Si algún lugar se ha comprobado que la polarización política y social de nada sirve a la gente, es en esta frontera.

Aquí se han estado pagando las consecuencias de la radicalización de las diferencias entre los proyectos de nación y entre los intereses políticos y económicos de la clase dirigente, en torno a distintas reformas estructurales y normativas con impacto para todo el país.

Durante la semana, el bloqueo de los cruces internacionales y el estrangulamiento de la actividad económica volvieron a sacudir a Juárez, como parte de las protestas que apenas la semana pasada habían puesto a la ciudad al borde del colapso financiero, y en condición desquiciante en cuanto a su movilidad.

Afortunadamente, de nueva cuenta fueron levantadas las protestas en los cruces internacionales la mañana del viernes, pero permanece el amago de algunos de los grupos de productores (particularmente de la comunidad LeBarón), respecto a que regresarán los bloqueos si se publica la Ley de Aguas Nacionales en los términos en que fue aprobada, primero por la Cámara de Diputados y luego por la Cámara de Senadores.

El procedimiento legislativo ya terminó y la promulgación es mero trámite, por lo que no es factible que haya marcha atrás en ese sentido. Al Ejecutivo nomás le corresponde ordenar su publicación en el Periódico Oficial de la Federación para que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de la Ley General del Agua, cobren vigencia.

Dos semanas atrás, a las inconformidades sobre el cambio de reglas en materia hídrica, se le habían sumado protestas de la Cámara Nacional de Transportistas por la inseguridad en las carreteras del país, y de productores que específicamente exigían el incremento en los precios de garantía para el maíz y el trigo, además de pagos retrasados y una política integral de apoyo al campo.

Hubo entonces varios acuerdos y compromisos firmados en Gobernación para el levantamiento de los bloques a puentes y carreteras, pero las protestas se reactivaron esta semana, particularmente en torno al tema hídrico, detrás del cual hay, sin duda, operación y cabildeo de los grupos de interés y una mayor carga política partidista.

Por el lado del PAN y sus aliados, prevalece el discurso de un pretendido robo o expropiación del agua que le pertenece a Chihuahua y a sus productores, del abandono del campo por el Gobierno Federal, del control político centralista del recurso hídrico y del despojo de derechos sobre la tierra y el agua.

“Ahora resulta que Morena no solo quiere controlar el poder, la justicia, la economía y la seguridad; ahora también quieren controlar el agua de todo el país. Morena vuelve a sentirse dueño de todo y atenta literalmente contra la propiedad privada en México, regresando a ser un Gobierno estatista que cada vez más le quita derechos a la gente”, resumió el dirigente nacional del PAN, en su postura contra la reforma.

Por el lado de Morena y los suyos, se argumenta como objetivo central, el poner fin a los privilegios de los acaparadores, terminar con la sobreexplotación de los acuíferos, acabar con el mercando negro y la mercantilización del agua, terminar con la desigualdad en la distribución, ordenar las concesiones e implementar mecanismos de control y transparencia para disminuir los riesgos de corrupción, con el fin último de que haya mayor disponibilidad de agua para todos y se garantice el suministro para nuevas generaciones.

“Estamos garantizando el derecho humano al agua de todas las y los mexicanos, pero particularmente de los pequeños y medianos productores que alimentan a nuestro país (…) En Chihuahua solamente deberíamos estar explotando 3 mil millones de metros cúbicos de agua, pero estamos explotando alrededor de 6 mil millones (…) No es sequía, es saqueo. ¿Cómo es posible que una sola familia concentre 150 títulos de concesión”, expuso en tribuna del Senado, la vocera del Grupo Parlamentario de Morena, Andrea Chávez, el día en que se votó la reforma.

La radicalización política llegó a tal grado que el PAN estatal lanzó como estrategia, la exhibición de los legisladores federales que votaron a favor como traidores a Chihuahua, compartiendo los datos de sus contactos y datos personales para que la población inconforme les hiciera llegar sus reclamos.

Hay cálculo electoral en esa posición respecto al agua. En la elección del 2021 pegó fuerte en la región centro-sur del estado, el episodio que se arrastró desde el 2020, cuando hubo protestas contra el desfogue de las presas de Chihuahua por parte del Gobierno Federal para cumplir con el Tratado Internacional de Aguas.

El conflicto en La Boquilla, que llevó a la muerte de una productora de la región a manos de integrantes de la Guardia Nacional, impactó en las candidaturas morenistas que ese ese año fueron acusadas de lo mismo: traición a los agricultores por apoyar el “robo” del agua.

………………

El conflicto por el agua no únicamente develó estrategias político-electorales de por medio, también puso sobre la mesa el tamaño de los intereses económicos en juego y la situación específica del estado de las concesiones del agua en Chihuahua.

De acuerdo con datos de Conagua y de las organizaciones de productores, en el estado operan más de 5 mil pozos ilegales, sin concesión ni registro.

Además, existen ocho mil constancias de libre alumbramiento otorgadas desde 2013, que representan 2 mil 400 millones de metros cúbicos nunca ajustados a la disponibilidad real del acuífero.

Prevalece también la concentración de permisos: mientras ejidatarios comparten un solo pozo entre varios usuarios, hay productores con más de 20 pozos individuales.

Conforme a los registros oficiales, las familias de la comunidad LeBarón, de origen mormón, tienen más de 150 concesiones que suman 47 millones de metros cúbicos anuales. De esas autorizaciones, 64 son títulos de aguas nacionales y 86 constancias de libre alumbramiento, muchas de ellas otorgadas durante el sexenio de César Duarte (2010-2016), cuando Alex LeBarón fungió como titular de la Conagua en Chihuahua.

En el estado, entre 2013 y 2018 se registraron más de 4 mil constancias en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), utilizadas para pozos ilegales en zonas despobladas.

Mientras que en Chihuahua se extraen 3 mil 200 millones de metros cúbicos más del agua que se recarga cada año (el doble de la disponibilidad anual) más de 100 mil personas en el estado carecen de agua potable en sus hogares.

A nivel nacional, también se ha documentado el acaparamiento para unos cuantos. Entre los 3 mil grandes usuarios privados que acaparan las concesiones otorgadas por la Conagua, están Kimberly Clark y Banco Azteca, empresas de los millonarios Claudio X. González Laporte y Ricardo Salinas Pliego, así como FEMSA, Bachoco, Herdez, Lala, las mineras GoldCorp, y Buenavista de Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota-Velasco, de acuerdo con el estudio “Los millonarios del agua”, realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana.

Compañías como Coca-Cola, Lala, Kimberly-Clark, la minera Peñasquito de la canadiense Goldcorp, la siderúrgica ArcelorMittal, aeropuertos como el de Cancún, hoteles, entidades como CFE Generación y un conjunto de políticos se convirtieron en grandes acaparadores del agua, gracias a la ley de 1992 que finalmente pudo ser reformada esta semana.

Los acaparadores ascienden a 3 mil 304 grandes concesionarios que extraen un millón de metros cúbicos o más de agua al año, según datos de la Conagua. En conjunto, este 1.1 por ciento de usuarios privados ha acaparado un volumen, equivalente al 22.3 por ciento de toda el agua concesionada para uso consuntivo, es decir, el agua que se consume en una actividad y no se devuelve al medio de donde se extrajo, ya sea porque se evapora o se incorpora a los productos.

………………

Toda la problemática hídrica estatal y nacional, está en el fondo de lo que se busca regular con la nueva legislación, pero ese debate poco se atendió cuando la atención se concentró en el impacto de las protestas y los bloqueos en carreteras y cruces internacionales.

Nada más en esta frontera, el cierre a las cargas comerciales afectó el sustento de más de 30 mil familias, cuyos integrantes fueron alcanzados por los paros técnicos que en la industria generó la falta de insumos.

“Nuestra ciudad se encuentra en un estado de emergencia productiva. La interrupción en la cadena de suministros está provocando un daño económico que ya no se puede ignorar. Estamos hablando de pérdidas estimadas en cientos de millones de dólares que se acumularon día tras día”, dijo Isela Molina, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), cuando estaban finalizando los bloqueos.

Sacar el rezago en el cruce de mercancías se tardará aproximadamente 10 días, señaló el líder de los transportistas de carga en esta frontera, Manuel Sotelo, quien consideró que es difícil cuantificar todas las pérdidas en las cadenas productivas.

“El bloqueo de la semana pasada fue muy diferente al de esta semana, porque realmente nos encapsularon, no podíamos movernos para ningún lado, estuvimos a muy poco tiempo de quedarnos no nada más sin suministros para la industria, sino para todos los juarenses, varias cadenas de gasolineras tuvieron que cerrar porque no les llegaba el combustible y estuvimos muy cerca del desabasto en víveres”, explicó el transportista.

Frente al bloqueo terrestre de la semana pasada, los transportistas tuvieron que recurrir a 10 vuelos de carga que salieron desde Juárez.

Con los bloqueos de esta semana, las mercancías juarenses tuvieron que irse hasta Nogales y Laredo para regresarlas hasta El Paso. Esa operación generó que lo que se hace en un máximo de tres horas a un costo promedio de 150 dólares, se eleve hasta 120 mil pesos por el mismo tráiler, al desplazarse entre 700 y 950 kilómetros extras.

La afectación de la semana pasada, alcanzó unas 20 mil cargas que no se movieron a tiempo, mientras que esta semana el impacto fue de otras 18 mil, para un total de 38 mil cargas.

Cada carga se estima en 60 mil dólares, por lo que se habla de que se paralizaron mercancías por más de dos mil millones de dólares, durante los bloqueos a los cruces internacionales de Juárez y de Palomas.

Cada día, en esta frontera, se realizan 7 mil operaciones en total, por el cruce de 3 mil 500 tráileres de ida y otra cantidad igual de venida.

Como parte de la afectación, el jueves de la semana pasada había 30 mil empleados en paro técnico debido a la falta de insumos para el sector industrial local.

Lo que han dejado ver las protestas de las últimas semanas, es precisamente la alta vulnerabilidad de Juárez, no únicamente frente a los vaivenes económicos mundiales, también frente a las movilizaciones con resorte político-electoral o de conservación de privilegios para un grupo específico.

Y si cualquier conflicto se radicaliza, siempre son los juarenses quienes llevan la peor parte.

Quizá deberían pensarla dos veces quienes recurren a la polarización como instrumento de definición político-partidista. A final de cuentas, el enojo y el hartazgo frente a impactos tan cercanos y contundentes en temas económicos o de movilidad, se revierte en contra de toda la clase política, sin distinción de partidos.