Mientras más se conoce la inescrupulosa forma de operar de empresas funerarias en esta ciudad, más crece el dolor, la ira, la frustración y la impotencia que se extiende a toda la sociedad juarense.

No es gratuito lo que ocurrió la noche del jueves en las instalaciones principales de la funeraria Del Carmen, donde se presentó un ataque con la intención de quemar el recinto.

La funeraria ya estaba clausurada porque ahí se encontró, en avanzado estado de descomposición, el cuerpo de un hombre por cuya cremación había pagado su familia y a quienes los dueños del negocio entregaron cenizas falsas.

El ataque al edificio, presumiblemente con una bomba molotov, instrumento incendiario de fabricación casera, se presentó la noche del mismo día en que estalló otro escándalo vinculado a la misma funeraria Del Carmen: tres cuerpos, incluyendo los de dos menores de edad, fueron descubiertos en una carroza estacionada en el interior de una especie de bodega, propiedad de los mismos dueños del negocio.

El olor a putrefacción motivó la denuncia de los vecinos del inmueble ubicado en la colonia Arroyo Colorado.

Después del descubrimiento del crematorio del horror en la colonia Polo Gamboa, donde se almacenaron los cuerpos de 386 personas, el nuevo hallazgo confirmó un modus operandi que podría ser generalizado en funerarias y crematorios: tratar los restos humanos como basura, sin consideración mínima a la dignidad post mortem de las personas.

Son hechos que violentan leyes, pero que también exponen, de manera cruda, la falta de consideraciones éticas y morales en los operadores de este tipo de negocios. Podría hablarse de una insensibilización frente a la cultura de rapiña y muerte.

Y si además se agregan los actos abusivos y las visiones estrictamente mercantilistas (que también cruzan el terreno legal y se convierten en delitos de fraude), por parte de quienes se exceden en los cobros por sus servicios, aprovechándose del momento vulnerable de las familias, se entiende el enojo que seguramente llevó a alguna víctima de esas circunstancias y excesos, a desahogar su frustración, atacando el inmueble de la funeraria.

Lamentablemente, todavía podrían surgir más hallazgos, aunque a estas alturas los crematorios y las funerarias seguramente habrán intentado borrar las huellas de todo lo indebido. Deshacerse de cuerpos, aunque sea de manera ilegal, parece que en Juárez no ha sido tan complicado, sobre todo cuando la negligencia gubernamental y la corrupción, lo facilitan todo.

Norte Digital publicó una denuncia ciudadana después de que la noticia del crematorio llegó a todo el mundo, hace casi un mes, respecto a movimientos sospechosos nocturnos en la funeraria Latino Americana, en donde se sacaban ataúdes, presumiblemente con cuerpos en su interior.

Ese establecimiento que contaba con crematorio propio, aunque también contrataba a Plenitud, igualmente fue clausurado por las autoridades sanitarias. Quedaron las imágenes de la manipulación de esos ataúdes y nunca se supo qué estaban haciendo o si se dispuso irregularmente de algún cadáver.

Vecinos de la bodega en que se encontraron los tres últimos cuerpos, han señalado que vieron la construcción de una especie de fosa en su interior, no hace mucho tiempo. Nadie podría descartar la inhumación clandestina en ese espacio u otras propiedades ante la inoperancia de los hornos.

Tampoco hay que desestimar la demanda de familiares de personas que contrataron servicios fúnebres con empresas vinculadas al crematorio Plenitud, en el sentido de que debe realizarse una excavación en la propiedad de la colonia Polo Gamboa, para tener la certeza de que no fueron enterrados ahí algunos de los cuerpos que deberían haber sido cremados.

Incluso, hay una propiedad contigua al lote en el que se encuentra el crematorio. En las fotografías, puede observarse cómo tenía anteriormente una puerta de acceso o intercomunicación que luego fue bloqueada; es decir, ambas propiedades tuvieron alguna conexión y eventualmente tendrían que extenderse las excavaciones a ese terreno.

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Una de las cuestiones que han desnudado los terroríficos hallazgos y las investigaciones que apenas inician, es la falta de aplicación de protocolos en el manejo físico de los cuerpos y la inexistencia de una cadena de custodia que garantice su debida disposición.

Desde luego que ahí entra la falla de todo un andamiaje institucional y legal que debería de garantizar que se cumpliera con todas las normas éticas y legales.

Queda claro que la insensibilidad ante la muerte, la falta de una perspectiva de derechos humanos, además de la carencia estructural de recursos y la inexistente coordinación entre instituciones, se sumaron a las omisiones coyunturales para poder tener tanto vacío de autoridad, tanto incumplimiento y abulia en el tema.

¿Cómo es posible que ante los históricos capítulos negros de violencia criminal que llegaron a convertir a la ciudad en meca mundial de los homicidios dolosos y el feminicidio, nunca se haya puesto sobre la mesa la revisión de los protocolos para el manejo y tratamiento de cadáveres?

Ni la saturación que en los servicios funerarios provocó el coronavirus logró algún tipo de incidencia positiva para analizar lo que estaba ocurriendo con el manejo y la disposición de los cuerpos, con una perspectiva de dignidad y respeto a los derechos humanos.

Apenas ahora se empieza a revisar esa cadena de responsabilidades y procedimientos que cruza autoridades de todos los órdenes de Gobierno, después de que la atrocidad del crematorio Plenitud dejó al mundo perplejo por la cantidad de cuerpos acumulados durante al menos tres años, aunque hay indicios de que el problema se arrastró por cinco años, desde el 2020, precisamente cuando estalló la pandemia de Covid-19.

En forma paralela a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, que tiene al menos dos causas penales abiertas, una contra el dueño y un trabajador del crematorio Plenitud y otra en contra de uno de los responsables de la funeraria Del Carmen, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), trabaja por oficio en una investigación que va mucho más allá de los actos de los particulares.

La CEDH está revisando la actuación de cada instancia gubernamental responsable de autorizar el funcionamiento y vigilar la operación de este tipo de establecimientos.

El enfoque es precisamente el seguimiento a los cadáveres, lo que bien podría identificarse como una cadena de custodia. Quién entrega a quién, quién autoriza o quién libera cada trámite, quién y cómo inspecciona, qué protocolos se verifican, quién debe firmar o notificar. Hablamos de todo trámite dentro de esa cadena que debe de culminar con la entrega de restos a las familias, si pidieron incineración o con la inhumación en un cementerio.

Es obvio que no hubo ninguna cadena de custodia o protocolo de verificación en los casos que detonaron el escándalo y es obvio también que esa parece ser la norma y no la excepción a la regla.

En esa cadena de custodia tienen injerencia la propia Fiscalía General del Estado con distintas áreas como la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, el Registro Civil, además de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris).

La Comisión también está revisando el trabajo de otras instancias de control municipal, como Protección Civil, Ecología y la Dirección General de Desarrollo Urbano, ya que se supone que deben de hacer inspecciones anuales a los establecimientos de todo tipo, exigir estudios de impacto, realizar dictámenes y entregar anuencias para que pueden operar o renovar sus permisos.

Esa investigación está abierta y con independencia de la justicia que reclama el caso en materia penal, deberá quedar muy claro todo lo que no se hizo y debe de rectificarse, a la par de que se sancionen las negligencias y omisiones.

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En un hecho inédito en la historia internacional contemporánea, cientos de familias viven hoy con la incertidumbre de saber si sus seres queridos están o no en la caja refrigerada del tráiler que resguarda los cuerpos encontrados en el crematorio Plenitud, o sufren la angustia de no saber con certeza si las supuestas cenizas que recibieron en una urna corresponden a su familiar.

El duelo fue interrumpido, las heridas reabiertas y el sufrimiento revivido, mientras avanza muy lentamente el proceso de identificación de cuerpos, en una difícil tarea por el grado de descomposición, el uso de químicos en los procedimientos de embalsamamiento y la imposibilidad de realizar cotejos de las cadenas de ADN.

Hasta el momento apenas se han identificado 17 cuerpos, 11 confirmados por familiares y seis a través de hidratación de huellas dactilares.

Así que la tarea es monumental para las autoridades que deberán resarcir, al menos y en primera instancia de esa manera, con trabajo profesional, ininterrumpido y sin escatimar recursos humanos y materiales, la abulia gubernamental que se arrastra desde 2020, ya que el primer reporte y clausura del crematorio del horror, se realizó en ese año.

Y si sus capacidades son rebasadas localmente, bien podrían pedir ayuda, nacional o internacional para acortar los tiempos de identificación. Ya en otros momentos han trabajado en estas tierras equipos forenses de otros países.

Además, está pendiente extender la investigación criminal, ya que también es evidente que ciertas funerarias operan en esquemas mafiosos y varias tuvieron el vínculo común con el crematorio Plenitud. Se habló al inicio de las investigaciones sobre seis distintas razones sociales que contrataban el mismo crematorio.

Ahí hay mucho trabajo por hacer, igual que en la investigación de la red que puede estar vinculada con la operación de la funeraria Del Carmen.

Hay otros pendientes que también tienen que ver con justicia en un sentido más amplio que el castigo penal de los responsables.

El Estado, en su conjunto de instituciones de los tres órdenes de Gobierno, debe garantizar una reparación integral del daño causado a las familias que ya fueron revictimizadas después de perder a su ser querido.

La aplicación de la ley con perspectiva de Derechos Humanos, reclama incluso una compensación monetaria; también distintos apoyos que permitan la rehabilitación física y mental, tratamiento psicológico y reposición de servicios religiosos en respeto a creencias, usos y costumbres de quienes fueron obligados a revivir su duelo.

Al final, el castigo penal a los responsables, las sanciones a todas las omisiones, la revisión de protocolos, y quizás la creación de nuevas normas con candados que garanticen su cumplimiento, deberán de apuntar a un objetivo central: que nunca más vuelva a repetirse esta historia atroz.