Agreste en verdad se está poniendo el oleaje en el que navega la demanda de amparo que como banderillas al estilo del “par de calafia”, a toro pasado le colocó a la nueva directiva de la Canacintra local, la excandidata a presidenta, Claudia Ivonne García Maldonado.

Decimos que agreste porque la susodicha demanda presentada casi una semana después de concluida la elección, plantea una serie de peticiones que pueden dar al traste con el proceso electoral.

A Mirone le comentan que, entre otras cosas, esto se traduciría en una posible anulación del resultado, el nombramiento de una mesa directiva “en calidad de por mientras”, y una convocatoria para efectuar una nueva elección.

¿Tan fácil así? Pues no fácil porque en asuntos de leyes ya sabemos lo tardadito que resultan las cosas, pero tal vez posible si se demuestra que lo dicho en el extenso legajo de 65 páginas resulta validado.

Además, el proceso legal que ya está en marcha entre algunos barruntos de tormenta -por el exhorto recién lanzado por la directiva local de Canacintra a sus agremiados de “no comprometer la integridad del organismo”-, amenaza con extenderse hasta los chilanguescos horizontes canacíntricos.

Y es que los cinco puntos planteados por la excandidata incluyen señalamientos que van a dar hasta la Concamín y la misma Secretaría de Economía a las que se les califica de “omisas” por no garantizar la inclusión y la perspectiva de género en el marco estatutario de las cámaras.

“Esto porque en su pasividad para no dar seguimiento puntual al exhorto lanzado en 2021 para modificar a la brevedad los estatutos de la Canacintra nacional y sus delegaciones, permite que estos no solo carezcan de estos elementos, sino que mantiene en vigencia “clausulas arbitrarias, antidemocráticas, y con requisitos para ser presidente que van en contra del propio reglamento de la ley en la materia”, según afirma la agraviada.

Además de pedir la disolución de la nueva mesa directiva, el amparo mantiene en jabón el cargo de vicepresidente Nacional de Maquiladoras y Zonas Fronterizas de Canacintra que le fue recientemente conferido al expresidente local, Jesús Manuel “Thor” Salayandía, quien es acusado por la demandante de manipular el proceso de elección.

Y como “papelito habla” García asegura tener testimonios de socios dispuestos a declarar y asentar en el expediente, los comentarios que aseguran haber escuchado salir de voz del expresidente local.

Entre otras cosas, pedir el voto para la actual presidenta, Isela Molina, en abierta violación a los ordenamientos de imparcialidad que su cargo obligaba, y expresarse de la demandante como “la mujer del parche” o “la parchada”.

¿Así o más irrespetuoso?

Y parece que los estatutos en este asuntillo son muy claros al contemplar que acciones como estas podrían ser motivo no solo de sacarle tarjeta amarilla de amonestación sino la roja de expulsión del susodicho, sin derecho al Var.

Eso, si las pruebas son de suficiente peso.

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Muy seria y grave la acusación que hizo ayer el dirigente estatal del PAN, Gabriel Díaz, en el sentido de que la mano de Morena está detrás de los actos vandálicos e incendiarios, que sufrieron edificios públicos e históricos de Chihuahua, entre ellos el Palacio de Gobierno del Estado, durante las protestas del 8M.

Cuando el Gabo hizo el señalamiento, sin duda estaba hablando a nombre de todo el Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, pero sobre todo con línea de sus superiores y con la información confidencial que le proporcionaron los mandos de la Policía Estatal y la municipal de Chihuahua, que monitorearon las protestas y desmanes que realizaron personas ajenas al movimiento de mujeres.

Eso lo confirma el hecho de que afirmó que tiene los nombres y fotografías de los agitadores y agitadoras que fueron infiltrados en la marcha, y que provocaron cuantiosos daños en varios edificios públicos, principalmente en la sede del Gobierno del Estado.

El Gabo Díaz no se anduvo por las ramas al decir que, con esta anarquía, generada con grupos violentos que fueron importados de la capital del país, Morena busca desestabilizar y desacreditar el gobierno de Maru Campos, afirmación que tiene como destinatario al delegado federal de Bienestar, Juan Carlos Loera.

Aun cuando en esta acusación el funcionario de la 4T no fue mencionado por su nombre, el morenista hizo acuse de recibo cuando salió a deslindarse de los hechos violentos, aunque también se pronunció porque las Fuerzas Federales no fueran a reprimir a las manifestantes.

De ser comprobada la mano de Morena meciendo la cuna, no solamente habrán causado daños materiales a los inmuebles, sino que habrán ensuciado una marcha pacífica de las mujeres capitalinas, en aras de objetivos meramente políticos.

Las gráficas del vandalismo del miércoles pasado, dan cuenta que fue cometido por personas embozadas que, en grupos pequeños, se distribuyeron a lo largo de la fachada para pintar, romper cristales y quemar las puertas y ventanas de madera de Palacio.

No fue todo el contingente de mujeres que participaron en la marcha el que causó los daños, como se ha insinuado en redes sociales, por grupos que repudian que las mujeres alcen la voz.

Eso lo podrán confirmar los dos hombres detenidos por la Policía Estatal, que andaba ebrios en la marcha y participaron en el desorden, cuando comiencen a soltar la sopa en la investigación que abrió la Fiscalía General del Estado, sobre la identidad de todos los infiltrados.

Pero en aras de que la justicia no se pandee para un lado, las autoridades también deberán investigar a los dos sujetos que, desde uno de los balcones frontales de palacio, provocaron a las manifestantes y les lanzaron botes de gases lacrimógenos.

Eso también forma parte del caos que reinó ese día.

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Tal y como se esperaba, el exfiscal Francisco González obtuvo el beneficio de la libertad condicional al ser atraído su caso por un juez federal, quien le cambio las medidas cautelares que lo mantenían en prisión desde el mes de noviembre del 2022.

Al veloz ritmo con el que se ventila su caso en el tribunal federal, Panchito González no tarda en ser absuelto de las acusaciones de tortura, porque todo parece indicar que las recomendaciones que le hicieron al juzgador desde el altiplano, buscan, ante todo, dejar en ridículo al aparato de procuración y administración de justicia del Estado.

Por el sesgo que tomó el asunto de Panchito y que lo coloca a un paso de ser declarado inocente, muchos ya le cuelgan la medalla del mérito al exgobernador Javier Corral, porque este fue quien encabezó la defensa mediática y política de su exfiscal, con la campaña #JusticiaParaFrancisco.

Esta resolución del cambio de medidas cautelares, constituye el segundo revés al hilo para la administración estatal. El primero fue el fallido juicio político que en agosto del año pasado se le intentó fincar al exgobernador, y que se desvaneció por falta de materia.

Ahora, aunque la Fiscalía haya soltado extraoficialmente la versión de que existe otra orden de aprehensión contra Panchito, el asunto se ha devaluado en la opinión pública y, de ser ejecutada, será interpretada como terquedad para perjudicar al abogado que ya cuenta con la protección de la justicia federal.

Dicho en términos llanos, el exgobernador de triste memoria les sigue comiendo el mandado y entre más se mueven para acorralarlo, más se hunden, como en el pantano.

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Esta semana el director ejecutivo de la JMAS, “les hizo de agua” su conferencia quincenal a los reporteros de la fuente el pasado martes, cuando sin avisar simplemente no se presentó a la sala de prensa de Pueblito Mexicano.

Tampoco dijo “agua va” y omitió dar a conocer que la conferencia, que él mismo impuso cada 15 días, se suspendía, se posponía o ya de plano no le va a dar la gana ir a ofrecer la información que los ciudadanos necesitan o reclaman al ente público para el que el director trabaja.

En los pasillos del Pueblito Mexicano corrió como agua la versión de que la actitud poco profesional que mostró Sergio Nevárez al faltar a una cita, que él mismo fijó, se debe a la emboscada ciudadana que sufrió el martes 28 de febrero, cuando habitantes de la colonia Adolfo López Mateos se le plantaron con cartulinas en mano a media conferencia de prensa, para exigirle atención al problema por el derrame de aguas negras que sufrían desde cinco meses atrás y que los impactaba al extremo de tomar medidas ídem porque agua corriente, no mata a la gente.

Los vecinos llegaron a media plática y en silencio se desplegaron por la sala donde el funcionario ofrecía información a los medios. De repente, el funcionario se paró y dio por terminada la conferencia y se despidió, pero los mismos reporteros lo pararon en seco para preguntarle sobre la protesta que estaba frente a él y que prácticamente ignoró porque, argumentó, se tenía que ir.

De forma airada, los colonos le reclamaron al funcionario la falta de atención al problema, debido a que tenían semanas exponiendo ante personal de la JMAS y que continuaba sin corregir.

No los escuchó mucho, solo dijo que en un mes lo resolvería y dejó al director de Comunicación Social, Daniel Valles, a cargo del reclamo.

La estrategia de hacer público lo que estaban enfrentando resultó bien, puesto que en los días subsecuentes llegaron las cuadrillas de trabajadores para realizar las reparaciones necesarias que, dicho sea de paso, fueron realmente complicadas por lo irregular del terreno, pero con la capacidad del personal, equipo y VOLUNTAD, dejaron el sistema de drenaje funcionando, como debe estar siempre.

De todas formas, y por no dejar, en el comunicado donde se informó que la avería ya había sido resuelta, la JMAS le dio de patadas en las espinillas a los vecinos de la López Mateos acusándolos de ser quienes arrojaron basura al drenaje, lo que provocó que se colapsara y el consecuente derrame de aguas residuales.

En fin, los chismosos le dicen a este Mirone que Nevárez Rodríguez tronó de coraje ante lo que consideró una emboscada de sus enemigos políticos o personales que trabajan en Pueblito Mexicano, porque la JMAS se cuece aparte, y sin avisar simplemente desdeñó el compromiso que él mismo estableció para acudir cada 15 días a exponer temas de interés público.

Aquel día, se fue de ahí con la seguridad de que le azuzaron a los colonos para hacerlo ver mal porque tiene la creencia de que cuando el río suena, agua lleva; pero, en realidad lo que lo hace ver mal, muy mal, es la informalidad que mostró para cumplir con el compromiso que él mismo estableció.

Hasta ahora nadie sabe si regresara o no a cumplir el acuerdo que por cuenta propia adquirió y unilateralmente quebrantó en perjuicio del derecho que tiene la ciudadanía para conocer el trabajo de una dependencia tan sensible como lo es la JMAS, porque ni siquiera se disculpó por su ausencia y hasta ahora omitió avisar si se le esperaba o ya no. Al parecer ignora el certero refrán mexicano que reza: agua estancada, agua envenenada.