Lamentablemente, muy poco se ha avanzado en combatir la desconfianza ciudadana en los cuerpos policiacos. Menos cuando surgen casos de terror, como el protagonizado por Galdino “N“, alías El Monster, quien apareció como agente municipal luego de su presunta participación como sicario de La Línea en la masacre de integrantes de la comunidad LeBarón, ocurrida el 2019 en un camino de Bavispe, Sonora.

Lo peor es que los policías le siguen entrando a todo para sembrar el terror entre ciudadanos, aunque siempre llevan la peor parte los más fregados, los que batallan hasta para sacar el chivo semanal con el que mantienen a su familia.

Lo anterior viene a cuento porque supo Mirone de una situación que sigue siendo muy común para la Comisión Estatal de Derechos Humanos: recibir denuncias de personas que son bolseadas por los policías, principalmente los municipales que tienen en Juárez la mayor fuerza en las calles.

Literalmente, aplican los agentes el asalto a despoblado, y a veces hasta enfrente de la gente y sin pudor alguno, pero el caso es que, cuando proceden a hacer revisiones de rutina y les piden a los ciudadanos vaciar sus bolsillos (o lo hacen ellos mismos), suelen tomar el dinero y dejarlos sin nada en sus carteras.

Únicamente en lo que va del año, hay el registro de 31 quejas en contra de agentes municipales, por “faltar a la honradez, a la legalidad, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones”.

Casi en su totalidad, se trata del bolseo o robo descarado del dinero. Generalmente las víctimas son trabajadores que acaban de cobrar su semana o su quincena, pero los dejaron en blanco quienes se supone que deberían de protegerlos.

Los muchachitos de la Fiscalía General del Estado, agentes investigadores, no cantan mal las rancheras y acumularon en el mismo periodo, otra treintena de quejas, aunque en este caso por más variados motivos, aunque a final de cuentas, todos son abusos.

Con razón los ciudadanos tiemblan cuando ven aparecer patrullas o agentes. Qué vergüenza que todavía sigan infundiendo temor en lugar de confianza.

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El chismerío en el PAN local anda a todo lo que da, luego de que trascendió que Gerardo Rivas, quien aspira a ser presidente de Comité Municipal, reprobó el examen para ser consejero estatal de ese partido político.

¡Puras vergüenzas! O sea que no le sabe bien a la doctrina blanquiazul, ni a la normatividad interna y sus estatutos, tampoco a la historia panista, pero así quiere ser el máximo dirigente local.

Rivas es el fundador del Grupo Alfa, junto con su esposa Itzel Castillo, la jefa estatal de Licencias, y ambos cobran de la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, luego de que los cobijó Gilberto Loya como operadores políticos, ya que le saben a la talacha electoral y partidista, además de que son buenos en su faceta de padroneros.

Tampoco aprobó el examen Itzel Castillo, así que está buena la quemazón, justo en el momento en que ambos estiran la liga para que a Gerardo se le tome en cuenta por la presidencia partidista, para luego estar en condición de quedarse con las posiciones de elección popular en el 2027, como la única diputación o la única regiduría que actualmente tiene el PAN en Juárez.

El golpe fue duro para todo el Grupo Alfa porque de una veintena de sus jóvenes integrantes, casi nadie pasó la prueba.

La chamuscada fue doble porque no nada más demostraron con el examen que no conocen bien cómo aplicar los estatutos. Resulta que se presentaron a la prueba (no son los casos de Itzel y Gerardo) sin que tuvieran posibilidad de integrarse como consejeros, ya que entre los requisitos está el de haber sido antes integrantes del Comité Municipal o candidatos a cargos de elección popular.

Parece que nomás aprobaron tres y entre ellos no estuvieron sus cabezas visibles. Faltará ver si los que aprobaron sí cumplen con los demás requisitos para aspirar a ser consejero estatal. Claro, todavía falta que ganen una elección a nivel municipal y luego otra a nivel estatal, para lograr el objetivo de ser parte del máximo órgano de dirección panista.

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El sube y baja de la elección judicial tuvo otro capítulo ayer, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió un medio de impugnación en favor de la juarense Paloma Berenice Galindo.

La candidata a jueza en materia Civil impugnó ante esa instancia la resolución del Tribunal Estatal Electoral (TEE) que declaró improcedente por extemporáneo el Juicio de Inconformidad que ella promovió en contra de la asignación y entrega de constancias de mayoría.

El TEE había dado por buena una notificación que Galindo recibió por medio del sistema Conóceles que implementó el IEE para otros fines, no como medio oficial de comunicación. En realidad la notificación del resultado y de la validez de la elección se realizó un día después por medio de correo oficial de la Asamblea Distrital. Así que su recurso se interpuso dentro de los cuatro días que marca la ley, y por eso ordenó la Sala Superior al TEE que atienda el recurso y le entre al fondo del asunto.

Aquí lo interesante del caso es que Paloma agregó en tiempo a su recurso el tema del criterio de paridad que impuso la propia Sala Superior, por lo que el tribunal local está obligado a tomarlo en cuenta, igual que lo hizo ya en cinco magistraturas y algunos juzgados de primera instancia.

Así que con independencia de que se revise el tema de la elegibilidad de dos de las juezas electas, no tiene saque el TEE para ordenarle al Instituto Estatal Electoral otra reasignación para aplicar correctamente la paridad de género. En este caso, Galindo desplazaría en el cargo al abogado Santiago Delgado Martínez.

La razón es muy simple: Paloma Berenice, con 40 mil 246 votos, quedó muy arriba de los 36 mil 372 que obtuvo Delgado.

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A propósito del sube y baja en la elección judicial, ayer debió cumplirse el protocolo de nueva entrega de constancias de mayoría para cinco magistradas electas que desplazaron a cinco hombres que ya tenían el mismo documento en la mano.

Cumplió el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) con la resolución del Tribunal Estatal Electoral (TEE) que consideró que no se había aplicado debidamente el criterio de paridad, ya que no garantizó el mejor derecho para las mujeres que habían obtenido más votos que los hombres.

Con la reasignación fueron reemplazados Héctor Villasana y Jesús David Flores, electos en Sala Penal, por Laura Ocón Bailón y Yasel Villanueva Pérez; en la Sala Familiar, Javier Torres Pérez por Sara Muñoz Andrade; en la Sala Civil, Roberto Fuentes y Saúl Rodríguez por Elvia Salvador Navejas y Adriana Salcido Gurrola.

Hubo también algunas otras constancias entregadas a juezas y jueces de primera instancia que habían impugnado el criterio de paridad, pero también la elegibilidad, en cuanto a juzgados del Distrito Morelos y Distrito Bravos.

Antes de la sesión, Yanko Durán, la consejera presidenta del IEE, dio su opinión sobre lo que ha estado ocurriendo en la etapa litigiosa de la elección judicial.

De acuerdo con la deliciense, con la resolución que lleva a la reasignación de los espacios en las magistraturas de las tres materias (Penal, Civil y Familiar) se tambalea el principio de certeza que es existir en todo proceso electoral, para el cual se fijan previamente las reglas del juego.

“Entiendo perfectamente bien el tema de la paridad, pero me parece que las reglas ya estaban establecidas. Entonces se tambalea un poco el principio de certeza, que es uno de los principios rectores más importantes en el sistema electoral”, indicó la presidenta.

Para ella, de alguna forma hubo un cambio de criterio en la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que previamente había aprobado la paridad de género bajo reglas definidas que llevaron a establecer dos listas, una de hombres y otra de mujeres en cada materia, para plasmarse después en las boletas electorales.

Pero así ocurrió y al IEE no le correspondió más que acatar la sentencia. Lo malo para unos y lo bueno para otros, es que todavía no termina la incertidumbre, ya que siguen pendientes más medios de impugnación en manos de la Sala Superior. Es decir, todavía podría haber más ajustes en las 30 magistraturas y los 270 juzgados de primera instancia.