Todavía no termina de asentarse la polvareda por el presunto tráfico de influencias en torno a la semilibertad concedida al secuestrador hermano de la magistrada “incorruptible” Nancy Escárcega Valenzuela, cuando surgió otro caso que deja ver presiones indebidas desde el poder.

Lo hizo público el propio juez Elmer Lerma Fontes, desde Parral, la capital del mundo, cuando resolvió el martes la vinculación a proceso de Fernando Ramírez Gutiérrez, hermano del parralense Guillermo Ramírez Gutiérrez, diputado local por el PRI que actualmente es el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Ya de por sí se había convertido en chirinola política el asunto, porque en el intento de homicidio de Eloy Soto Payán, conocido empresario y ganadero de Parral, también había resultado lesionado Héctor Villasana Ramírez, uno de los abogados del exgobernador César Duarte, y quien falló en su intentona de convertirse en magistrado penal en las pasadas elecciones del 1 de junio.

El caso es que el juez hizo la denuncia en la audiencia pública en la que dictó la vinculación a proceso, con toda la intención de que trascendiera el caso, aunque no fue explícito sobre quién o quiénes ejercieron las presiones para que no resolviera en ese sentido, es decir, para que liberara al hermano del diputado.

“No deben utilizar ningún medio extrajurídico, deben ser diligentes, hagan su trabajo bien, no necesitan eso para estar haciendo ustedes su trabajo y ustedes saben a qué me refiero; no necesitan eso, hagan su trabajo bien. No necesitan andar haciendo cosas que no deben. Y si me piden un informe de todo eso, lo doy con todo gusto, con todo gusto”, dice el juez en el video de la audiencia que ya circula profusamente.

En la imagen se ve que voltea hacia un lado de la sala, aparentemente donde se encuentra la representación social, es decir, los agentes del Ministerio Público a quienes corresponde hacer la imputación. Del otro lado está precisamente el imputado y sus defensores, lo que se puede advertir cuando voltea y habla al acusado para decirle que se iniciará un proceso en su contra por homicidio calificado en grado de tentativa.

De ahí que ahora se señale que las presiones vinieron de parte de la Fiscalía, a la que representan los agentes del MP. Conforme a esa versión, desde la propia Fiscalía se buscaba, no que se le vinculara, si no que se le dejara en libertad.

Sin embargo, también circula la versión de que las presiones que recibió el juez llegaron desde otro encumbrado integrante del equipo parralense que siempre ha estado cerca del exgobenador César Duarte: nos referimos al magistrado en materia Penal, Gerardo Javier Acosta Barrera, quien compitió y ganó en la elección pasada, como magistrado en funciones.

“Y no se me hace correcto porque soy un servidor de la justicia. Soy una persona que tiene 20 años trabajando en el Poder Judicial y es la primera ocasión que me pasa esto. Es la primera ocasión que hacen esto y va a hacer la última, ¿eh? Va a ser la última porque no voy a permitir este tipo de cosas. Y no me importa perder mi trabajo, y lo digo en audio y video. No me importa, prefiero perder mi trabajo a estar haciendo ese tipo de cosas. Y que quede en audio y video y que lo vean las diversas instancias, y que resulten las consecuencias legales que sean, no me importa, porque no es correcto”, dijo el juez Lerma, quien también compitió y ganó, estando en funciones.

Después de la denuncia pública, nervioso y alterado, sin duda, suspiró fuertemente e hizo una especie de reclamo: “Ya mejor para qué resuelvo”, dijo y luego aventó el expediente en su propio escritorio para decirle al imputado: “Se le vincula a proceso, señor; quiere decir que se le va a seguir un proceso por homicidio calificado en grado de tentativa, en contra de Eloy Soto Payán”.

Todo quedó debidamente registrado, así que el Tribunal de Disciplina Judicial no tiene saque para investigar el caso, con independencia de que la Fiscalía haga lo propio con sus órganos de control interno, aunque ahí se pondría como juez y parte. Quién sabe hasta qué niveles jerárquicos estemos hablando.

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A ver luego cómo se gestiona toda la problemática planteada, pero por lo menos el nuevo Poder Judicial de Chihuahua, está bastante abierto a la escucha.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval, encabezó el más reciente ejercicio al que fueron convocados jueces y juezas, además de las magistraturas en materia Civil. Le llamaron “Primer Conversatorio”, que se realizó en la sede de la Ciudad de Chihuahua “con una visión renovada y el compromiso firme de ofrecer una justicia más transparente, cercana y eficiente”.

“Este espacio de diálogo, reflexión y análisis permitió a jueces, juezas y nuevas magistraturas compartir experiencias, unificar criterios y detectar áreas de oportunidad para seguir mejorando los procesos jurisdiccionales”, compartió el propio Poder Judicial en sus redes oficiales.

Por lo que se vio en las fotografías, únicamente participaron las personas juzgadoras del Distrito Judicial Morelos, con cabecera en la capital del estado. Faltará desde luego, que la presidenta y los magistrados civiles, hagan lo propio en el Distrito Bravos.

Seguramente que acá las peticiones serán mayores. Nadie desconoce que históricamente ha prevalecido un centralismo en el Poder Judicial que concentra más recursos humanos y materiales en la capital. El rezago aquí supera siempre lo que se sufre en el resto del estado. Ya está sobre la mesa el tema de los presupuestos para el 2026. Veremos si es de verdad el compromiso que la presidenta del Tribunal ha asumido durante sus visitas a Juárez, respecto a que será prioridad apoyar las necesidades del Distrito Judicial Bravos.

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El Comité Ejecutivo Nacional del PAN no deja de tener presencia en Chihuahua, por lo que ha quedado más que claro que el estado es prioritario para el 2027.

Ayer le tocó estar en la ciudad de Chihuahua a la secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil, Lía Limón, quien acompañó a la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, en la conferencia semanal.

Limón trae la consigna de instalar Consejos Consultivos Ciudadanos en todas las entidades. Se supone que el objetivo es atender lo que piensa y quiere la población, sin que se limite el tema la militancia partidista. De alguna manera busca el PAN reducir el distanciamiento que, mucho se ha dicho, tiene con distintos sectores sociales.

Se trata de conectar con la ciudadanía y alzar la voz en los temas que le interesan. Eso pasa por las funciones de la Secretaría de Vinculación, desde donde se articuló la estrategia de los consejos.

“El PAN es un partido que históricamente nace de la sociedad civil, con las causas ciudadanas y con una lucha democrática histórica, y justamente esa es la lógica de los consejos ciudadanos: abrazar las causas ciudadanas, caminar de la mano de los ciudadanos y enarbolar los temas que a ellos más les importan”, resumió la representante del CEN ante las y los periodistas de la ciudad de Chihuahua.

Así que Lía vino a encabezar la instalación formal del Consejo que sostendrá reuniones periódicas que pueden ser mensuales o bimensuales.

De alguna manera está complementando el PAN la idea de promover candidaturas ciudadanas para futuras contiendas electorales, también en sintonía con la reforma de estatutos y el relanzamiento partidista previsto para el próximo 18 de octubre.

El concepto clave en la estrategia de los Consejos Consultivos es el de cercanía. Esa es la nueva apuesta del PAN y por eso se reforzarán aquí los trabajos de vinculación.

Por lo pronto, se dieron a conocer los nombres de los integrantes del Consejo para Chihuahua: Guillermo Barrón García, Karen Beltrán Guevara, Samuel Gilberto Cordero Jaramillo, Pablo Hernández Quiñónez, Ricardo Bustos, Julio Jesús Rojo Quezada, Francisco Ayala, Ana Imelda Jurado Muñoz, Mónica Caro, Gilberto Álamos, Luis Guerra, Linda Flores Rodríguez, Ana Claudia López de Anda, Rebeca Gutiérrez, Lizbeth López, Ángel Humberto Manjarrez, Paola Pérez, Roberto González, el padre Porras, Jesús González Bustillos, Yesenia Martínez y Gabriela Salazar.

Según la dirigencia, hay de todo en ese listado: desde estudiantes de la UACH, hasta pastores, sacerdotes católicos, juezas, empresarios, ganaderos y representantes de la sociedad civil que tiene trabajo en las comunidades, particularmente con grupos vulnerables.

La lógica general es la de abrir el partido a toda la sociedad.

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De distintas maneras se ha manifestado el control que los grupos criminales mantienen en la Sierra Tarahumara.

Justo cuando ocurrió la emboscada en Moris, con los hechos violentos que dejaron tres agentes muertos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se conoció el posicionamiento de colectivos y Organizaciones de la Sociedad Civil, respecto a otra tragedia que se vive en los bosques de la entidad, ya que no se frena la tala clandestina de árboles.

Organizaciones como Agua y Bosques para la Vida, Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cossydhac) denunciaron que aunque hay programas y acciones interinstitucionales, las medidas tomadas han sido insuficientes e ineficaces.

“Hemos señalado que el combate a la tala ilegal requiere el fortalecimiento en dos frentes: de la gobernanza local del manejo forestal, habilitando los derechos ejidales y la capacitación al interior del ejido y la comunidad indígena, así como de la modernización y tecnología para que las y los agentes involucrados en su combate tengan las herramientas necesarias para detectar la madera que haya sido talada de manera ilegal, así como para que las autoridades acudan a los puntos de corta y detengan la tala de árboles”, señala el posicionamiento.

Las organizaciones consideran que se debe de evitar que se talen más árboles, ya que la confiscación de la madera de origen ilegal no solo no soluciona el problema, sino que, además de desperdiciar la madera que ya fue cortada, genera más tala de árboles.

Eso ocurre, ya que al almacenarse la madera como evidencia de un posible delito, se desaprovecha y los taladores, al seguir libres y ser despojados del producto, vuelven a talar más árboles, en un circulo vicioso y perverso. Y para acabarla de amolar, en el ínter, toda la madera confiscada simplemente se echa a perder.

De ahí que los colectivos clamen un ‘ya basta’ a que se deje podrir la madera en los almacenes y piden que se modernice la persecución del delito, con el uso de fotos de satélite y otras herramientas para la detección oportuna de eventos de tala, además de pedir la investigación y la atención con inteligencia en campo.