Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), cumplió la tarde del viernes con la orden judicial de ofrecer una disculpa pública por la tragedia ocurrida en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde 40 migrantes murieron y decenas resultaron heridos el 27 de marzo de 2023.
El exfuncionario, procesado penalmente pero beneficiado con la suspensión condicional de su causa, reconoció que aquella noche hubo “hechos inadmisibles” y que las víctimas sufrieron violaciones a sus derechos humanos mientras se encontraban bajo custodia del Estado mexicano.
“A todos les ofrezco con humildad una profunda disculpa por el sufrimiento y daño causado a ustedes y sus familias que vieron cambiar su vida para siempre”, expresó Garduño frente a familiares y sobrevivientes. También dirigió un mensaje específico a quienes sobrevivieron al incendio: “Las consecuencias permanentes afectan su salud física, mental, cognitiva y emocional”, admitió.
En otro pasaje subrayó:
“Me disculpo y reconozco que estos hechos son inaceptables y reprocho lo sucedido, toda vez que ocasionó modificaciones a sus proyectos de vida. No hay palabras que puedan resarcir y devolver las condiciones que tenían antes del 27 de marzo de 2023”.
Una disculpa bajo mandato judicial
Aunque Garduño aseguró que su disculpa “no es sólo una formalidad, sino un acto de respeto y sinceridad hacia las víctimas”, el contexto de su intervención revela lo contrario: el acto fue condición impuesta por el juez dentro del proceso penal que enfrenta y tardó dos años y medio en emitirla.
El excomisionado evitó asumir una responsabilidad personal plena, al hablar únicamente de omisiones institucionales y de “aquellos que resulten responsables”.
Durante el evento leyó los nombres de los migrantes fallecidos y sobrevivientes, gesto que buscó dar solemnidad, aunque no disipó las críticas. Colectivos de Chihuahua advirtieron que esta disculpa no puede interpretarse como exoneración ni representa justicia real.
El dolor permanece
Garduño reconoció que no existen palabras capaces de resarcir el daño ni devolver las condiciones previas al incendio. “El daño es permanente en muchos casos y los proyectos de vida quedaron modificados para siempre”, admitió.
Como respuesta institucional, dijo que se suspendieron operaciones en 33 estancias migratorias y se implementaron protocolos y capacitaciones en derechos humanos. Sin embargo, para familiares y sobrevivientes, esas medidas llegan tarde y no compensan las pérdidas.
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