Mucho ruido ha generado en Juárez el compromiso que hizo la semana pasada la gobernadora Maru Campos, con el sector empresarial perteneciente al Fideicomiso del Centro de Exposiciones y Convenciones, en el sentido de apoyarlos para que la obra se construya en los terrenos de El Chamizal, específicamente en Los Hoyos, tope donde tope.
La controversia surge, sobre todo, porque el apoyo de la gobernadora se contrapone a las demandas de organizaciones ambientalistas, activistas y académicos, así como a la intención del Gobierno Municipal de reordenar el uso y destino de las 243 hectáreas del parque, que a lo largo de los años ha sido manoseado y cedido en comodato, por intereses políticos, hasta para usos comerciales y particulares.
Así, la promesa que Maru hizo a un grupo de empresarios, del que dos terceras partes no viven en Juárez, rompe con el esquema que se había armado a partir de la visita que realizó en febrero de este año a esta frontera, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (Semarnat) María Luisa Albores, cuando ordenó estudios topográficos y jurídicos para tener un diagnóstico completo de la situación que presenta la posesión de este espacio, y su delimitación geográfica.
La visita de la secretaria de Estado obedeció a la inquietud que en el 2021 le plantearon los defensores de El Chamizal al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando dijo a los medios que el parque no se entregaría a particulares para el centro de convenciones, porque no se permitiría que empresas privadas utilizaran espacios públicos para su beneficio.
En dicha visita, la secretaria Albores se reunió con el alcalde y con los integrantes del Frente en Defensa del Chamizal, luego de la denuncia que estos últimos hicieron ante el presidente de la República, cuando advirtieron que, con la construcción del Centro Cívico en Los Hoyos, comenzaba la privatización del parque.
Los acuerdos logrados fueron publicados en el sitio oficial de prensa de la Presidencia de la República el 19 de febrero, donde Albores precisó que, en tanto se obtenían resultados de los acuerdos, se mantendrían medidas precautorias de protección al parque.
Además de la disposición de la secretaria Albores, el mismo alcalde Cruz Pérez Cuéllar, zanjó de manera salomónica la reyerta mediática que se desató en aquel entonces entre ambientalistas y empresarios, al recomendar una consulta pública para que la ciudadanía decida el uso y destino que debe tener el maltratado pulmón verde de la ciudad.
El estudio ordenado por la Semarnat en marzo, con los trabajos topográficos para la delimitación del polígono del parque, en coordinación con el Ayuntamiento de Juárez, así como la revisión documental lógico-jurídica de la cesión de El Chamizal por parte de la Federación al Ayuntamiento, la posesión legal de los distintos comodatos y otros procesos administrativos que se han realizado sobre superficies del parque, fue realizada y dada a conocer la semana pasada por la Coordinadora de Administración y Control de Proyectos del Gobierno Municipal, Adriana Fuentes.
Adriana presentó el análisis de las condiciones que guarda El Chamizal, y el diagnóstico para desarrollar un plan de rescate integral, con la coordinación de instancias de Gobierno, sociedad civil, investigadores y ambientalistas.
De esta manera, quedaba únicamente pendiente la consulta ciudadana por parte del Municipio, pero fue entonces cuando los involucrados con el Fideicomiso del Centro Cívico se anticiparon y se reunieron con la gobernadora, a quien le pidieron su intercesión para destrabar los permisos de construcción y continuar con la obra.
En la reunión, la gobernadora hizo hincapié en que ella es una mandataria que no pretende imponer en Juárez lo que se planea desde Chihuahua capital o desde Palacio de Gobierno, sino hacer lo que los juarenses pidan o requieran para su región.
Sin embargo, a través de artimañas, lisonjas y promesas baratas de lealtad de un grupúsculo elitista, mayoritariamente corralistas que ahora traen puesta la cachucha Marucha, parece que traen engañada a la gobernadora, pues resulta que la mayoría de los empresarios con los que tiene interlocución no viven y muchos menos representan los intereses de Juárez.
Quizá la gobernadora no ha sido informada o no conoce los antecedentes de este grupo de empresarios con los que mantiene sus canales abiertos, quienes fueron los principales aplaudidores de Corral y sus desastrosas obras en Juárez y todo el estado.
Tal vez su Secretaria de Economía, Manque Granados, no se ha tomado el tiempo para explicarle a Maru cómo es que este grupito, con Alejandra De la Vega a la cabeza, fue el que provocó una fuerte división al interior de los organismos empresariales de la frontera.
De hecho, quien se mantiene al costado de la gobernadora en cuanta reunión puede, Álvaro Bustillos, fue el operador de Alejandra De la Vega durante el corralato, e incluso se hizo acreedor a los reclamos directos del exgobernador cuando hábilmente cambió de bando al ver que Corral se hundía.
Luego, Rogelio Ramos, actual presidente de la Canaco, no es otra cosa que una posición de De la Vega. Todo el mundo sabe que la última palabra para poner presidentes en esa cámara en Juárez, la tienen mañosamente los propietarios de los Del Río, nadie más. Entonces, ¿a quién le responderá Ramos, se preguntará usted, estimado lector?
¿Será que a la gobernadora, por sobre todas las cosas, le interesa más ser acompañada por un grupo de empresarios corralistas –que incluso llegaron a apoyar la persecución que Corral llevó a cabo en su contra– para ahorrarse ruidos y sobresaltos a lo largo de su gestión?
El punto es que Maru Campos ha hecho público su apoyo al proyecto de estos empresarios, y lo demás ya es historia, porque los interesados e involucrados en el asunto se han aprovechado de estas declaraciones para acercarse a lo que tanto desean, pisoteando los reclamos de los ambientalistas, brincándose al Gobierno Municipal y al federal, pasando por alto los estudios ordenados por Semarnat y despreciando la consulta ciudadana.
Después de la reunión, el propio dirigente de la Canaco, Rogelio Ramos, salió a los medios a anunciar que la gobernadora apoyó la petición del sector empresarial, y hasta tuvo el descaro de decir que no estaban dispuestos a someter la construcción del Centro de Convenciones a una consulta pública, porque la perderían. De ese tamaño.
Ramos piensa que someter a una consulta pública el tema del centro de convenciones sería inútil, ya que la gente no suele tener muy claro lo que implica para una ciudad un centro cívico de este tipo. O sea, en pocas palabras, para él la gente está pendeja.
Es aquí cuando surgen los cuestionamientos incómodos pero obligados: Cuando la gobernadora habla de los juarenses, ¿a qué juarenses se refiere? ¿Acaso se refiere solo a un grupúsculo que jamás pisa El Chamizal porque tienen su Country Club de Coronado? ¿Es que los ambientalistas, activistas y académicos que están en contra de que este proyecto se lleve a cabo no tienen la calidad de juarenses? ¿Por qué pasar por alto todas las recomendaciones legales, ambientales y de interés comunitario sin haber escuchado a todas las partes?
¿No importan las opiniones que en su momento hicieron el presidente López Obrador, la secretaria Albores y el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, con quien la gobernadora ha mostrado públicamente civilidad política, entendimiento y hasta amistad?
Este Mirone también ignora si la Secretaría de Economía estatal ya tiene un estudio o al menos una opinión respecto a la viabilidad financiera para el polémico proyecto, y si ya enteró a la gobernadora de que es este mismo grupito, el que ahora quiere colgarse de sus declaraciones, el que, en esencia, ha querido sacar adelante el Centro de Convenciones durante veinte años sin haber conseguido absolutamente nada hasta ahora.
Así, ¿por qué embarcar a la gobernadora en este tipo de proyectos con un grupo que no representa a los juarenses y que muy probablemente no van a poder llevar a cabo tal empresa? Alguien debería de proporcionarle todos los antecedentes a la gobernadora, plantearle los escenarios, cuidándole las espaldas.