¡Ah que caray! Con lo que nos sale la Secretaría de Gobernación federal. Ahora resulta que no hay tal figura de “tercer país seguro”, con el cual, nuestro país se obligaba a recibir a migrantes extranjeros que estén en espera de recibir asilo político en los Estados Unidos de América.
Según la Convención de Estatuto de Refugiados, el “tercer país seguro” es el lugar donde un solicitante de asilo puede “permanecer seguro” mientras le resuelven o le rechazan su petición.
¡Ándenles pues! Ahora resulta que nuestras ciudades fronterizas son lugares seguros. ¿Ya vieron las cifras de homicidios que sufrimos los habitantes de los estados fronterizos de México con los Estados Unidos?
Como se recordará, en el año 2019, el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prácticamente le impuso al Gobierno mexicano el programa “Quédate en México”, con el cual, el vecino del norte enviaría su vecino del sur a miles de migrantes, quienes deberían permanecer en suelo mexicano hasta que se resuelva su situación.
La historia es bien conocida y parece un cuento de nunca acabar: Juárez y otras ciudades fronterizas se llenaron de migrantes procedentes de diversos países, quienes buscaban cruzar hacia los Estados Unidos protegidos con la figura del asilo político.
En tanto, las ciudades mexicanas los “recibían” y los resguardaban, en espera de recibir un “sí” o un “no”.
Pues bien, ahora resulta que no existe tal programa.
Según el Oficio No. SG/UE/230/2756/23, que envió la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación al Congreso del Estado, en los archivos de la Consultoría Jurídica de la Cancillería no se localizaron antecedentes de acuerdos internacionales “que colocan a México como tercer país seguro” ni con Estados Unidos o con cualquier otro Estado.
De conformidad con información emitida por el Gobierno estadounidense, se tiene conocimiento de que ese país ha rechazado el ingreso de personas extranjeras.
Si es así, entonces ¿por qué nuestras autoridades se tienen qué ocupar del problema que representa albergar de manera irregular a miles de viajeros indocumentados que no tienen para cuándo recibir una definición a su trámite de asilo?
De veras, con estas respuestas ya no sabe la gente qué pensar.
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I Integrantes del colectivo teatral “Makuyeika” ya han hecho de todo para que les pague la Secretaría de Cultura lo que les debe, y nada más les dicen que “ahí pa’ la otra”, “ahorita no hay”, “dice la secretaria que no está” o, casi casi, les gritan desde el fondo el muy conocido “¡no hay nadie!”
¡Y vaya que han hecho hasta lo imposible para que les entreguen la cantidad acordada por los servicios culturales que prestaron durante la celebración del Festival Internacional Chihuahua”!
Nada más les falta buscar a uno de esos tenaces e implacables cobradores de tienda departamental, a ver si logra que le entreguen la cantidad plasmada en el ya muy manoseado contrarrecibo, ese que han sacado y vuelto a guardar, en sus mucho fallidos intentos por obtener su pago.
Durante la semana pasada, el colectivo Makuyeika publicó en su página Facebook un grito que sonaba a llamada de auxilio, si no es que ha justificado reclamo ante la falta de cumplimiento por parte de la Secretaría de Cultura.
El título lo dice todo: “¡Ya páganos!”.
“Seguimos esperando su pago…”, agregan.
Según su versión, el 29 de octubre del año en curso, dio una presentación en el FICH, en el entendido de que les darían su pago al día siguiente de la presentación.
De eso ya han pasado dos meses—más lo que se acumule en esta semana—y todavía no ven ni quinto, porque hasta la fecha, lo único que han tenido por respuesta es el ambiguo e irritante “quizás esta semana”.
Las y los integrantes del colectivo narran que montaron la obra Andares, la cual les demandó hacer un esfuerzo grande, pues tenían mucho tiempo sin presentarla. Sin embargo, se pusieron a modo—en el entendido de que ya traían dinero, como quien dice—y la subieron a escena.
“¿Acaso ignoran las instituciones responsables que nuestro grupo y sus integrantes también tienen que comer, pagar renta y cubrir gastos incurridos para participar en el festival? Indignante hacer “inclusión” de personas y narrativas indígenas, pero no pagar en tiempo y forma”, reclaman en su texto, para luego terminar con su grito de horror: “Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, YA PÁGUENOS!”.
Así que, amiga y amigo promotor cultural, mucho ojo, porque si les salen con la consabida frase “mañana te pago”, ya saben que es una de las tres mentiras más frecuentes de cuantas se dicen en nuestro país.
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A las y los contribuyentes de impuestos locales, como el de nóminas, o quienes pagan esos molestos derechos vehiculares de principios de año, les advertimos que, en cada pase a la caja de la Recaudación de Rentas, les van a hincar el diente con el dichoso “impuesto Universitario”.
Según la Ley de Ingresos para el 2024, aprobada ya por el Congreso del Estado, el Gobierno planea ingresar a sus arcas la módica cantidad de 610 millones 159 mil 780 pesotes por concepto de ese impuesto.
¡Unos cuantos centavos! Y eso para repartirse entre solo dos universidades: la Autónoma de Chihuahua y la de Ciudad Juárez.
Ante esto bien vale preguntarse por qué las Universidades Tecnológicas o, incluso, los tecnológicos de Chihuahua—el I y el II—o el de Juárez y hasta el de Parral no reciben ni un céntimo de ese dineral que aportan las y los contribuyentes.
Bien vale tenerlo en cuenta, porque se trata de dos instituciones educativas que cobran más de 4 mil pesos por semestre—si no es que mucho más, dependiendo de las carreras—a cada uno de sus alumnos, y que todavía reciben recursos federales.
Con esa abundancia de recursos, uno no se explica cómo es que ambas aparecen fuera del ranking de las primeras 20 mejores universidades del país.
Tampoco se explica cómo, teniendo ese raudal de dinero que les cae mes a mes, no le pagan a sus acreedores, sobre todo, al Instituto de Pensiones Civiles del Estado.
¡Ah, pero qué tal que sí hay para ir a ver juegos de la NFL, o para reparar un estadio que se encuentra en ruinas, como es el Nido de Águila, cuando ya se cuenta con un estadio olímpico con toda la mano!
Y, por si fuera poco, todavía van y le piden al Municipio que les eche la ayudada para hacer obras en sus instalaciones, como lo vimos en el pasado proceso para otorgar recursos dentro del programa Presupuesto Participativo.
A ver si la ASE ahora sí “hace” su chamba y le pone ojos, nariz y oídos al gasto de ambas universidades, porque está difícil explicarse cómo es que, con tanto dinero, no hay ni para reparar baños.
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Las y los paterfamilias que tienen a sus hijos en escuelas primarias amanecerán el próximo 8 de enero, día de reinicio del ciclo escolar, con la buena noticia de que ya podrán salirse del trabajo para asistir a las convocatorias por parte de las escuelas de sus hijas e hijos.
La Comisión de Familia, Asuntos Religiosos y Valores, que encabeza la diputada Diana Pereda, del PAN, impulsó una reforma para fomentar la participación de los pater y mater familias en las actividades escolares y en la prevención de actos de violencia dentro y fuera de los planteles educativos.
En el período de sesiones que concluyó este diciembre, se logró la aprobación de la llamada “Ley del Programa Escuela para Madres, Padres o quienes ejerzan la Tutela, Guarda y Custodia”, en la cual se contemplan esos importantes avances en materia de convivencia familiar.
Entre otros aspectos, esta nueva legislación contempla que el padre y/o la madre de familia tengan todas las facilidades de parte de sus empleadores para acudir a la escuela de sus hijas e hijos, de modo que no se queden fuera de sus actividades.
La diputada Pereda, promotora de la reforma, señala que, con esa nueva legislación, las familias podrán dar una “crianza positiva” y tener elementos para resolver conflictos de manera pacífica y así prevenir la violencia.
Entre esas modificaciones, se incluye una que se le hizo al código administrativo del estado para otorgar permisos a las y los trabajadores cuyos hijos estén cursando estudios, para que puedan asistir a las convocatorias por parte de las escuelas.
De esa forma, dice la legisladora, se propiciará la integración de las familias en la dinámica escolar y facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar.
Buen punto el que logaron las diputadas integrantes de la Comisión de Familia, con eso de quitarle las amarras a las madres y los padres, que en muchas ocasiones se quedaban fuera de las decisiones escolares poque, simplemente, no tenían manera de acudir a las juntas. Va una estrellita a la frente de esas legisladoras.