Ahora no fue por andar haciendo sus pasitos de baile, pero el exgobernador César Duarte saltó nuevamente a la escena pública, cuando se dio a conocer una comparecencia suya ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México.

La verdad es que no se clarificó el motivo o la causa penal que debe de atender en la esfera federal, por lo que inmediatamente se hicieron distintas lecturas, la más común, vinculando la comparecencia con el caso de la operación ilegal de presas y presones, además de un pozo irregular en su rancho El Saucito, en el municipio de Balleza.

Recientemente, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, ejemplificaron con el caso del exgobernador de Chihuahua, cómo es que en distintos puntos del país, operan u operaron acaparamientos ilegales de agua y pozos sin la debida concesión.

De distintas formas, dijeron que Duarte aprovechó su poder político para robar el agua, despojando del recurso y dejando desprotegidos a otros usuarios.

“Hemos detectado algunos (casos) que son muy emblemáticos. Este es el caso de Chihuahua, del exgobernador (César) Duarte, quien durante su periodo de Gobierno se mandó a construir una presa al interior de un rancho de más de 600 hectáreas que provocó un acaparamiento en toda la región”, dijo el funcionario en una de las mañaneras, junto a la presidenta Sheinbaum.

El Gobierno Federal destruyó una presa y cinco presones en la propiedad del exmandatario (se habló de un “rescate” o recuperación de 700 mil metros cúbicos de agua), pero también anunció que procedería penalmente por el uso ilegal del agua. De ahí que hoy se vincule la comparecencia de Duarte con ese caso.

En un comunicado de prensa que emitió la Conagua el 4 de junio de este año, se especificó que esa institución presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, derivadas de los presuntos actos ilícitos de los que se tuvo conocimiento en una diligencia realizada el pasado 27 de mayo, como el posible uso ilegal de bienes nacionales y maltrato animal.

En esa diligencia, la Conagua presentó ante el Juzgado Décimo de Distrito, donde Duarte promovió un amparo, los fundamentos jurídicos y las razones que acreditaban la legalidad de las acciones emprendidas por la institución, que finalmente obtuvo el triunfo jurídico.

Conagua demostró que la suspensión provisional otorgada a diversos ciudadanos para detener la demolición de la presa y las represas era improcedente, porque se trataba de un asunto que había agotado todas las instancias impugnativas (causó estado), además, por la trascendencia que implicaba para la sociedad y el interés colectivo.

La Comisión consideró, en su momento, que los medios de defensa emprendidos en favor de las obras ilegales eran una maniobra para intentar evadir un acto de justicia encaminado a evitar el acaparamiento de agua en una cuenca con alto estrés hídrico.

La Conagua dijo haber implementado sanciones en El Saucito por realizar obras sobre propiedad federal, aprovechar el recurso hídrico y desviar el cauce normal de un cuerpo de agua, sin contar con el permiso correspondiente.

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Ahora, fue el Tribunal Superior de Justicia del estado de Chihuahua, la instancia que informó, por medio de comunicado de prensa fechado el viernes 3 de octubre, que Duarte comparecería en México y que el Tribunal local coordinaba el traslado bajo estrictas medidas de seguridad.

“En atención al debido proceso y en cumplimiento estricto de la legalidad, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, da a conocer que el ciudadano César Duarte Jáquez será trasladado a la ciudad de México, con la finalidad de comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), en atención a una diligencia legal correspondiente a su proceso judicial”, señala el texto.

Especifica que la comparecencia se programó en cumplimiento al oficio FGR/FECOC/FEIAR-1951/2025, emitido por la Fiscalía General de la República desde el 19 de septiembre de 2025. 

“Por lo que un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, autorizó el traslado del imputado para cumplir con esta actuación procesal, una vez realizada la revisión correspondiente de la solicitud”, detalla el texto oficial.

Pese a que está muy claro que hay un proceso federal abierto contra el exgobernador Duarte, tanto el exmandatario como sus abogados, fijaron su posicionamiento, desestimando el alcance de la comparecencia.

Apenas momentos después del comunicado del Tribunal Superior, el propio Duarte dijo que viajó en Aeroméxico con dos de sus abogados y con sus propios medios para “revisar” un amparo que ganó en la capital del país.

Negó que haya intervenido alguna otra institución en su traslado o que se haya realizado con algún tipo de custodia.

“El licenciado Duarte no fue trasladado… él se trasladó en compañía de dos de sus abogados para conocer una carpeta que no nos habían dado acceso y que un juez de Distrito ordenó que nos dieran acceso. No va a rendir declaración alguna, solo se van a imponer de la carpeta”, se afirmó en un comunicado firmado por su representante legal, Juan Carlos Mendoza Luján.

Según el escrito, el viaje de Duarte tuvo el único propósito de acceder a una carpeta de investigación a la cual no se les había permitido el acceso y cuyo conocimiento fue ordenado por un juez de Distrito.

De acuerdo con Mendoza Luján, el exgobernador no acudía a rendir declaración alguna ante la Fiscalía General de la República (FGR) y tampoco se trataba la diligencia de algún acto procesal adicional.

Cuando el TSJ difundió la información, aseguró que el procedimiento era estrictamente legal y controlado, que el traslado se efectuaba “bajo la custodia de un grupo de agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, cuya única función es garantizar su seguridad y retorno” y que “el ciudadano César Duarte porta en todo momento su brazalete electrónico de localización”.

Agregó que “no existen desvíos, cambios de ruta ni modificaciones en las condiciones establecidas” y que el desplazamiento “obedece únicamente a esta diligencia, sin incluir otras actividades adicionales”.

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En el comunicado del TSJ, hay una clave interesante, cuando se menciona el oficio emitido por la FGR y se incluyen las siglas de la FECOC, la Fiscalía Especializada de Control Competencial.

De acuerdo con el estatuto orgánico de la FGR, dentro de la FECOC hay varias fiscalías especializadas, así que no hay certeza de cuál sea la que está actuando en contra de Duarte.

Está la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, a la que le corresponde participar en la investigación y persecución de los hechos que la ley señale como delitos y de los fenómenos delictivos de orden federal que le sean turnados por la persona titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, previo acuerdo con la persona titular de la Fiscalía General de la República.

Bien podría ser el caso, ya que, por tratarse de un exgobernador, fácilmente podría haber un acuerdo al respecto por parte del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.

También la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, la cual es competente en la investigación y persecución de los hechos que la ley señale como delitos comprendidos en el Código Fiscal de la Federación, así como los previstos en la Ley del Seguro Social y las leyes relativas a las instituciones que integran el sistema financiero.

Igualmente podría estar aquí el asunto. No hay que olvidar que varios de los Expedientes  X que derivaron en causas penales que involucraron al exgobernador, a empresarios, funcionarios y colaboradores, tuvieron que ver con triangulaciones y utilización de empresas factureras, incluyendo el caso de la Operación Safiro, el expediente que llevó a la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, alias La Coneja, el exsecretario general adjunto del CEN del PRI,  con funciones de tesorero en los tiempos de Manlio Fabio Beltrones como presidente.

El tema de la erradicación y sanción para las factureras está en la agenda presidencial.

Además, está la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, a la que le corresponde conocer de los hechos que la ley señala como delitos contra el ambiente, acorde con el Código Penal Federal, y los previstos en la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en leyes especiales del orden federal que no sean competencia de otra Fiscalía Especial.

Lo señalamos líneas arriba. La Conagua interpuso una denuncia por lo encontrado en el rancho El Saucito, lo que podría encuadrarse en los delitos que corresponde investigar a esta Fiscalía Especializada. Sin embargo, el propio Duarte promovió en este caso varios amparos.

La FECOC incluye también a la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, aquella facultada para coordinar y supervisar el ejercicio de las atribuciones de las personas agentes del Ministerio Público de la Federación en materia internacional.

Es el enlace con autoridades extranjeras y participa, entre otras cosas, en la investigación y persecución de los hechos que la ley señale como delitos cometidos en el extranjero.

No hay que olvidar que Duarte fue detenido en Miami y luego extraditado por unas de las causas penales, pero siempre se dijo que la Fiscalía General del Estado había buscado agregar nuevas causas penales, bajo un principio de excepcionalidad, dentro del tratado de extradición y dentro de lo que se conoce como un criterio de especialidad.

Además, está el tema de las 50 propiedades en Estados Unidos que la Administración estatal informó en su momento haber ubicado, por medio de la contratación de un despacho privado, en Florida, Texas y Nuevo México.

Apenas en junio de este año, un juez estadounidense resolvió que no se presentaron pruebas suficientes por el Gobierno de Chihuahua para acreditar alguna compra ilegal de parte del exmandatario, pero de acuerdo con el también exgobernador Javier Corral, las propiedades existen y fueron adquiridas por prestanombres de Duarte con los recursos sustraídos del erario.

Ahí quedó archivada la denuncia por lavado de dinero y enriquecimiento con recursos de procedencia ilícita. Quién sabe si jurídicamente sea procedente retomarla.

Aparte, la Fiscalía General del Estado ha informado que Duarte aún enfrenta 18 causas penales que pueden generar nuevas órdenes de aprehensión por la comisión de distintos delitos de corrupción, en el ámbito estatal.

La posibilidad de que el exmandatario regrese a prisión por las otras causas penales, depende de la evolución de los procesos judiciales y de las decisiones que tomen los jueces estatales, ha señalado el fiscal César Jáuregui.

Aunque hasta hoy, Duarte ha librado el juicio por la causa abierta en su contra por peculado agravado por 98 millones de pesos, además de gozar de la medida cautelar del uso del brazalete electrónico para no estar en prisión, desde la presidencia de Claudia Sheinbaum puede decidirse una actuación distinta en el ámbito federal.

Si en el fuero común se le ha protegido, es muy probable que le haya cambiado su suerte por decisión presidencial. A final de cuentas, lo decía el propio Duarte: “El poder es para poder y no para no poder”.