Finalmente fueron 23 las personas inscritas para buscar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), cuya designación deberá votar el Congreso del Estado antes de la última semana del mes.

Varios nombres llaman la atención, por distintos motivos. Por ejemplo, hay quienes no se han cansado de buscarla y se han anotado en todas las convocatorias, desde que acabó el periodo de Néstor Armendáriz Loya o incluso desde que Loya la ganó en abril del 2019.

Entre esas insistentes candidaturas, está la panista juarense Karla Gutiérrez Isla, quien actualmente despacha como coordinadora del Registro Civil en esta frontera y siempre ha estado respaldada por el fiscal general, César Jáuregui Moreno.

También está el caso de una connotada priista, Liz Aguilera García, quien llegó a ser diputada tricolor y ya lleva tiempo en la nómina de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Defensoría de los Derechos Universitarios. Fue también secretaría de la Contraloría en tiempos de César Duarte.

En el listado son bastante conocidos los nombres de quienes ya trabajan actualmente en la CEDH: en ese caso están Eduardo Antonio Sáenz Frías y Gildardo Iván Félix Durán.

El primero ya lleva mucho camino recorrido en la institución y ha estado al frente de la oficina de Ciudad Juárez, mientras que el segundo es una de las posiciones que logró más recientemente en la CEDH, el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, quien por lo visto salió bueno para hacerse de posiciones para los suyos, tanto amigos como familiares. Gildardo Iván trabajó en la Secretaría del Ayuntamiento de Parral cuando el titular fue el diputado que es también presidente estatal de MC.

No se le escapa a Mirone que hay otro nombre entre quienes ya la habían buscado en la convocatoria pasada, cuando fracasó la intentona de imponer a la panista Georgina Bujanda. Nos referimos a Flor Alejandra Corral Requejo, directora de Derechos Humanos e Igualdad de Género en el Poder Judicial. Se ve buen perfil, aunque quién sabe si ya traiga la venia de Palacio y de las mandonas en el Poder Judicial.

Tampoco pasa desapercibido que entre los inscritos para el proceso de designación, está el académico de la UACJ de reconocido prestigio: Jorge Antonio Breceda Pérez. El doctor en Ciudadanía y Derechos Humanos ya fue consejero electoral en asambleas municipales y distritales, además de que mantiene los derechos humanos entre sus principales líneas de investigación.

Quien sin duda es también un buen perfil y podría estar palomeada por el grupo en el poder, además de no generar resistencias en la oposición morenista, es la exconsejera del Instituto Estatal Electoral, Fryda Libertad Licano.

Hizo buen papel en el IEE, tiene experiencia derechohumanista y siempre atendió los temas de los grupos minoritarios, las acciones afirmativas y la construcción de ciudadanía. Licenciada en Derecho y Estudios Internacionales, maestra en Administración Pública y doctora en Educación, dejó la consejería apenas al finalizar el 2025.

Pinta bien para presidir la Comisión, si además se toma en cuenta que se le podría respetar un espacio a una exconsejera del IEE, luego de que el año pasado no logró cuajar la candidatura al mismo cargo por parte de Gerardo Macías Rodríguez, aunque tenía todo el aval de la consejera presidenta Yanko Durán y el grupo político que la respalda.

Otro exconsejero del IEE, Saúl Eduardo Rodríguez Camacho, se quedó el año pasado a una nada de ser incluido en los acordeones para convertirse en magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Ahora que es tiempo de mujeres, otra exconsejera que busca la CEDH es Georgina Ávila Silva, aunque los astros parecen más alineados con Fryda Libertad Licano.

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Bastante inquietud generó en los juzgados familiares y civiles del eje vial Juan Gabriel, la noticia de que el Poder Judicial de Chihuahua no esperará más y se aventará este año a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF).

El CNPCF se creó a nivel federal desde el 2023, nada más que su entrada en vigor en cada estado es gradual con plazo fatal hasta abril del 2027 para que las entidades emitan su declaratoria de vigencia.

El caso es que la magistrada presidenta del Tribunal Superior, Marcela Herrera, ya dijo que este año va y que Chihuahua se colocará de nuevo a la vanguardia si se trata de la administración de justicia y de apegarse a nuevas normas, criterios y tendencias (el estado fue el único que llevó a las urnas la renovación de todas las personas juzgadoras de un solo golpe).

La inquietud que se ha desatado en los juzgados locales tiene que ver, sobre todo, con el tema de que el Código Nacional exige la realización de las audiencias y los juicios orales, aparte de que trae varias novedades que pueden ser complejas para las personas juzgadoras inexpertas.

La oralidad que ya se conoce en materia Penal, también deberá aplicarse en lo Civil y lo Familiar, con lo cual no tendrán dónde esconderse quienes se convirtieron en jueces y juezas con muy poco conocimiento de su área y pocas habilidades y capacidades para exponer lo que traen ante el público, en cualquier audiencia o juicio.

Todavía hay entre las nuevas personas juzgadoras, quienes tienen pánico escénico para atender audiencias, por lo que quedarán más expuestos ahora que el Código Nacional los obligue a hacer todo públicamente, abriendo salas y transmitiendo audiencias.

Ahora sí que se tendrán qué aplicar más en los expedientes y estudiar el Código, si no quieren hacer el ridículo. Además, tendrán que ponerse al día en cuestión de tratados internacionales y otras novedades sobre criterios de respeto a los derechos humanos.

El Nuevo Código marca la máxima difusión, publicidad y transparencia, por lo que todos y todas estarán en el ojo público.

Otra gran inquietud en los juzgados, es la parte sobre cómo se resolverá el reparto del trabajo para sacar todo lo que quedé con el sistema viejo, mientras se pone a jalar el nuevo.

Las experiencias son traumáticas respecto a cómo se generaron sobrecargas de trabajo para quienes se quedaron con los esquemas tradicionales. Ahí tendrán que pensarla muy bien para evitar colapsos que ya se han experimentado por la saturación de expedientes.

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Más a fuerzas que con ganas, pero el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) le tuvo que entrar al tema de la apertura para recibir a más organismos integrantes.

En sesión de este lunes, el Consejo aprobó que la Central de Abasto se integre como otro organismo empresarial.

La jugada de apertura se da apenas un par de semanas después de que la Asociación de Agentes Aduanales anunció su separación, a finales del diciembre del 2025, acusando falta de atención y de defensa de temas cruciales para la frontera, como el ISN estatal y los cierres de cruces fronterizos.

Ese mismo año, la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra Juárez), encabezada por Isela Molina Alcay, consideró que el Consejo Coordinador no los representaba y su Consejo votó por la separación.

Isela siempre se quejó de que el tiempo en que presidio el CCE, nunca se apoyaron y votaron temas, asuntos o gestiones que ella propuso, y consideró también que operaban ahí como una especie de Club de Toby, con los mismos de siempre, viendo únicamente por sus intereses personales.

El caso es que ahora le tocó al presidente en turno del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez (CCE), Rogelio González Alcocer, darles la bienvenida a los comerciantes de la Central de Abastos.

Lo interesante es que no será el único nuevo ingreso. Hay al menos otros dos en puerta, aunque no especificó González a qué sector pertenecen.

De acuerdo con el presidente, desde el año pasado, la Central de Abastos les había hecho la petición. Aquí el punto es que antes ponían trabas y ahora parece que ya decidieron abrirse y hasta modificar estatutos en ese sentido. Ese deberá ser el siguiente paso.

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Por terrenos morenistas, trae la agenda de la dirigencia estatal un evento que se replicará en la capital del estado y esta frontera.

Este jueves 15 de enero en la ciudad de Chihuahua, se sabrá quiénes de sus cuadros y militantes en verdad leyeron el libro “Grandeza” del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el padre fundador y mayor representante de la 4T.

Le correspondió a la presidenta estatal de Morena, Brighite Granados, organizar un conversatorio sobre el libro de 632 páginas publicado por editorial Planeta.

La hará Brighite de moderadora, con la senadora Andrea Chávez como comentarista, igual que el diputado local Óscar Avitia y el exdiputado y actual consejero nacional y delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Benjamín Carrera.

El encuentro será a las 17:00 horas en la sede del Morena, en el Centro Histórico. El ejercicio se repetirá el viernes 23 en Ciudad Juárez también en las instalaciones partidistas de San Lorenzo, pero con el senador Juan Carlos Loera en lugar de la senadora Andrea.

Ya se verá quién se aplicó más para compartir las ideas de su máximo líder sobre el México profundo y el legado de sus pueblos originarios.