Ambiguo y sin pies ni cabeza, resultó el exhorto que el Congreso del Estado acordó ayer, para que el Gobierno federal se coordine con el estatal y se implementen medidas de vigilancia en las carreteras del estado de Chihuahua, donde se verifiquen las condiciones de salud de camioneros y traileros, así como la condición mecánica de sus vehículos.

La propuesta fue del diputado Édgar Piñón, tras el terrible accidente en Villa Ahumada, provocado por un chofer que conducía bajo el influjo de las drogas.

En su exposición de motivos, el legislador priista plantea que se realicen a los choferes exámenes médicos, toxicológicos y antidoping, antes de salir a las carreteras.

Aunque para reforzar su argumento, el despistado diputado utilizó una estadística de accidentes fatales de 2016, y ocurridos en las carreteras de los Estados Unidos, debería enterarse de que, tan solo durante el 2019, el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), reportó que los camiones de carga fueron los responsables de 3 mil 770 accidentes en carreteras federales del país, de los cuales, 2 mil 548 fueron provocados por el conductor.

En fin, pese a este lapsus, su iniciativa fue votada y aprobada, pero se quedó en el limbo, porque no precisa quién dará el seguimiento con las autoridades federales, ni cuándo se realizará, ni los sitios donde se aplicarán los exámenes médicos a los operadores, ni las revisiones mecánicas a los pesados vehículos.

Ahora nos preguntamos cuál dependencia del Gobierno de Chihuahua tomará el toro por los cuernos, para que el exhorto no se quede en buenas intenciones, porque, si está visto que no atienden el mantenimiento de las carreteras, mucho menos establecerán estaciones de revisión en la entrada y salida del estado.

Al aprobarse la propuesta de Piñón, hubo voces que sugirieron que, para tal propósito, el Estado gestione ante la Federación, el uso de las instalaciones de la Aduana localizadas en el kilómetro 72 de la carretera Juárez-Chihuahua, que funcionó hasta el 2003, y que fueron abandonadas cuando se eliminaron cuatro puntos de revisión de la aduana interior en la entidad.

Aunque las organizaciones de traileros se han defendido con justa razón, porque se ha satanizado a este sector por el accidente de Villa Ahumada, tampoco pueden negar que muchos operadores conducen con negligencia, fuera de los parámetros de seguridad que marca la ley en la materia, en aspectos como las condiciones mecánicas y de salud, pero sobre todo en el de uso y abuso de drogas.

Por lo mismo, lo menos que se espera del acuerdo legislativo es que se fijen tiempos y movimientos para que este se materialice y no quede como otra expresión oportunista, que se aprovecha de la tragedia para lucrar políticamente, como bien lo criticó el delegado federal Juan Carlos Loera, en días pasados.

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Buena controversia generó ayer entre los regidores del Cabildo de Juárez, el punto de acuerdo para retirarle la presea Fray García de San Francisco al sacerdote Aristeo Baca, condenado por abuso sexual.

En la sesión ordinaria de ayer, la petición fue sometida a votación con un resultado muy dividido, pues hubo 10 votos a favor, 10 abstenciones y uno en contra.

Pese al empate entre los que aprobaron y los que se abstuvieron en la propuesta, quedó declarada aprobada por mayoría, pues se consideró que las abstenciones no contaban.

Tal decisión provocó inconformidad en la fracción del PAN, argumentando que el reglamento interno del Cabildo establece, en su artículo 101, que las abstenciones no justificadas se tomarán como voto en contra del acuerdo en discusión.

Así lo establece a la letra: “Cuando un regidor o regidora persista en abstenerse de emitir su voto, a pesar de haberse calificado como improcedente, la o el Presidente lo conminará para que cumpla con su obligación; si el regidor o regidora se niega en segunda ocasión a votar, se considerará esta omisión del regidor o regidora, como voto en contra de la aprobación del asunto que se esté tratando”.

De acuerdo con los regidores inconformes, las abstenciones se dieron porque el punto de acuerdo no tiene fundamento legal, en virtud de que no existe un procedimiento para retirar la presea y nunca antes se ha hecho.

Quizá nunca antes se había hecho, pero lo cierto es que pocas veces se han presentado este tipo de casos en la comunidad, y con las repercusiones por todos ya conocidas.

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Para evitar que se desbalagaran con el pretexto de las fiestas patrias y se fueran a dar el grito a sus respectivos terruños, abandonando su compromiso legislativo, los diputados federales de Morena fueron convocados con carácter de obligatorio y llevados en grupo, como si fueran escolapios desobedientes, a la sesión ordinaria del pleno del Congreso de la Unión, realizada ayer.

Llamó la atención que en el memorándum en el que se les ordena su presencia, les indican textualmente: “deberá presentarse a las instalaciones de la Cámara de Diputados con maleta y teléfono personal con la aplicación APRAV (aplicación portátil para el registro de asistencia y votación) con suficiente batería y crédito”.

Les hicieron la precisión de la batería y el saldo del celular, porque es común que no voten ni registren su asistencia, con el pretexto de que sus teléfonos no están cargados o no tienen servicio de Internet.

Muy alto debe de ser el ausentismo de los morenos a las sesiones ordinarias durante el calendario de fiestas nacionales, para que el Grupo Parlamentario de Morena tuviera que recurrir al estricto memorándum, exigiéndoles asistencia presencial y hasta reservándoles dos noches en habitaciones de los hoteles Riazor y Holiday Inn, para tenerlos a todos juntitos, sin excusa ni pretexto.

Eso sí, antes de trasladarlos ayer a la sesión del pleno, se los llevaron a desayunar en grupo, como niños scouts, al comedor de la fracción parlamentaria en la sede legislativa, para que no se fueran a escapar.

Ya estando cautivos en la capital, mañana los llevarán sin duda a aplaudir el Grito en Palacio Nacional y a ondear banderitas con su líder moral. Faltaba más.