Las denuncias que develaron irregularidades en la Recaudación de Rentas pondrán otra prueba al Sistema Estatal Anticorrupción y las diferentes instancias que lo integran, empezando por la Secretaría de la Función Pública.

Ante la Función Pública se presentó el paquete de denuncias por presuntos actos irregulares que involucran al recaudador de Rentas en Ciudad Juárez, Raúl García Ruiz.

Lo que se espera ahora es que la investigación a la que está obligada esa dependencia se realice a profundidad y se sigan todos los procedimientos para que, si hay una conducta sancionable o algún delito de corrupción, pueda ser castigado.

Lo que no es admisible es que, como suele pasar con ciertas denuncias, simplemente se archiven o se simule que se les da seguimiento, sin cumplir con los debidos procesos y protocolos.

La impunidad es el alimento de la corrupción. Ni en este ni en ninguno otro caso cabe el proteccionismo político-partidista para el funcionariado, independientemente del nivel de responsabilidad.

No son cosas menores. En las denuncias presentadas por una exfuncionaria de Recaudación, se señala a García Ruiz por haber autorizado al menos tres trámites vehiculares, en cuyos casos los promoventes presentaron documentación aparentemente falsa.

En uno de esos casos, el recaudador habría validado documentos apócrifos para un vehículo con reporte de robo en la Fiscalía General del Estado.

También habría firmado autorizaciones sin verificación física del vehículo para casos en que se tenía que demostrar la propiedad del automotor.

En las denuncias también se señaló que cajeros de Recaudación cobran servicios como tramitadores, que operan tramitadores no autorizados y que se alquilan comprobantes de domicilio del personal, para hacer ciertos trámites. Todo estaría ocurriendo por corrupción.

Otros hechos irregulares serían supuestos gastos de caja chica no comprobados, uso de vehículos oficiales para otros fines, compra de materiales para reparaciones no utilizados, además de pérdida de placas y expedientes, entre otros.

Si nada pasa, no sería la primera vez que falla, no informa qué ocurrió o se queda trunca en sus investigaciones la Secretaría de la Función Pública. Ya libró García Ruiz un expediente de ese órgano cuando fue titular del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife).

Se supone que, en septiembre de 2022, la Función Pública abrió una investigación por un caso de presunto conflicto de interés por la concesión de siete cafeterías del Colegio de Bachilleres (Cobach) entregadas a un hermano y un primo del funcionario.

Hubo firmas de contratos en beneficio de sus familiares cuando él era director general y su cargo dependía de su amigo Javier González Mocken, entonces titular de la Secretaría de Educación y Deporte, también cabeza de sector para el Cobach.

En aquel entonces también hubo denuncias ante el Órgano de Control Interno de la Secretaría de Educación y se supone que la Auditoría Superior del Estado hizo su respectivo trabajo, pero nada pasó.

Por eso señala Mirone que el Sistema Estatal Anticorrupción ya quedó a deber y está a prueba nuevamente en este caso.

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No tocó el Tribunal Estatal Electoral (TEE) todavía al Distrito Bravos o Morelos, donde hay mayor expectativa sobre las impugnaciones, pero al resolver un tema del Distrito Judicial Abraham González (Delicias) dio color sobre lo que puede venir para otros distritos.

El TEE resolvió la anulación de las casillas 937, 2288 y 3282 en la elección de jueces penales e instruyó al Instituto Estatal Electoral a realizar un nuevo cómputo, por lo que sí habrá una variación en la lista de jueces electos, ya que las diferencias fueron muy reducidas.

El motivo de la anulación, fue que la votación se recibió por funcionarios que no estaban legalmente facultados para desempeñar esa función, ya que no residían en las secciones electorales correspondientes al distrito.

La incertidumbre se apoderó ayer de los contendientes, ya que hasta el momento se desconoce con precisión qué jueces o juezas serán excluidos como resultado de este nuevo proceso de asignación, derivado del nuevo conteo.

El cómputo que originalmente validó la Asamblea Distrital Abraham González (Delicias, Julimes, Meoqui y Rosales) había arrojado a los siguientes ganadores: Laura Cristina Acosta Reaza, César Alejandro Carrasco Borunda, Ibis Esaú Carrasco González, Zulma Nayeli Castañón Holguín, Zulema García Aude, Grace Kelly Almanza, Luis Armando Rey Ponce y Fernando Manuel Rocha Márquez.

Son cuatro hombres y cuatro mujeres. Quienes ahora peligran están al final de las listas como los menos votados. Por las mujeres sería Laura Cristina Acosta (6 mil 949 votos) y por los hombres Luis Armando Rey Ponce (7 mil 352).

Por el contrario, quienes podrían subir con el nuevo cómputo, serían Hortencia Villalobos Martínez (6 mil 911 votos) y Ricardo García González (5 mil 408), aunque en el caso de los hombres es poco probable, ya que la diferencia sí es bastante con quien le antecede en la lista

En Juárez y Chihuahua también hay votaciones muy cerradas que bien pueden cambiar de orden a los ganadores si procede la anulación de algunas casillas y si es que hubo impugnaciones en ese sentido.

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Quienes no se detienen en los preparativos para el cambio de poderes, aunque las impugnaciones pendientes podrían cambiar escenarios, son los magistrados electos del Tribunal de Disciplina Judicial.

Ayer invitaron a la eventual futura presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera Sandoval, a una reunión en La Casona

El reloj sigue su marcha y como está el tiempo encima para el estreno de nuevas instituciones, ambos órganos jurisdiccionales tienen que ponerse de acuerdo hasta para la distribución de espacios físicos en los que deberán trabajar desde el 1 de septiembre.

El Tribunal de Disciplina básicamente toma la que era de la Judicatura, pero la nueva legislación agregó la llamada Alta Sala que será el órgano de administración judicial, instancia que hará crecer la estructura burocrática y necesitará más espacio.

Francisco Acosta, el futuro presidente del Tribunal de Disciplina (ya que fue el más votado) lleva la batuta en la serie de reuniones en La Casona, a las que han acudido los demás integrantes: Daniel Meza, Nancy Escárcega, Yadira Gramer y Jazmín Alanís.

Hay otro gran tema pendiente que es la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, para ajustar y detallar todas las atribuciones de los distintos tribunales.

La Alta Sala del Tribunal de Disciplina Judicial absorberá algunas facultades administrativas que actualmente recaen en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia.

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Sin anuncios espectaculares ni caravanas médicas con su imagen, porque salió bien regañada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la senadora Andrea Chávez no toma pausa en sus recorridos por todo el estado.

Aquí cuestionamos sus viajes a Juárez para tomarse la foto con los damnificados cuando tenía que regresarse a la Ciudad de México al Periodo Extraordinario en el Senado de la República. El caso es que ha seguido con esa dinámica de ir y venir mientras forma parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

No deja pasar un día si no tiene agenda en la Ciudad de México para darse vuelo en sus giras. Ya lleva dos semanas casi sin detenerse en eso que llamó la “La vuelta a Chihuahua en 60 días”.

Parece trompo chillador. Un día estuvo en Meoqui, Cárdenas y Estación Consuelo; el siguiente en Delicias, Rosales y Saucillo; después en Satevó y Valle de Zaragoza.

“De sol a sol”, le siguió en Aldama y Aquiles Serdán. Se regresó a la Comisión Permanente en la Ciudad de México y se presentó a la mesa de debate con Azucena Uresti, para continuar al siguiente día en Gran Morelos y Belisario Domínguez.

Ayer continuó la gira al sur y llegó hasta Santa Bárbara. Recorrió ese poblado justo el Día del Minero. Por lo que se ve, no se tomará vacaciones y eso que para las definiciones del 2027 todavía falta bastante tiempo. Quién sabe qué tan desgastada termine.