La problemática previsible en la impartición de justicia por la llegada de personas juzgadoras sin experiencia, se complicará mucho más por lo que ya está ocurriendo en esta etapa de transición.

Es verdaderamente preocupante lo que está pasando en la Ciudad Judicial y en el edificio del Eje Vial, donde están los juzgados civiles y familiares.

Como hay juzgadores y juzgadoras que deberán entregar el changarro el domingo 31 de agosto, ahora sí que se están desatendiendo de los nuevos expedientes o los que tenían pendientes, simplemente porque ya se van.

Los problemas y las resoluciones se las van a dejar a quienes lleguen, que ya de por sí entrarán lampareados y con el reto de superar la curva de aprendizaje.

Claro que hay personas juzgadoras muy responsables que nunca dejan de hacer su chamba, pero la verdad es que todo lo que pasó antes, durante y después de las elecciones (incluyendo las impugnaciones), dejaron un ambiente enrarecido que también impactó en el desánimo de muchos para mantener el ritmo de trabajo y cumplir con calendarios y etapas.

No nomás con las y los titulares de los juzgados, en general pasa lo mismo con todos los operadores del sistema y gran parte del personal que vive en la incertidumbre laboral o de plano creen que ya no trabajarán ahí cuando se renueve el Tribunal, a partir del 1 de septiembre.

Hay un dato muy concreto que resulta algo lógico, pero que no deja de ser alarmante. Ya se están difiriendo audiencias, tanto en materia Penal, como Familiar y Civil.

Los operadores salientes no le están viendo sentido a programar una primera audiencia en esta etapa de transición, para que luego la siguiente ya esté en manos de otra persona juzgadora.

Así es que están programando todo para septiembre, cuando ya se haya dado el relevo. Creen que sería ocioso programar una audiencia preliminar ahora para que se deba de reponer el proceso después.

Por si esto fuera poco, ya viene la etapa de vacaciones de verano para el Poder Judicial que cierra sus puertas dos semanas, del 19 de julio hasta el 3 de agosto.

Crecerá el rezago y eso lo tendrán que resolver los nuevos operadores. Ahora sí que ¡Dios nos agarre confesados! Si tenemos asuntos pendientes con la justicia.

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Quién sabe si la vaya a librar, pero el director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Rogelio Fernández Irigoyen, está en medio de tremenda grilla. Nomás no encaja en el nuevo equipo de la estructura estatal y trae porcentaje de bateo muy bajo para su posición, además de una cadena de errores.

Como hay pendientes algunos relevos de funcionarios estatales, no falta quien le quiera dar el último empujón a quien llegó al cargo sin ser panista (es más de antecedentes tricolores) y luego de desempeñarse como gerente en alguna agencia de automóviles.

Como se dijo desde el año pasado que a todos los cargos llegarían perfiles que tendrían que hacer trabajo operativo para la causa política azul, parece que al Fideicomiso lo traen entre ceja y ceja desde Pueblito Mexicano, porque simplemente no da el ancho.

No únicamente eso. Se le están cargando y reprochando algunas pifias, como aquella de tirar a la basura una inversión de 11 millones de pesos en estructuras y mallasombras que no cumplieron con la altura necesaria para poder ser colocadas en calles del Centro Histórico.

Más recientemente, el Fideicomiso que está concluyendo la retrasada obra de un cárcamo para solucionar las inundaciones del paso a desnivel de la Insurgentes (donde se hace el charquito), mandó colocar pendones para presumir la obra.

Pero resulta que, con las lluvias de la semana antepasada, el agua llegó hasta la altura de los pendones colocados en el paso de desnivel. Pareció una burla. Las fotografías con la evidencia circularon profusamente entre los grillos blanquiazules.

Por si fuera poco, cuando hay mucho por hacer para solucionar problemáticas urbanas, el director programó una obra, de más de 40 millones de pesos, en una caseta de cobro en el puente Zaragoza.

Con esa decisión, todavía escaló más la grilla interna (en la estructura azul estatal), justo por lo que se cuestiona Mirone si Fernández seguirá lo suficientemente bien amarrado para mantenerse en el cargo.

El Fideicomiso, por su amplia nómina y los millones que maneja, está entre las dependencias más peleadas, sin contar la campeona, que es la descentraliza JMAS.

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Ya que hablamos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, le llamó mucho la atención a Mirone una nueva campaña mediática o de imagen que trae el organismo operador del agua que depende de la estructura estatal.

La JMAS es una descentralizada, pero en su nombre lleva la palabra Municipal, aludiendo a su cobertura geográfica. Así existen en la mayoría de los municipios, además de algunas juntas rurales, todas vinculadas a la Junta Central de Agua y Saneamiento.

Su nombre legal es la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, pero ahora, en la comunicación oficial, están omitiendo la palabra Municipal. Particularmente se aplica la estrategia en los boletines de prensa.

Eso no lo explicaron, pero se entiende claramente que se busca una desvinculación del Gobierno Municipal. Como para que no se lleve el crédito de las obras y las atenciones esa otra esfera de Gobierno.

Por cierto, aunque muchos años atrás se habló en plataformas político-electorales de la propuesta de cumplir con el 115 constitucional para que las juntas de agua queden a cargo de los gobiernos municipales, el tema se ha guardado en el cajón.

Quién sabe si resulte eso de no llamar las cosas por su nombre. En la misma JMAS y también como campaña de imagen al arranque de la actual administración, se optó propagandísticamente por llamarle a la institución la J+, para quitarle la carga negativa, esa que relaciona a la JMAS con el adverbio “jamás”, vinculada a los tiempos de respuesta para algún servicio.

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De nuevo se puso Chihuahua en el mapa nacional si se trata de hablar de narcoviolencia.

Ahora fue el turno de Guadalupe y Calvo, en la mera Sierra Tarahumara, parte del triángulo dorado que arde otra vez por las disputas entre cárteles y sus distintas facciones.

El fin de semana se puso tan intensa la refriega, que la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González, tuvo que cerrar las instalaciones de la Presidencia Municipal y resguardarse en su casa bajo la protección de la Guardia Nacional.

Fueron varios días de refriega, hasta que finalmente el Ejército Mexicano pudo tener el control territorial y tomó posesión de las instalaciones de la Presidencia Municipal.

Ya hasta se había dicho que la alcaldesa había huido o desaparecido, pero ella se reportó por medio de comunicado oficial y dijo que estaba en su casa en espera de regresar a su despacho. Todo el pueblo se tuvo qué encerrar a piedra y lodo, mientras los enfrentamientos se realizaron en las montañas cercanas.

De manera extraoficial los pobladores han informado que los grupos criminales sacaron al menos un par de cuerpos en sus propias camionetas.

Guadalupe y Calvo es controlado por una de las facciones del Cártel de Sinaloa, que ahora pretende ser desplazada por otro grupo criminal.

La violencia vinculada al narcotráfico arrastra otra repercusión grave en toda la zona del Triángulo Dorado desde el 2021: el desplazamiento masivo de comunidades indígenas.

Seguramente el tema llegará hoy hasta la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. También deberá abordarse en la Mesa de Seguridad de los lunes en Palacio de Gobierno.