Este lunes se cumplen 9 meses de los asesinatos de dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas en Cerocahui y hasta ahora, la masacre se mantiene impune, pues el criminal José Noriel Portillo, “el Chueco”, sigue huyendo a salto de mata, burlándose de todas las autoridades.

Las promesas que han hecho las autoridades investigadoras y hasta el mismo presidente de la República, en el sentido de que la detención del Chueco era inminente, que estaban a unas horas de capturarlo, que estaba cercado, y que no tenía a dónde ir, han sido como viles mentiras, para ganar tiempo y que el asunto se olvide en el imaginario colectivo.

Craso error si eso esperan los encargados de procurar y hacer justicia, pues la organización jesuita ha creado un sitio en internet, cerocahui.jesuitasmexico.org, en el que cuentan los días transcurridos sin que haya justicia, pero también las historias de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, asesinados en el altar de la parroquia de San Francisco Javier, en Cerocahui, el 20 de junio del 2022.

En ese sitio, la Compañía de Jesús publica todas las muestras de solidaridad y exigencia de justicia de diferentes organizaciones, como la Anuies, la Asamblea Oaxaqueña, la Asociación de Universidades Jesuitas en América Latina, de la Iglesia Anglicana, Religiosas Jesús María, Los Caballeros de Colón, Orden de las Carmelitas, la Conferencia de Superiores Religiosas de México, las Comunidades Cristiana, Luterana y Judía, la Ibero, el Iteso, la Universidad La Salle, Los Maristas y las Teresianas, entre otras.

Esa exigencia se materializará hoy en otro posicionamiento de los jesuitas, porque lo que han hecho hasta ahora las autoridades, se puede sintetizar en dos palabras: el ridículo.

No se explica que ni el despliegue de mil hombres que supuestamente iban a acorralar al asesino, ni la recompensa de 5 millones de pesos por datos que ayuden a localizarlo, han servido de nada.

Para los habitantes de aquella región hay una razón de esa incapacidad y negligencia para detener al Chueco: son muchas las complicidades que el bandido serrano tenía con las autoridades y por lo mismo, a nadie le conviene que sea detenido y comience a soltar la sopa.

Y es que no se entiende de otra manera que siga libre y manejando a su grupo criminal, como lo ha venido denunciado la propia comunidad jesuita en la sierra. La más evidente prueba de ello son los asesinatos que siguen cometiendo los gavilleros de su banda en esa región.

A ver con qué cuento salen ahora los sagaces investigadores que tienen el seguimiento al triple crimen, para justificar los palos de ciego que siguen dando.

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Regidores del municipio de Juárez le pondrán esta semana la cazadora al director de Obras Públicas, por la inversión que por el concepto de subsidio pretende hacer para la remodelación de la presidencia seccional de Samalayuca y el parque público de ese poblado.

Los ediles dicen, que están de acuerdo en que se haga obra en esa sección municipal, pero exigen que el gasto se realice mediante el proceso de licitación, como lo exige la ley, y no por el de subsidio para eludir esta obligación.

Son seis millones de pesos los que se han destinado para los trabajos del edificio de la presidencia seccional y el parque de la plaza principal, que por muchos años no han recibido atención.

El tema será abordado en la próxima sesión de Cabildo del miércoles, y aunque no se trata de una acción ilegal, porque existe una cuenta de subsidios para gastos extraordinarios del Municipio, la Ley de Adquisiciones estipula que las inversiones superiores al millón de pesos deben realizarse mediante el proceso de licitación abierta.

A ver si después de ese subsidio, se destinan otros similares para atender las necesidades en obra pública de los olvidados ejidos del Valle de Juárez, que también forman parte de la comunidad fronteriza.

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La militarización de las aduanas fronterizas de México ya está generando serios problemas a los paisanos que, al llegar a las garitas fiscales, son víctimas de abusos, extorsión y hasta decomisos, de los artículos para el hogar que llevan a sus familiares en diferentes puntos del estado y del país.

En las aduanas de Juárez, Palomas y Ojinaga se están presentado estos problemas con el personal de la Guardia Nacional, quienes someten a los paisanos a minuciosas revisiones, les piden documentos de los artículos usados de uso doméstico que llevan en sus vehículos, y les recitan supuestas leyes fiscales, para luego “vacunarlos” con la respectiva “cooperación” que les permita seguir su camino.

Se han dado casos, denunciados en las redes sociales, de que los militares les piden documentos que comprueben su nacionalidad y lugares de residencia, una facultad que en todo caso es competencia del Instituto Nacional de Migración, que es la autoridad que en el país auspicia el programa “Hermano Paisano”.

Mediante dicho programa, se busca proteger a los paisanos de abusos por parte de cualquier autoridad, cuando regresan al país en cualquier temporada del año, pero los militares se lo pasan por el arco del triunfo y convierten los recintos fiscales en tierra de atropellos.

Las quejas de los paisanos solo demuestran que la absurda militarización de las aduanas no ha terminado con la corrupción en las garitas fiscales de Chihuahua, sino que está incubando violaciones a los derechos que tienen todos esos mexicanos, que gracias a sus remesas son un factor clave en la economía de México, porque representan la principal fuente de divisas.

Vale señalar que, en los dos últimos años, a pesar de la pandemia, las remesas que enviaron los paisanos a México desde los Estados Unidos, ascendieron a 89 mil 985 millones de dólares…y aun así los siguen maltratando cuando vienen a visitar a sus familias. El colmo.