A nueve días de que asuman las nuevas personas juzgadoras en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, hay mucha inquietud por los grandes desafíos que ya sacuden al sistema de impartición de justicia durante la transición y que enfrentarán a partir de septiembre los titulares de los juzgados y de las magistraturas en su función jurisdiccional, incluso en temas administrativos.

Todo cambio implica retos, huecos o vacíos procedimentales que se deben llenar, pero la situación se vuelve caótica en el periodo de transición y prevalece la incertidumbre en todos los operadores y actores del sistema de justicia, no únicamente en materia Penal, también en lo Civil y lo Familiar.

En medio del desgano de los que se van y la incertidumbre de los que se quedan o de los que llegan a integrarse al aparato judicial como personas juzgadoras, quedan los justiciables, finalmente los más vulnerables en esta etapa, ya que los asuntos no se resuelven y se amplía el rezago existente en los juzgados y los tribunales.

Si hablamos de materia Penal, lo sufren por igual las víctimas de los delitos o los deudos, que los acusados que incluso pueden estar privados de la libertad. No se diga en temas tan sensibles en materia Familiar, como la custodia de un menor.

Mirone ha recibido distintos reportes sobre la falta de información y de previsión de la institución del Poder Judicial para atender las problemáticas reales y la incertidumbre que permea entre todo el personal del Tribunal Superior de Justicia, no únicamente en cuanto a las personas juzgadoras entrantes y salientes.

El personal no tiene certeza de si seguirá o no en el juzgado o en la sala donde actualmente labora, principalmente los pilares de la función jurisdiccional que son los secretarios judiciales, proyectistas o de acuerdos.

Ni siquiera las juezas y los jueces que compitieron en la elección y ganaron estando en funciones, saben si conservarán ese mismo espacio o serán reasignados en otro Juzgado.

La lógica indicaría que deberían quedarse ahí donde ya conocen los asuntos y expedientes más importantes, para darles el debido seguimiento, pero tampoco eso se ha establecido. No se definió al organizar el proceso electoral cómo se haría en su momento ese reparto, ni ha habido algún acuerdo que llene ese vacío.

Lo mismo aplica en los juzgados de primera instancia que en las magistraturas. La elección de magistrados y magistradas se compitió y se computó a nivel estatal, pero nadie sabe hasta el momento, quiénes de las candidaturas ganadoras serán asignados a la capital y quiénes se enviarán a las salas regionales de Juárez e Hidalgo del Parral.

Así que tampoco hay todavía una entrega-recepción por juzgado o por magistratura, sino un proceso general o genérico. Juezas y jueces, magistradas y magistrados que se van el 31 de agosto, no tienen aún a quién entregarle los expedientes o los asuntos.

A final de cuentas, es la parte meramente administrativa, que también es un monstruo por su tamaño y complejidad, lo que ha absorbido los mayores esfuerzos entre los actores entrantes y salientes.

Hay cientos de altas y bajas por atender. No hay que olvidar que hablamos de 270 juzgados repartidos en todo el estado. Cerca de una tercera parte de las juezas y jueces titulares compitieron y ganaron elección, por lo que podrían seguir ahí, si es que no los cambian.

De cualquier manera, actualmente es frenética la tramitología para hacer un nuevo registro completo. Todos deben presentar papelería, incluso quienes repetirán, con una treintena de requisitos. Igual en las 30 magistraturas del Tribunal Superior y las cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.

Podría decirse que se está atendiendo lo administrativo, pero dejando a un lado lo jurisdiccional, el motivo de ser del Poder Judicial.

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El proceso de reforma judicial que sacudió el sistema y después el proceso electoral que generó dinámicas de competencia y conflicto entre candidaturas y distintos actores del sistema, incidieron en la generación de un ambiente laboral complicado.

Puede decirse que hubo cierto grado de daño emocional para quienes al final del proceso están terminando fuera del sistema, tanto si contendieron y perdieron, o si no lo hicieron y se van de retiro anticipado con pensión, o todavía peor, si tenían poco tiempo en el ejercicio y no alcanzaron a reclamar algún derecho acumulado.

Incluso se ha reportado ya una especie de consigna que se replica entre una parte de los operadores del sistema, incluyendo a las personas juzgadoras que están por dejar el cargo: que la sufran todos aquellos que, gracias a la reforma, llegarán al Poder Judicial sin experiencia en la función jurisdiccional. Así que no les allanarán el camino. Por el contrario, podrían incluso dejarlo lleno de minas.

Hay versiones de que algunos juzgados se dejarán en un completo desorden, no únicamente con la acumulación de pendientes. En eso contribuyen algunos de los que se van, los más resentidos o desanimados, pero también prometen hacerlo los operadores que se quedarán, para ver tronar después a los jueces y las juezas que llegarán.

Con independencia de qué tantos privilegios se perdieron o cuáles se lograron en las negociaciones políticas de último momento para garantizar jubilaciones y pensiones para una parte de los operadores, la sacudida laboral fue brutal, no únicamente para las personas juzgadoras, también para sus colaboradores que enfrentan la incertidumbre.

Luego de la reforma hubo personas que aceleraron su jubilación y los huecos se quedaron ahí, abonando al rezago, tanto en juzgados de primera instancia, como en magistraturas o en salas de apelación.

Las campañas también distrajeron a los impartidores de justicia y obviamente que contribuyeron a que en varios juzgados y salas, creciera el retraso. No puede decirse que sea generalizado, porque hay juzgados y tribunales muy responsables que lograron mantener el ritmo y de alguna forma están ordenados.

Las propias tareas de la entrega-recepción, con toda la carga administrativa, también son desgastantes, así que son varios los factores (incluso el periodo vacacional regular que se dio en julio) que han contribuido con el principal foco rojo del momento: acumulación de trabajo y rezago en los expedientes, diligencias y audiencias, con impacto directo en los juicios y procesos. Toda la gestión judicial se ha trastocado o alterado.

Hay una situación que ya es alarmante, en cuanto a las diligencias y audiencias que se están programando para meses después del relevo. Esa le está pegando fuerte a las y los litigantes y a sus defendidos, los usuarios de un sistema judicial que de alguna manera fue puesto en stand by durante esta etapa de transición, o incluso, desde que iniciaron las campañas, dos meses antes de las elecciones.

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Por lo pronto, en el Poder Judicial se difundió un acuerdo para suspender plazos y términos en todos los órganos jurisdiccionales.

Aplicará desde el 27 de agosto hasta el 2 de septiembre. No quiere decir que vayan a dejar de trabajar en la Ciudad Judicial y los juzgados. Se trata nada más de conceder en la más álgida etapa de la transición, una tregua al cumplimiento de plazos. Que nadie vaya a perder un asunto por alguna complicación en la operación del sistema que arrastre al vencimiento de términos.

Se trata de una previsión del Poder Judicial, hasta ahora la única que se ha tomada en torno a la función jurisdiccional.

Siguen los procesos pero se congelan los tiempos. Si hay alguna notificación en ese lapso de tiempo para surtir regularmente efecto un día después, se mueve todo para que corran términos desde el 3 de septiembre.

Esa previsión ayudará a que no se compliquen algunas situaciones legales, pero no abona contra el rezago o a destrabar los embudos que se están generando en distintas materias.

En lo Penal, puede considerarse grave el retraso en Juicio Oral. En un corto plazo podría ser humanamente imposible atacarlo sin que se amplíen las salas en operación o haya más personal, incluyendo a quienes representan el Ministerio Público.

Oficialmente, no se ha informado cuál es el tamaño del problema o los asuntos pendientes que se van a heredar para Juicio Oral. No se ha hecho pública toda esa radiografía del sistema judicial que sería interesante conocer en esta coyuntura.

Tampoco se sabe cuántas ordenes de aprehensión solicitadas están pendientes de resolver, cuántos casos están judicializados y cuáles están por tomar ese camino, además de los casos en que se deberá definir la vinculación o no a proceso. Realmente no hay claridad en el estado de cosas sobre lo que se entregará a las nuevas personas juzgadoras y el tamaño del déficit.

Además, no todas las nuevas personas juzgadoras iniciarán funciones debidamente capacitadas. Hubo quienes desatendieron los cursos que se establecieron con ese fin en esta etapa de transición. La falta de experiencia será crucial en audiencias de Control, si hablamos de la materia Penal.

Distintos elementos le abonan a la incertidumbre generalizada, aunque podría entenderse la situación por la magnitud del cambio que significó la Reforma Judicial y la renovación de 305 cargos de un solo golpe.

Será titánico el reto para que las certezas regresen y se construya la confianza en los nuevos actores y el nuevo sistema judicial. Abatir el rezago técnicamente será imposible si no se le reconoce primero y se establecen después, las estrategias específicas -con todo el recurso humano y material necesario- para afrontarlo.