Ayer, durante la sesión de la diputación permanente del Congreso del Estado, cinco diputados del PAN, Morena y del PRI abordaron el problema del Cereso Estatal Número 3, el de Juárez, con iniciativas para diagnosticar de manera permanente la peligrosidad de los reos, para despresurizarlo agilizando los beneficios de preliberación, para actualizar las bases normativas del Sistema Penitenciario de Chihuahua, pero, sobre todo, para enviar a todos los reos federales a penales del Gobierno federal que no están saturados.
De las intervenciones de los diputados Edgar Piñón, Omar Bazán, Oscar Castrejón Rivas, Margarita Blackaller y Mario Vázquez, destacó sin duda la de este último, porque con cifras duras puso el dedo en el renglón, en un tema que por mucho tiempo se ha convertido en un grito en el desierto de gobiernos municipales y estatales, para que la Federación se haga cargo de sus presos.
Vázquez precisó que en los nueve penales de Estado hay espacio para 7 mil 386 reos, pero existe una población de 9 mil 901, lo que representa una sobrepoblación del 20.52 por ciento.
De todos esos reclusos, 873 corresponden al fuero federal y son de los más peligrosos, porque la mayoría de ellos pertenecen a grupos criminales que operan en la entidad.
El diputado panista reveló que, los 14 centros penitenciarios del Gobierno federal tienen capacidad total de 28 mil 520 y actualmente hay 18 mil 855 internos, lo que demuestra que no están saturados y tienen espacio para 9 mil 665 reos.
Por esa razón, nada justifica que el Gobierno central no se haga cargo de sus reos y dejen la carga y responsabilidad al estado de Chihuahua, con las consecuencias que ya se vieron el pasado primero del año.
En su planteamiento ante la permanente, Vázquez dijo algo muy cierto, que la Federación ahorra recursos y desperdicia espacios penitenciarios, que bien pudieran ser ocupados por personas vinculadas al crimen organizado y narcotráfico, que son los que desestabilizan las cárceles estatales, sembrando el terror en la población.
El líder de los diputados panistas aprovechó su intervención para darle de pasada un coscorrón al delegado federal Juan Carlos Loera, por las declaraciones que ha hecho recientemente contra el gobierno de Maru Campos.
Le dijo que, mientras ocurren eventos trágicos como el del Cereso 3, “las autoridades federales han estado tan campantes, así como sus delegados estatales, responsabilizando por medio de declaraciones públicas a las autoridades estatales, por los actos que desequilibran los centros penitenciarios y las ciudades donde se ubican, cometidos por presos que debieron estar purgando sus condenas en cárceles federales”.
Enfatizó también que no se vale hacer críticas donde no se admite corresponsabilidad, pues desde los hechos del “jueves negro” en agosto del 2021, se conocía la peligrosidad de “El Neto”, pero el gobierno federal no realizó ningún traslado de procesados a los penales federales, hasta que ocurrió lo del primero de enero. Entonces sí, ahogado el niño, tapen el pozo.
………………
Si el control del flujo migratorio hacia los Estados Unidos es la prioridad de la administración del presidente Joe Biden, como lo dejó ver en su visita el domingo a El Paso, Texas, tiempos difíciles habrá en Juárez en los próximos meses, para atender a los migrantes que no logren cruzar y a los 30 mil que sean deportados mensualmente.
Las reglas de Biden, que están siendo presionadas por la falta de resultados a su política migratoria y no haber depuesto también las medidas antimigrantes de Donald Trump, colocan a Juárez en el ojo del huracán, porque México ya aceptó los primeros términos para el control de miles de migrantes y alojarlos en suelo nacional. O sea, en la frontera norte, porque no se los van a llevar al sur ni al centro del país, como ingenuamente andan diciendo.
Entre esos términos, está la condición que el gobierno de Biden impondrá a los migrantes para que aquellos que no soliciten primero asilo, en los países que atraviesan rumbo a los Estados Unidos, no serán aceptados en las cortes norteamericanas.
El Gobierno de México ya había rechazado antes ese condicionamiento, conocido como “tercer país seguro”, pero después de aceptar recibir a los 30 miles migrantes que sean devueltos cada mes, seguramente también, como dicen los chavos, le hizo los honores a la orden de: aflojando y cooperando.
Todo eso y el futuro por venir para la ciudad, lo sabremos este martes cuando concluya la cumbre de los tres compas y se den a conocer los acuerdos en materia migratoria. A cruzar los dedos para que no nos echen toda la bronca por esta frontera.
………………
Otro panista que deja las filas de Acción Nacional para brincar a las tribus de Morena es el abogado Iván Solorio Gallardo, quien ayer fue nombrado por el Ayuntamiento, presidente del Consejo Local de Tutelas del Municipio de Juárez.
Solorio Gallardo, asumió desde ayer el puesto como funcionario de la administración municipal y estará en el cargo hasta enero del 2024, de acuerdo con el Código Civil para el Estado de Chihuahua y el Reglamento del Consejo Local de Tutelas.
El abogado Solorio fue jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento durante la administración del notario Jesús Alfredo Delgado, fue asesor de los regidores panistas en el primer trienio del ingeniero Héctor Murguía y regidor suplente en ese mismo periodo.
Aunque el puesto no le es desconocido, porque en el 2008 fue miembro del Consejo Local de Tutelas y hasta el 2020 se desempeñó como tutor, su nombramiento sorprendió y desilusionó a muchos panistas juarenses, por su trayectoria en las filas de este instituto político y sus vínculos cercanos con militantes de mucho arraigo en el PAN, como su compadre Raúl García Ruiz, actual director estatal del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, Ichife.
Solorio llega bien acreditado y con la bendición del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien con su nombramiento manda un mensaje de inclusión de militantes de otros partidos que son valiosos para su administración, por lo que difícilmente podrá ser grillado o impugnado por las huestes rijosas de Morena.
………………
La figura de síndica o síndico tiene como principal responsabilidad, la vigilancia del patrimonio y la hacienda municipal, además de otras facultades de inspección y auditorias de las dependencias municipales, pero no es está dentro de sus atribuciones la entrega de apoyos a personas ni a organizaciones sociales y menos con recursos públicos.
Su función tampoco contempla que tengan que viajar con cargo al erario, porque su labor fiscalizadora se hace de manera permanente en las dependencias municipales, y todas se encuentran en la ciudad.
Por lo mismo resultó absurda e improcedente la petición que en Nuevo Casas Grandes hizo la síndica Venus Yadira Olmos Hernández, al solicitar el presupuesto 2023 para su sindicatura donde pidió 1 millón 589 mil pesos para su operación, en el que incluía viáticos para viajar, recursos para apoyos sociales a personas y ¡un auto! Como diría el popular conductor Marco Antonio Regil, ¡Un auto! Obviamente que esos números les hicieron ruido a los regidores y no le aprobaron sus excentricidades a la síndica, por lo que le dieron un bajón de poco más de 300 mil pesos y le dejaron el presupuesto en 1 millón 284 mil pesos, quitándole también los 220 mil pesos que pedía para el automóvil nuevo.