Alguien anda por ahí pidiendo una diputación, aunque sea local, porque en el partido que se la dio anteriormente ya no la quieren ni en pintura, y entre los aliados que se consiguió a últimas fechas, pues como que los hizo quedar muy mal.
Se trata de Adriana Terrazas Porras, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, quien ya no haya por dónde colarse para repetir por una diputación local o, de preferencia, que la coloquen a modo para la Legislatura Federal.
Lo intentó por Morena, el partido que prácticamente le regaló la curul que ocupa actualmente, pero le quedó tan mal a su grupo parlamentario con aquello de que “se puso” para que la pusieran de presidenta, que ya hasta le aplican la “Ley del hielo”.
Lo peor para ella es que ya no puede regresar como candidata plurinominal, sino que la debe ganar “por tierra”, o sea, de mayoría, y el detalle es que no hay vacantes, pues todas están ocupadas.
Ya está visto que las diputadas morenistas Leticia Ortega, del II; Rosana Díaz, del IV; Magdalena Rentería, del IX y Antonieta Reyes, del X, van a repetir como candidatas, y pues el VI Distrito que actualmente ocupa Jael Argüelles es del PT.
En cuanto al PAN, partido al que tantos servicios le hizo, pues no andan muy contentos que digamos con ella, después del aferramiento que tuvo para que su amiga, María Ávila Serna, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, quedara de magistrada del Poder Judicial.
La bancada panista no quedó tan conforme después de su empecinamiento en colocar en el Tribunal Superior de Justicia a una líder de partido y, peor aún, que los hiciera ver como que era una posición de la gobernadora.
Ahora, sale a felicitar a su exjefe, Enrique Serrano Escobar se lanzó por la candidatura del PRIAN a la Presidencia Municipal de Juárez, ya salió, ni tarda ni perezosa, a felicitarlo y a ponerle la estrellita en la frente por ser “un buen candidato”.
No está mal, la luchita se le hace, quién quite y allá, en su antiguo partido, el PRI, y con sus aliados del PAN, se le acomoda mejor la candidatura que con estos morenistas que ni aguantan nada, sólo porque los dejó colgados de la brocha dos veces se enojan.
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El “Bayo” Valenzuela se puso “pintos” a los abogados que hoy día entablan la defensa de la removida alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cynthia Marina Ceballos Delgado, porque, según él, deberían seguir trabajando en la Fiscalía Anticorrupción, pero sin cobrar, o algo así.
El fiscal anticorrupción del estado la agarró fuerte contra la gente que laboró con su antecesora, Gema Chávez, por haberle entrado a defender a la presidenta de NCG que actualmente está privada de la libertad con dos causas penales en su contra.
Para él, el hecho de que un ex funcionario de la fiscalía a su cargo asuma la defensa de una persona acusada de corrupción es “un hecho vergonzoso”.
¡Ah qué caray! ¿O sea que las personas que reciban acusaciones de la fiscalía a su cargo no pueden tener defensa? ¿O será que piensa que los ex funcionarios de la misma siguen bajo sus órdenes? ¿Esperaba, acaso, que le pidieran permiso, después de que los corrió?
Y luego, como para establecer una diferencia con sus antecesores, dice que él no va a denunciar en términos políticos o de coyuntura electoral, sino que se ocupará de la judicialización de las carpetas que llegue a integrar.
Entrado en el tema, en entrevista con Norte Digital, el “zar anticorrupción” del actual gobierno asegura que no va a denunciar a nadie si no puede integrar una carpeta de investigación sin tener elementos suficientes para judicializarla.
“Una cosa es denunciar en términos políticos o de coyuntura electoral, y otra, la de judicializar una carpeta cien por ciento científica”, dijo el fiscal, quien prefiere un expediente que tenga elementos para cerrar con éxito en la etapa final del juicio.
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos publicó este viernes su “Diagnóstico sobre la situación de las mujeres en centros penitenciarios” y, la verdad, está difícil saber por dónde empezar, porque abundan los datos de interés y los ángulos que deben llamar la atención de las autoridades.
Por ejemplo, el Cereso Femenil número 2, de Juárez, tiene una sobrepoblación del 106%, ya que albera a 293 mujeres Privadas de la Libertad (PL), cuando la capacidad instalada da para para solo 275.
De ese total, casi la mitad, un total de 143, está recluida pero no tiene sentencia condenatoria. En el Cereso Femenil 1, de San Guillermo, hay otras 79 PL bajo proceso, es decir, sin definición sobre su culpabilidad o inocencia.
El diagnóstico de la CEDH no nos indica cuánto tiempo llevan esas mujeres PL bajo proceso, para determinar si hay una violación a sus derechos por la retención en prisión por más tiempo del contemplado en la Ley.
En el caso de San Guillermo, hay siete menores de edad que habitan en el penal, junto con sus madres, y otras cuatro se encuentran embarazadas, por lo que la cantidad de niñas y niños que habitan en el penal se podría incrementar en más de un 50% este mismo año.
Tampoco indica el diagnóstico si existen instalaciones, programas o condiciones para que habiten ahí las y los niños, como escuela o espacios recreativos.
En fin, que el documento da para mucho análisis y, ojalá, para una mayor toma de decisiones que permita hacer de los centros penitenciarios un auténtico lugar para la reinserción social.
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El Congreso del Estado tardó casi cinco años en ocuparse de las llamadas de auxilio lanzadas por habitantes de diversas comunidades de la sierra de Chihuahua que sufren por el desalojo forzado de sus tierras a manos de la delincuencia organizada.
Pese a que había una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitida desde el año 2019, fue hasta ahora que el Legislativo Estatal aprobó un punto de acuerdo para pedirle al Ejecutivo que intervenga para combatir ese delito y atienda a las familias afectadas.
Desde el 14 de octubre del 2019, la CNDH emitió la recomendación no. 94 /2019 por el desplazamiento forzado de 80 personas. En ese caso, señaló que hubo una “inadecuada procuración de justicia en agravio de 102 personas integrantes de dicho grupo familiar cometidas por la FGE”.
Luego, el 29 de abril del 2022—hace casi dos años—el mismo organismo se emitió otra recomendación, la 96/2022, dirigida “a autoridades de Chihuahua” por vulnerar los derechos humanos y no otorgar atención a 120 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, cinco de las cuales fueron asesinadas y una más lesionada en Uruachi y Guazapares.
Según lo expuso la diputada Leticia Ortega (Morena), autora de la iniciativa, 572 personas del municipio de Guadalupe y Calvo han abandonado sus viviendas debido a las acciones y a la ocupación violenta de grupos delictivos.
Sin embargo, fue hasta ayer, 26 de enero de 2024, en que se ocuparon el caso.
Por extraño que parezca, el Legislativo aprobó una iniciativa de Morena que va dirigida a la jefa del Ejecutivo, incluso con los votos del PAN.
No obstante, la bancada del blanquiazul pidió que, para votarlo a favor, el exhorto también se le envíe al Gobierno Federal.
Vale pues.
Ahora, que pongan manos a la obra y que se ocupen de esas familias que ya van para cinco, si no es que más, años desplazados de sus tierras.