturas ganadoras para los cargos por los que compitieron, ellos o ellas ocupen esas posiciones, al recorrerse los lugares de la lista con las candidaturas más votadas.

La mayoría de las 22 impugnaciones que candidaturas a jueces y juezas presentaron ante la Asamblea Distrital Bravos van dirigidas directamente a tumbar a alguna o a varias de las candidaturas ganadoras, básicamente por no haber cumplido con las calificaciones requeridas en su formación profesional.

La norma exige “un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente, y de nueve puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado”. Para las magistraturas se agrega el requisito de contar con práctica profesional de al menos tres años en el área jurídica afín a su candidatura.

El tema aquí es que cuando los recursos lleguen a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, muy probablemente se tome en cuenta el criterio que aplicó el Instituto Nacional Electoral después de descalificar 45 candidaturas ganadoras para juzgados de Distrito y magistraturas de Circuito.

El INE declaró vacantes los espacios que están dejando quienes no cumplieron los requisitos, pero no los sustituyó por quienes aparecen en prelación como los siguientes más votados en cada cargo.

Así se quedaron, vacantes, lo que quiere decir que en otro momento se repondrá la elección o habrá algún otro procedimiento.

El Consejo General del INE optó por dejar vacantes 24 cargos de magistrados de Circuito y 21 de jueces de Distrito.

Para el caso de magistraturas de Circuito, tres candidaturas no cumplieron con el requisito de promedio general de calificación de al menos ocho puntos. Además, en 21 casos, las personas aspirantes no alcanzaron el promedio de nueve puntos en las materias relacionadas con el cargo en sus estudios de licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Así que en todo el país se asignaron 438 candidaturas a quienes obtuvieron la votación más alta y cumplieron con todos los requisitos, mientras que el resto de las plazas se declararon vacantes.

En el caso de las personas juzgadoras de Distrito, la revisión arrojó que seis candidaturas no alcanzaron el promedio general de ocho puntos y 15 no cumplieron con el promedio de nueve puntos en las materias específicas. La evaluación permitió asignar 363 candidaturas con la votación más alta, dejando el resto de los cargos sin titular.

En total, en la elección federal quedaron vacantes 46 cargos entre magistraturas de Circuito y jueces y juezas de Distrito, ya que también se agregó el caso del candidato a juez Héctor Ulises Orduña Hernández, quien presuntamente está en prisión preventiva por abuso sexual infantil.

También hay que destacar que el INE no incluyó en las revisiones del cumplimiento de promedio, a las personas juzgadoras en funciones. Aquí hay varios casos de jueces y juezas en funciones en las listas de los cargos impugnados.

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En el caso del crematorio del horror, no tienen ya otra salida las autoridades estatales que apresurar con todos los recursos humanos y tecnológicos posibles, la identificación plena de los 383 cuerpos.

Nadie podrá descansar hasta que eso pase, aunque las familias tendrán de nuevo que repetir el duelo y ser ellos quienes finalmente terminen haciendo la mayor parte, al acudir hasta el Semefo para ver si los suyos están entre los cadáveres que esperan la identificación en el interior del camión refrigerado.

Por lo pronto, un colectivo de 20 organizaciones locales y nacionales realizó un pronunciamiento precisamente para exigir a la Fiscalía General del Estado, un proceso exhaustivo, científico y transparente de identificación forense.

Las organizaciones solicitaron a las autoridades que “no dejen espacio a dudas sobre la identidad de cada una de las 383 personas localizadas. Este proceso debe ir más allá de la documentación hallada junto a los cuerpos”.

Entre los firmantes del documento están el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C., Colectiva Hijas de su Maquilera Madre, Alianza Sierra Madre A.C., Colectivo Buscadoras Guanajuato, Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción, Tejiendo armonía y ternura Colectivo binacional fronterizo.

Hay otro punto importante en el planteamiento, respecto a que la disposición final de los restos debe realizarse únicamente con el conocimiento y consentimiento informado de las familias “garantizando en todo momento el respeto a la dignidad de quienes han fallecido”.

El tema es relevante porque en declaraciones anteriores de funcionarios, se indicó que había urgencia (obviamente por cuestiones sanitarias) de inhumar los cuerpos y hasta se habló de la posibilidad de utilizar fosas comunes en el panteón municipal.

La identificación y disposición final, considerando a las familias es prioritaria. Claro que la investigación sobre todas las negligencias criminales, no puede detenerse. Ya fueron imputados el dueño y un trabajador del horno crematorio. Faltan los funcionarios omisos, negligentes y/o corruptos.

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Quien le está dando rienda suelta a la promoción personalizada como funcionario público, es el recaudador de Rentas, Raúl García Ruiz.

Primero hizo su campañita en redes oficiales para decirle a la gente que cuenta con Rulo para lo que se les ofrezca en Recaudación, pero luego dio un brinco en la inversión y apareció en anuncios espectaculares, en otro caso más para cuestionar, ¿quién pompó?

En esta ocasión sí hay entrevista en la revista Ser Empresario, pero ya sabemos que no es realmente el objetivo de ese tipo de anuncios espectaculares promocionar un contenido, sino posicionar la imagen y el nombre del personaje para algún proyecto político.

“Si vas a hacer el bien, hazlo bien”, señala el anuncio, con el nombre y la foto de Rulo.

Ahora que anda encampañado quién sabe para qué, no faltaron los mensajitos de quienes algo le conocen y le hicieron llegar a Mirone, agarrándole el chivo al funcionario que está algo quemado en la función pública por pretender hacer business privados o familiares.

“Si vas a hacer una transa, hazla bien”, bromearon con un ajuste al eslogan personal del hoy recaudador, promocionado en la publicación.

En septiembre del 2022, cuando García Ruiz era titular del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), Norte Digital publicó sobre su vinculación a un caso de conflicto de interés en la concesión de siete cafeterías del Colegio de Bachilleres (Cobach).

Los beneficiarios de los contratos fueron su hermano Abraham y su primo Víctor Hugo Franco Ruiz.

En ese entonces, era secretario de Educación y Deporte, el finado Javier González Mocken, amigo personal de Raúl, además de jefe directo, ya que el Ichife depende de esa Secretaría. En campaña por la alcaldía juarense del 2021, García Ruiz fue el suplente de González Mocken.

Cuando se hicieron las publicaciones, el secretario intentó defender al hoy recaudador señalando que los contratos de concesión se habían aprobado en la gestión de Tere Ortuño en Educación, lo que ella desmintió y acusó que, por el contrario, los había cancelado por incumplimiento en el pago de la renta. Los contratos tenían fecha de expedición de febrero del 2022.

Se supone que se había iniciado una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública, pero nunca se informó en qué concluyó. La bancada de Morena llevó el caso al Congreso del Estado y presentó las denuncias en Función Pública y en el órgano de Control Interno de la Secretaría de Educación, aunque nada pasó.

Lo que también se comenta entre las estructuras azules estatales es que por algo no quería García Ruiz dejar la dirección general del Ichife, instancia que maneja muchos millones de pesos para las obras escolares.

Quién sabe para dónde quiera dar el brinco ahora, pero ahí anda el funcionario, promocionando su imagen, aunque ese vehículo publicitario salga caro. Como quiera que sea, se trata de una inversión para algún otro negocio futuro.