A partir del 30 de marzo, los ciudadanos empezarán a conocer a un ejército de candidatos a convertirse en personas juzgadoras, unas bien armadas para hacer sus campañas, muy pocas, y otras desprovistas de recursos, la gran mayoría.

Estamos ante la más fuerte sacudida al Poder Judicial después de las reformas constitucionales que instauraron la elección por voto popular, en procesos inéditos que además empalmarán la renovación de los cargos federales con los estatales, con grandes retos para las autoridades electorales.

No únicamente será una elección costosa en el aprendizaje, también económicamente. Nada más para la organización de la elección federal, el Instituto Nacional Electoral ejercerá un presupuesto de 6 mil 329 millones de pesos.

Con ese recurso, se organizará la votación para elegir 881 cargos judiciales en todo el país.

Hablamos de 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) y 15 magistraturas de las Salas Regionales del Tepjf.

Además, está la elección de 5 Integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de Circuito y 386 juezas y jueces de Distrito.

A los chihuahuenses les pedirán su voto desde el 30 de marzo, fecha en que inician las campañas, las y los aspirantes a un lugar en la Corte, quienes quieren una magistratura de la Sala Superior del Tepjf y quienes buscan llegar a la Tribunal de Disciplina.

Todos esos cargos se compiten a nivel nacional. En el caso de las salas regionales del Tepjf, pedirán el voto de los chihuahuenses, exclusivamente quienes aspiren a ocupar las tres magistraturas de la Sala Regional Guadalajara, donde se atiende a la primera Circunscripción electoral en la que se ubica el estado de Chihuahua.

Aparte, exclusivamente en Chihuahua, que corresponde al Decimoséptimo Circuito, dentro del Poder Judicial de la Federación, habrá elección para renovar la mitad de los 12 juzgados de Distrito, donde despachan jueces y juezas, además de los 7 tribunales colegiados y 2 tribunales de Apelación, donde despachan magistradas y magistrados. Hay también 3 tribunales laborales con juezas y jueces, igual que ocurre en los Centros de Justicia Penal Federal, uno en la capital del estado y otro en Ciudad Juárez.

Las y los aspirantes, incluyendo en varios casos a quienes ya están en el cargo e hicieron valer su derecho a competir (otra parte optó por el retiro o jubilación), aparecerán por primera vez en la historia, pidiendo el voto de la gente.

En el plano federal, serán al menos 40 los espacios en disputa en los que podrán incidir las y los chihuahuenses el 1 de junio. A cada candidatura le corresponderá, en lo particular, hacer su propia campaña.

La campaña será otro gasto, pero ese quedará a cargo de cada aspirante, ya que en la nueva legislación quedó expresamente prohibido el financiamiento público, al igual que el privado.

Ya hubo polémica por el tope de gasto de campaña, y luego de distintas impugnaciones, el INE rectificó el monto que había fijado para cualquier cargo en 220 mil 326 pesos.

En acatamiento a una sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), el Consejo General del INE, fijó cuatro distintos topes de gastos en función del tipo de elección, de acuerdo con las características y peculiaridades del presente proceso electoral extraordinario.

El tope de 220 mil 326 pesos se quedó nada más para juezas y jueces de Distrito. Para magistraturas de tribunales colegiados y de apelación se subió a 413 mil 111.63 pesos y para magistratura de Sala Regional del Tepjf se fijó en 881 mil 304 pesos.

Esa diferencia tiene que ver con el ámbito territorial de la elección. La primera corresponde a un distrito judicial, la segunda a un circuito judicial (como el Decimoséptimo de Chihuahua) y la tercera a una circunscripción que abarca a varios más estados.

Únicamente quienes competirán en un ámbito nacional (para llegar a la Corte, al Tribunal de Disciplina Judicial o la Sala Superior del Tepjf podrán gastar hasta un millón 468 mil, 841 pesos.

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En la elección estatal (para personas juzgadoras que formarán parte del Poder Judicial del Estado de Chihuahua), ni siquiera se han definido todavía los topes de campaña por parte del Instituto Estatal Electoral.

La elección local va unos pasos atrás de la federal, ya que la armonización en las constituciones estatales vino después de la reforma judicial a nivel nacional.

Sin embargo, las campañas también iniciarán el mismo 30 de marzo, para concluir 60 días después, el 28 de mayo.

En el plano estatal hay muchas más candidaturas. No únicamente porque hay más cargos por el tipo de delitos que se atienden en la estructura judicial, también porque el Congreso del Estado decidió que se renovarían completamente todos los espacios de magistraturas, jueces y juezas. A nivel federal, este 2025 únicamente se irá a la votación por la mitad de los cargos. La otra mitad (se definió por tómbola) se elegirá hasta el 2027.

Cuando arranquen las campañas, en todo el estado de Chihuahua empezarán a pedir el voto 856 personas candidatas.

De ellas, 18 (10 mujeres y 8 hombres), aspiran a un puesto en el Tribunal de Disciplina Judicial y 72 (32 mujeres y 40 hombres) buscan una Magistratura en el Tribunal Superior de Justicia.

Además, 766 (359 mujeres y 407 hombres) competirán por un cargo en los Juzgados de Primera Instancia y Menores.

Las 856 personas pelearán por los 305 cargos disponibles. Habrá espacios para 3 magistradas y 2 magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial y para 15 magistradas y 15 magistrados en el Tribunal Superior de Justicia.

En cuanto a Juzgados de Primera Instancia y Menores, también se dividirán mitad y mitad: 135 para mujeres y 135 para hombres.

La elección de juezas y juezas será por distrito. Son 14 en la entidad y a Juárez (Distrito Judicial Bravos), le corresponde el Distrito V, de acuerdo con la nomenclatura del IEE.

Hay aquí 83 espacios por llenar, pero la lista de candidatos al menos triplica ese número. Aparte están las candidaturas a las magistraturas, que al igual que en los juzgados, se dividen por la materia o tipo de delito que manejan (Penal, Civil, Familiar y Especializada en Justicia para Adolescentes).

Son un mar de candidaturas. También están los 18 hombres y mujeres que quieren quedarse con una de las cinco posiciones en el Tribunal de Disciplina Judicial. Ahí serán tres para mujeres y tres para hombres.

Quienes buscan las 30 magistraturas del Tribunal Superior, son 72 candidaturas de hombres y mujeres.

El proceso para elegir a las 305 personas juzgadoras en todo el estado costará 328 millones de pesos. Ese fue el presupuesto extraordinario aprobado para el Instituto Estatal Electoral.

Aparte está el recurso que cada candidatura gastará en campaña, bajo las mismas reglas federales de cero financiamiento público y privado.

Serán las primeras elecciones en las que esté prohibida la participación de los partidos políticos.

De acuerdo con la nueva legislación, los partidos no pueden promover, apoyar o criticar públicamente a una candidatura; tampoco entregar regalos, dinero o cualquier beneficio en favor de una candidatura.

También están impedidos para comprar publicidad en medios de comunicación, redes sociales o espacios físicos para promover a ninguna persona candidata, así como pagar a personas o empresas para hacer y difundir encuestas con la intención de influir en la ciudadanía.

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Viene un reto enorme para las autoridades electorales. Tanto para el INE como para el IEE, instancias que deberán coordinarse para las elecciones convergentes, ya que los votos se recibirán en una misma casilla para todos los cargos en disputa.

En todo el país se instalarán 84 mil 200 casillas seccionales, incluyendo 71 mil 108 básicas, 12 mil 753 continuas y 249 especiales.

Para el estado de Chihuahua se consideraron 3 mil 507, correspondiendo a las básicas 3 mil 209, 295 contiguas y 3 especiales.

Ya está corriendo el proceso de impresión de boletas electorales, las cuales llegarán a 602 millones, 387 mil 442. A nivel estatal, todavía no se define el número, aunque ya se aprobaron los modelos que deberán imprimirse.

El elector juarense recibirá en las casillas un total de 14 boletas, seis para los cargos federales y ocho para los estatales. Ahí hará sus múltiples elecciones, entre los listados de candidatos para cada cargo.

El conteo de los votos no será en esta elección en las casillas, sino en las juntas distritales.

Ni en las casillas, ni en las juntas distritales habrá en esta ocasión representación partidista. Toda la responsabilidad será ciudadana, depositada en los funcionarios de casilla que reciban los votos, pero también en el personal y en los consejeros ciudadanos que integran las asambleas distritales.

El conflicto y el litigio poselectoral no se descarta. Desde las etapas tempranas del proceso se han registrado varias impugnaciones por medio de distintos recursos jurídicos.

Según el más reciente reporte del INE, a la fecha se han tramitado 159 medios de impugnación. Hablamos de 16 Recursos de Apelación (RAP), 132 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC), 10 Recursos de Revisión Administrativa (RRV) y 1 Procedimiento Especial Sancionador (PES).

Cuando arranquen las campañas el 30 de marzo, vendrán más impugnaciones y el punto culminante llegará seguramente con la jornada electoral.

Realizadas las votaciones, las sesiones de cómputo se extenderán hasta el 15 de junio. O sea que se prevén varios días para contar los votos, antes de que se pueda conocer a los ganadores y ganadoras de la elección.

Faltan 70 días para las elecciones, 8 para que inicien las campañas que se prologarán por 60 días, antes del periodo de reflexión o silencio.

Sobre la marcha, como ha ocurrido todo desde que se aprobó la Reforma Judicial, se irán resolviendo las dudas y llenándose las distintas lagunas que dejó la nueva legislación.