Estamos a unos días de que se dé el arranque formal de las campañas por el Ayuntamiento y en el lado oficial, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, ya anunció a parte del equipo que habrá de seguirle los pasos en las colonias, mercados y visitando agrupaciones en busca del voto para relegirse como alcalde.

Por lo pronto, son seis los nombres que ya soltó y forman parte de la primera línea de su gabinete: primeramente estará Héctor Ortiz Orpinel, actual secretario del Ayuntamiento y quien gastará suela, para colocarse como alcalde suplente.

Además estará en la campaña el director general de Asentamientos Humanos, Julio César de la Cruz; el coordinador general de Comunicación Social, Carlos Israel Nájera Payan; el director de Regulación Comercial, Arturo Urquidi, así como el director general de Desarrollo Social, Hugo Vallejo.

Con todos ellos trabajará el coordinador de Administración y Control de Proyectos, Enrique Licón, probablemente el estratega estrella del viejo priismo juarense. Licón fue el operador político que le llevó al triunfo en dos ocasiones al finado Héctor “Teto” Murguía.

Los funcionarios que dejarán sus puestos deberán solicitar licencia o renunciar a su cargo, así como los empleados que participen de manera directa en la campaña.

Mucho cuidado deberán tener las actividades electorales, porque en ocasiones anteriores, incluso este mismo año, se ha visto a parte del equipo de comunicación cubriendo eventos de índole político.

Por otra parte, el que deberá tener sumo cuidado, por aquello del fuego amigo, es el propio alcalde sobre a quién le deja encargado el changarro, ya que los funcionarios que se lleva a campaña tienen posiciones estratégicas dentro de la administración.

Ya que es conocida y nunca falla esa frase que dice que cuando “el gato no está en casa, los ratones hacen fiesta” y ya estamos a nada de que comience la carrera. Estaremos pendientes de si quienes llegarán a ocupar temporalmente los puestos en el poder local, dan el ancho o terminan crucificando la intención de ser reelectos.

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A los morenistas inconformes con la dirigencia de su partido por el reparto “chapulinero” que hizo de las candidaturas a lo largo y ancho del estado, se las están haciendo de agua, de plano.

La queja que interpusieron ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de la dirigencia nacional de Morena nomás no avanza, y el tiempo corre para que se declare procedente o se rechace.

¿Por qué? Porque el lunes 15 de abril inician las campañas para elegir Ayuntamientos y Diputaciones locales y, pasada esa fecha, ya será difícil hacer cambio de candidaturas.

Es decir, que la atención de su queja es para ayer.

En un escrito enviado a la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los quejosos, agrupados en el frente denominado “Los de abajo”, señalaron que la mentada “Comisión de Honestidad” ha sido omisa, pues ya estamos a 8 de abril y es hora que no da respuesta a una serie de impugnaciones presentadas desde el 29 de febrero del presente año. Tardadita la dichosa comisión, porque ya pasó más de un mes y no da señales de vida.

Entre los motivos para impugnar las candidaturas, acaso la que más favorece a su causa es el nulo respeto que tuvo la dirigencia morenista por las llamadas “Acciones afirmativas”, pues no asignó espacios a pueblos originarios y a otras comunidades representativas.

Entre los afectados por ese “fuchi” que les hicieron a los pueblos originarios, están los líderes rarámuris Alejandro Rivas Vega, Efraín Rodelas Bustillos y César Omar Sánchez García, quienes buscaban contender por diputaciones en distritos con cabecera en la zona serrana.

Otra, acaso la que más ha inflamado las ampollas, fue la designación de un hombre—en la persona del “chapulín” expanista Miguel La Torre—y no a una mujer, que en este caso pudo haber caído en manos de la maestra Rosa Lilia Cardona Muñoz, una de las fundadoras de Morena en el estado.

“…nos negaron el derecho político, constitucional de votar y ser votados, nos engañaron haciéndonos creer que estábamos inscritos mediante un registro y ya éramos precandidatos, sin encuesta alguna ya tenían designados los puestos de representación popular, en muchos casos los puestos fueron para personas externas de otros partidos políticos excluyendo a las Bases Morenistas en el Estado de Chihuahua.

Señalan, no sin razón, que eso de dar paridad de género fue una tomadura de pelo, pues ni en Chihuahua, ni en Juárez ni en ningún otro municipio con más de 100 mil habitantes postularon a mujeres.

En cambio, presentaron candidaturas femeninas únicamente en municipios pequeños—en población y en presupuesto—como para hacerse los muy “equitativos”.

La pedrada va dirigida a Myrna Brighite Granados de la Rosa Presidenta del Partido Morena en Chihuahua y a Carlos Castillo Pérez Delegado Político, quienes ni en el mundo han hecho a sus compañeros informaremos.

Por eso, ahora piden a la Sala Regional de Guadalajara que le entre al quite, pero que sea para ya, porque el tiempo pasa y las elecciones están a la vista.

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Aunque la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, A.C. (APCJ), emplazó desde enero de este año al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que desaloje y devuelva un edificio que ocupa desde 1994, la institución federal ha hecho caso omiso y ya está cobrando consecuencias que han puesto en crisis al gremio periodístico.

Resulta que en la APCJ, que agrupa en su gran mayoría a periodistas de la tercera edad, se tiene que realizar un pago por concepto de seguros de vida de los agremiados, que ronda por los 65 mil pesos mensuales.

La negativa del IMSS de cubrir aumentos en el monto de la renta, estuvo a punto de generar un colapso en el mes de febrero en dicha agrupación, según le contaron a Mirone.

La APCJ es propietaria de un inmueble, ubicado en la avenida Henry Dunant número 4508 del área del Pronaf, donde el IMSS instaló ahí la Subdelegación Juárez 2 y en el que han venido pagando 52 mil pesos desde el 2008, fecha en la que dejaron de hacer los ajustes anuales que se habían convenido en contratos previos.

Según le comentan a Mirone, la APCJ exige desde enero un ajuste en la renta, que debería ser de 210 mil pesos. Como respuesta, el IMSS simplemente les dejó de pagar la renta durante lo que va del presente 2024.

En su asamblea general, celebrada el sábado pasado, se informó que la asociación que arropa a los periodistas juarenses deberá continuar por la vía legal, ante el caso omiso del IMSS o que ocurra un milagro de esos que suelen pasar cuando están los tiempos electorales y algún político saca una varita mágica y resuelve de un plumazo un conflicto de años.

Por lo pronto, la APCJ, se ha visto en la necesidad de recortar al máximo sus actividades para completar los gastos mensuales, siendo el más importante el de los seguros de sus agremiados.

Se había propuesto plantear el caso ante el gran tlatoani en la CDMX, pero le comentan a Mirone que no hay dinero suficiente en las arcas, para llevar a cabo es misión kamikaze a Palacio Nacional.

La asociación también organizadora del premio anual de periodismo Columna de Plata, el más importante en la región, ha determinado posponer dicho premio, para los meses de agosto-septiembre, en tanto ajustan los gastos que se requieren para dicha premiación con el que reconoce, estimula y promueve la labor y profesionalización periodística.

Una de las funciones primordiales de los periodistas es ser defensores de la comunidad, sin embargo, ahora entre ellos ronda una pregunta: ¡Oh! Y ahora… ¿quién podrá defendernos?