El proceso y sus reglas para elegir a las personas juzgadoras en el sistema judicial estatal marcaron el inicio de la semana y darán mucha tela de dónde cortar porque los tiempos están encima y urgen las definiciones.

Todo será a contrarreloj a partir de este momento, ya que los plazos quedarán muy apretados de aquí a que se generen las boletas electorales para la votación del primer domingo de junio de este año.

Por eso hay acuerdo previo de sacar las leyes reglamentarias antes del 20 de enero.

Desde el fin de semana se apresuró el Grupo Parlamentario del PAN para presentar una iniciativa de “Ley Electoral para Elegir Personas Juzgadoras del Estado de Chihuahua”, ganándole el tirón a los morenistas que son los impulsores de la reforma que primero cuajó en el ámbito federal.

El caso es que se deberá definir cómo será la organización y calificación de las elecciones; el funcionamiento y competencia de las autoridades electorales locales para elegir personas juzgadoras; la determinación de las infracciones a la Ley, así como los procesos para la imposición de sanciones administrativas y, en general, todo el sistema de medios de impugnación para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones electorales.

La iniciativa que presentó el coordinador azul, Alfredo Chávez Madrid, fue puesta desde ayer sobre la mesa de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y generó un nuevo agarrón, luego de que en diciembre hubo acuerdo entre PAN y Morena para sacar en fast track la reforma constitucional estatal que permite la elección de jueces y magistrados por medio del voto popular.

A ver cómo se pone el ambiente en el Congreso, luego de que el coordinador panista declaró que desde las leyes secundarias se debe de “corregir el error de Morena a nivel federal”, para dar una “certeza legal y democrática”, también “imparcial y transparente”, en la elección de las personas juzgadoras.

Según Chávez, la iniciativa buscará blindar el proceso para que las personas que participen en la votación, no estén vinculadas con partidos políticos o grupos del crimen organizado.

La verdad, no hay mucha diferencia con el proceso federal.

La propuesta establece un esquema basado en la colaboración entre los tres poderes del estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), quienes tendrán la responsabilidad de evaluar y proponer a los aspirantes. Igual que en la elección federal, habrá un Comité de Evaluación por cada poder, integrado cada uno por cinco especialistas en derecho.

Los aspirantes deberán contar con una licenciatura en derecho, experiencia jurídica mínima de tres años, residencia en el estado y buena reputación, además de presentar un ensayo de tres cuartillas justificando su postulación y adjuntar referencias personales y académicas.

La iniciativa prohíbe cualquier actividad de precampaña o proselitismo antes del inicio oficial de las campañas, que tendrán una duración máxima de 60 días. También establece que las campañas no podrán recibir financiamiento público.

Hay una prohibición expresa a los partidos políticos para intervenir en el proceso y en las campañas de los interesados, lo que cree Mirone que no va a ser respetado porque todos quieren acaparar y controlar esas posiciones.

Se prevé mucha simulación en ese sentido.

En la propuesta panista, se señala que los magistrados se elegirán en una votación que abarcará todo el estado, mientras que los jueces serán electos dependiendo del distrito judicial en el cual compitan, considerando que el estado se divide en siete distritos judiciales.

La primera grilla viene con la integración de los comités de evaluación, instancias que serán responsables (se supone que actuando de manera independiente e imparcial) de depurar las listas de aspirantes.

La iniciativa detalla que los comités seleccionarán a las diez personas mejor evaluadas para cargos de magistratura y a las seis mejores para cada puesto de juez de primera instancia.

Se supone que también habrá candados para garantizar que la integración de los órganos jurisdiccionales cumpla con el principio de paridad de género, ajustando las listas de candidatos si es necesario.

El Congreso del Estado deberá después aprobar esas listas finales para enviar la información al Instituto Estatal Electoral, instancia que deberá incluir los nombres en las boletas electorales.

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En forma paralela, avanza también el proceso electoral a nivel federal para la elección de ministros, magistrados y jueces.

Aquí le hemos dado seguimiento especial al caso de una abogada especialista en Derechos Humanos, Olivia Aguirre Bonilla, quien quiere hacer historia como la primera mujer juarense en convertirse en ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aguirre Bonilla, litigante y catedrática de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que cuenta con dos maestrías y dos doctorados, pasó una fase más, al menos en cuanto al proceso a cargo del Poder Legislativo, y deberá someterse a una entrevista con el Comité de Evaluación.

Hoy por la mañana estará en la casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado de la República en la Ciudad de México, para contestar las preguntas de los especialistas que designó ese poder.

La derechohumanista se registró y cumplió los requisitos de las convocatorias en los tres poderes. Para el viernes tiene otra cita para entrevista con el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Aparte, está en veremos todo el proceso del Poder Judicial, el único que acató una suspensión definitiva y puso en stand by los trabajos de su Comité de Evaluación.

A la doctora en Derechos Humanos le notificaron vía correo electrónico que fue seleccionada. Le especificaron algunas instrucciones, como la de atender los principios de ética y equidad, y abstenerse de hacer contacto con algún miembro del Comité de Evaluación.

Ese comité será el responsable de filtrar a los aspirantes más idóneos para hacer un listado de 10 finalistas por cada cargo disponible. Como se elegirán 9 ministros, serán 90 nombres lo que proponga ese poder. Deberán estar en las listas las personas mejor evaluadas, tanto en sus perfiles profesionales, como en las entrevistas.

De acuerdo con las nuevas reglas para la elección de personas juzgadoras, cada poder seleccionará 90 nombres que se someterán a la tómbola para dejar al final 27 propuestas por poder, es decir, una terna para cada posición de ministro. De los nueve espacios, serán cinco para mujeres y cuatro para hombres.

Cuando los comités de evaluación hayan depurado sus listados, los deberán remitir a la autoridad que represente a cada Poder de la Unión para su aprobación y envío al Senado de la República.

Corresponderá al Senado enviar los listados al Instituto Nacional Electoral (INE) a más tardar el 12 de febrero, para que el órgano electoral diseñe e imprima las boletas que se utilizarán en la inédita elección de junio.

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Otra vez le fue muy bien al alcalde de la ciudad de Chihuahua, el panista Marco Bonilla, en la encuesta de Rubrum para evaluar a los presidentes municipales de las 31 capitales estatales.

Bonilla seguro anda brincando de contento porque quedó en el primer lugar en cuanto a la calificación por trabajo y desempeño. Los chihuahuenses le dieron un 7.6 de calificación, en una escala donde la más baja es 1 y la más alta 10.

Con eso tuvo el suspirante por la gubernatura para superar a sus homólogos de todas las capitales, según la encuesta telefónica levantada entre el 4 y el 10 de enero de este año.

Atrás de él quedaron Enrique Galindo, el alcalde priista de San Luis Potosí, con un 7.22, y el panista Leo Montañez de Aguascalientes, con un 6.79 de calificación.

En cuarto y quinto lugar se ubicaron los alcaldes de Monterrey y Querétaro, el priista Adrián de la Garza y el panista Felipe Fernando Macías, con calificaciones de 6.67 y 6.66, respectivamente.

En el ignominioso último lugar de las 31 capitales, quedó el morenista Eduardo Gattás, alcalde de Victoria, Tamaulipas.

En la calificación de los servicios públicos también se llevó Chihuahua el primer lugar, misma posición que conservó Bonilla al evaluarse su cercanía con la población gobernada.

En cuanto a la percepción de seguridad, sí cayó el Chihuahua de Bonilla un peldaño. Le ganó la pacífica y hermosa Mérida, capital de Yucatán.

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El tema de la pretensión de no multar por licencias vencidas, volvió a enfrentar a los regidores del Ayuntamiento juarense.

Se dio ayer otro encontronazo entre la priista Mireya Porras y el morenista Antonio Domínguez Alderete, el autor de la ocurrencia de votar en Cabildo un acuerdo para ordenar a los agentes de la Coordinación de Vialidad, no cumplir con el reglamento.

Resulta que la tricolor, que por mucho tiempo ha operado siguiendo la línea de la administración morenista, se aventó una jugada, al parecer para desactivar de una vez la iniciativa de Domínguez que en la última sesión ordinaria de Cabildo fue bateada y enviada a comisiones para su análisis.

Mireya convocó a la Comisión de Seguridad Pública a una sesión para este martes, presuntamente con la idea de dictaminar su anulación.

Por eso Domínguez Alderete se enojó y desconoció la convocatoria de Mireya, ya que el acuerdo había sido analizar el tema, pero en comisiones conjuntas, incluyendo a la de Gobernación y a la de Movilidad.

O sea que Mireya se intentó adelantar en su comisión, cuando el regidor Domínguez Alderete es quien coordina la Comisión de Gobernación, de donde salió la propuesta original.

El caso es que hay tiro. Por lo visto, ya se le complicó al regidor morenista llevar a buen puerto su propuesta o articular una alternativa viable.

A ver qué pasa con la convocatoria de Mireya en cuyo orden del día se especifica que se tratará el “Análisis del punto de acuerdo presentado por el regidor Antonio Domínguez, con la finalidad de abstenerse de aplicar infracciones por el motivo de contar con licencia vencida”.

Domínguez aseguró que la convocatoria con su orden del día, publicado a nombre de la regidora, no tiene legitimidad ni base de procedimiento legal para dictaminar sobre el referido asunto.

Según el edil de Morena, él mismo tiene que convocar a la reunión, pero estará en condiciones de hacerlo hasta la próxima semana.