Negros nubarrones de tormenta se aproximan al estado de Chihuahua, y no precisamente de lluvia, sino de conflicto, luego de que el lunes pasado el Gobierno de Tamaulipas formalizó ante la Conagua, la petición de que le entreguen el agua de las presas de Chihuahua, para calmar la sequía que agobia el campo de aquella región.
Fue el diputado chihuahuense Salvador Alcántar Ortega quien confirmó la información, agregando que el asunto fue tratado en la comisión de recursos hidráulicos de la Cámara de Diputados, pero sin especificar aún el volumen que los tamaulipecos pretenden trasvasar.
La noticia prendió los focos rojos entre los productores del centro y sur de la estado, que se mantienen alertas alertas y en pie de guerra, pues advirtieron que defenderán con todo el agua de las presas que les pertenece para sus cultivos.
Aunque el legislador afirma que no existe un sustento legal para entregar el recurso hídrico a los tamaulipecos, estos argumentan que Chihuahua les debe el vital líquido desde el 2020, cuando se resolvió el conflicto de la presa La Boquilla y el Gobierno mexicano pagó el volumen que se le debía a los Estados Unidos, de acuerdo al tratado de 1944, con el agua de las presas de Tamaulipas.
Lo más raro de este asunto, que tiene un trasfondo político morenista, es el hecho de que el Gobierno de Tamaulipas se queja de que necesita el agua para enfrentar la sequía de su campo, mientras que, por otro lado, presume una inversión privada de 30 millones de dólares para un desarrollo vacacional con hotel de 5 estrellas y un acuario, en la Laguna del Carpintero, ubicada en Tampico.
Hidrólogos de Chihuahua, que evidenciaron esta incongruencia de los tamaulipecos, señalaron que la laguna en cuestión está conectada con el río Pánuco, y tiene una profundidad de 16 metros, por lo que tiene suficiente capacidad para paliar la sequía que sufren los extensos distritos de riego que están reclamando nuestra agua.
A menos que no quieran utilizar este recurso, porque le echan a perder el negocio turístico al gobernador Américo Villarreal, aunque en tiempo de secas, hasta la danza de los matachines es buena.
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En la conferencia semanal que ofrece el Gobierno Municipal en el Museo de Arqueología e Historia en El Chamizal, el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y la Dirección de Salud Municipal, iniciaron una campaña para informar a los padres de familia y docentes, así como a la niñez y juventud, sobre los daños que ocasiona el uso de los cigarrillos electrónicos o vapeadores.
Una buena iniciativa, sin duda, que se da en el marco del Día Mundial Sin Tabaco que se conmemora mañana 31 de mayo, además por el peligro que representan dichos artefactos en la salud de las personas.
Luis Hasan Ortiz Enríquez, el coordinador del sistema local del Sipinna, dijo que existe gran desconocimiento sobre los problemas de salud que causa el vapeador y su utilización ha ido al alza entre adolescentes de secundaria y preparatoria.
Lo peor es que los padres de familia desconocen en muchos casos del peligro que representan los cigarrillos electrónicos que llegan a considerarlos inofensivos, por esta razón es que a través de la información buscan informar y concientizar, ya que esta práctica no solamente ocasiona adicción, sino que es dañina.
Daphne Santana Fernández, la directora de Salud municipal refirió desde la parte médica, que el cerebro llega a desarrollarse hasta los 20 ó 21 años, por lo cual toda sustancia que tenga la posibilidad de alterar la química del cerebro, provocará estragos en la niñez y adolescencia.
Y de acuerdo a las últimas estadísticas, Santana Fernández soltó el dato que nos debe poner a todos en alerta: son cerca de 350 mil adolescentes en el país que consumen los cigarrillos electrónicos, pero hay niños de 10 años que ya usan el vapeador.
Habrá que estar pendiente entonces sobre esta campaña informativa que estará en apego a la Ley General de Salud, sobre el daño que ocasiona el cigarrillo electrónico a los niños y adultos.
Hay un dato que debemos tener presente, desde el 1 de junio de 2022, está prohibida en nuestro país la comercialización y circulación de vapeadores, esto debido a que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta máxima contra el consumo de los cigarros electrónicos por su contenido dañino.
Recuerde, estimado lector, Juárez, aunque esté en la orillita del país, también es México, no permita que el consumo de este producto le dañe a usted o a sus hijos y/o nietos.
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Después de muchas quejas del personal sindicalizado y de confianza del Gobierno Municipal, por malos tratos y tener una actitud negligente, ayer causó baja de la nómina la directora de Recursos Humanos, Liliana Haydee Fimbres Rodríguez.
Fuentes mironianas revelaron que la exfuncionaria bloqueaba constantemente las gestiones y trámites de las familias beneficiarias del personal pensionado, o de jubilados fallecidos, y se negaba a pagarles, aunque cumplieran con todos los requisitos.
La dama destacó en la administración porque fue la única en unificar a todos los regidores del Ayuntamiento, pero en su contra, porque les rechazaba las gestiones que realizaban en favor del personal, y hasta se daba el lujo de no recibirles los trámites de reconocimiento de antigüedad, sin ningún argumento legal, simplemente por sus pistolas.
Los últimos regidores que la sufrieron fueron el priista Jorge Gutiérrez Casas y la de Movimiento Ciudadano, Tania Maldonado.
Dicen los que saben, que su negativa actitud llegó al grado de rechazar asuntos que le canalizaban directamente de la Secretaría particular del presidente, y esto fue la gota que derramó el vaso, para que le dieran las gracias y se fuera a engrosar las filas del desempleo.
En su lugar llegó la abogada Cristina Alcántar Duarte, quien ocupaba el puesto de coordinadora jurídica y antes de laborar en la Presidencia Municipal fue defensora pública de oficio, del Poder Judicial del Estado.
Por lo menos, la nueva funcionaria sabe de leyes y tiene experiencia en defender los derechos de terceros.
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Sesionó ayer en esta ciudad la Comisión Especial para el seguimiento del incendio en el Instituto Estatal de Migración, ocurrido el pasado 27 de marzo, tragedia que ya se ventila en los juzgados federales, pero nada dijeron de la atención humanitaria a miles de migrantes que no cruzaron a los Estados Unidos y permanecen en la ciudad, así como de los cientos que están siendo deportados diariamente.
De acuerdo con informes confidenciales del Instituto Nacional de Migración, del 12 de mayo cuando terminó el Título 42, a la fecha, más de cuatro mil migrantes han sido deportados por esta frontera al aplicarles la ley del Título 8, después de ser evaluados y rechazados en los centros de procesamiento y detención provisional.
Esas mismas fuentes confirmaron que el INM ha recibido únicamente a 500 venezolanos para canalizarlos a los albergues oficiales de la ciudad, principalmente al centro Leona Vicario.
En la reunión de ayer del Congreso, estuvieron 10 de los 12 diputados y diputadas integrantes de la comisión, y uno de los acuerdos que tomaron, fue el de invitar a funcionarios y civiles que pueden aportar información sobre los trágicos hechos, para que el caso no quede impune en ningún aspecto.
Uno de los primeros que acudirá a esta comparecencia testimonial será el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Néstor Armendáriz.
Aunque la presidenta de esta comisión, la diputada Georgina Zapata, dijo que buscan justicia para las víctimas y sus familias, soslayó un punto también importante que reclama atención humanitaria del Congreso, como lo es el estado de abandono e indefensión en que siguen miles de migrantes en las calles de Juárez, que ya las volvieron a tomar limpiando parabrisas o pidiendo limosna.
Esa gente también debe ser incluida en su agenda del tema migrante, principalmente porque ahora es más vulnerable por el acoso de la delincuencia organizada.