“Dile a mi madre y a mi padre que los amo un chingo”, pide acusado de secuestro

En la sala 19 de Ciudad Judicial, el juez de control, Jorge Enrique González, dio inicio de manera formal a la audiencia de vinculación a proceso penal, en contra de Bryan Eduardo G.R., Sergio Jonathan S.C. y César Eduardo O.M., en punto de las 11:40 de la mañana del miércoles 12 de noviembre.

Para los familiares de los imputados fue una jornada compleja; en la sala de testigos protegidos, el hermano de uno de los acusados, permaneció esperando su momento para ser llevado a declarar por la defensa.

Además, por medio de videollamada, la hermana de Bryan, que se conectó desde el estado de Veracruz, también aguardó el momento para rendir su declaración, pero a través de su micrófono se alcanzaban a escuchar algunas voces que la interrumpieron momentánea de la audiencia.

De igual manera, la madre del joven de 19 años estaba en la sala, pero tuvo que ser retirada ya que, de acuerdo con la abogada defensora, ella rendirá su testimonio en las siguientes fases del proceso, situación que le impide escuchar lo que se ventile en las sesiones.

Mientras el movimiento de personas se daba en la sala y se trataba de alcanzar un orden para poder comenzar, uno de los imputados, Sergio Jonathan, se dirigió a su abogada para comentarle que tenía la manera de conseguir las pruebas para demostrar que no cometió el ilícito.

Le pidió que llamara a su esposa y a su padre para que consiguieran las cámaras de video de su fraccionamiento, aunque no recordaba si estaba trabajando o en dónde, pero le aseguró que él no estaba en el lugar al momento de que sucedió el secuestro.

Luego de unos momentos, la encargada de sala y el juez pudieron comenzar con el desahogo de pruebas por parte de la defensa, que comenzó con el testimonio de Bryan Eduardo G.R., el tercer imputado por los hechos cometidos en contra de la víctima identificada por las siglas J.G.G.P.

Bryan vestía totalmente de gris, la juventud se le nota en el rostro, donde presenta algunas marcas de acné. Es alto, robusto, sin barba y con pelo negro, largo y lacio.

Su declaración fue breve, contó que él no estaba en Ciudad Juárez cuando sucedieron los hechos porque el 27 de septiembre se fue de viaje a Veracruz para visitar a su hermana, de donde regresó entre el 23 y 24 de octubre, en un camión “pirata” rojo.

Para pagar su boleto, aseguró que vendió su teléfono celular y que estuvo en comunicación con sus familiares con el aparato de su hermana y el dispositivo del chofer del camión.

Por recomendación de su defensora, decidió no responder a preguntas del Ministerio Público, por lo que salió del estrado y regresó a su lugar, con el resto de los imputados.

La siguiente declaración fue de su hermana, Ashley, que compareció desde su casa en el suroeste mexicano.

De manera más extendida, confirmó los dichos de su pariente; que la visitó por un mes en su casa, que había vendido su celular para pagar el boleto, que se fue en un camión, que llegó entre el 27 y 28 de septiembre y que salió el 21 de octubre de regreso a esta frontera, a donde arribó el 23.

Aseguró que Bryan le había llamado para confirmar su llegada en la mañana de aquel día desde el celular de su mamá debido a que el camino en camión, de Veracruz a Ciudad Juárez, duró aproximadamente dos días.

El siguiente en la lista para declarar ante el juez fue el hermano menor de Bryan, que por ser menor de edad estaba en la sala de testigos protegidos, pero de último momento, la defensora decidió desistirse de su testimonio por “estrategia defensiva”. 

La audiencia se reanudó con la presentación de nueve imágenes en las que se observaron capturas de pantalla con las que la defensa pretendía demostrar las llamadas hechas cuándo Bryan estaba en camino a Ciudad Juárez desde Veracruz durante las fechas en las que supuestamente se cometió el secuestro.

Después, tanto César Eduardo como Sergio Jonathan decidieron utilizar su derecho de ampliar su declaración frente al juez.

“Haz de cuenta, te hacen firmar todo lo que uno no quiere”. 

Desde que pidió su oportunidad para declarar ante el juez, en la mirada de César Eduardo se notaba dolor y resentimiento, principalmente al mirar a la fiscal encargada de la causa penal en su contra.

Durante su testimonio, afirmó en repetidas ocasiones que había sido víctima de tortura, que a ellos los quieren inculpar por algo que no hicieron y que al momento de su detención, presuntamente por llevar estupefacientes, ni siquiera le encontraron nada y que los agentes ministeriales les habían “plantado la droga” para podérselo llevar.

Recalcó que los ministeriales le hicieron “la torturación” a lo largo de su detención, que lo golpearon en los genitales, espalda y en el estómago, causándole incluso una hernia que le impide realizar algunas actividades.

También mencionó que los agentes le hicieron firmar su culpabilidad y declarar que había participado en el secuestro.

“Hemos estado en situación de que no hemos hecho algo, aquí estoy para declarar como fueron las cosas, no hemos hecho nada, han dicho cosas que no hemos hecho”, expresó.

Al ser cuestionado sobre las personas que participaron en su arresto, mencionó que “eran puros ministeriales” e incluso señaló a la fiscal como una de las personas que participó al momento de su presentación ante el Ministerio Público.

“Ella se estaba riendo de mí”, aseguró.

Dudas no resueltas sobre el proceso penal en su contra

Una vez que terminó la declaración de César Eduardo, compareció Sergio Jonathan, quien al darse cuenta que su padre y esposa estaban presentes, hizo una mueca de sorpresa por volverlos a ver, combinada con tristeza en la mirada por las circunstancias en las que ocurrió el encuentro.

Frente al juez, el hombre declaró que tenía evidencia suficiente para demostrar que él no estaba relacionado con los hechos de los que se le acusan y que cuenta con videos de cámaras de vigilancia, así como otras pruebas de que él estaba lejos de donde sucedieron los hechos.

Mencionó que su esposa y padre podrían tener acceso a dicho material, así como a la aplicación de InDrive, donde trabajaba como chofer de plataforma, en la que se podría demostrar el lugar en el que estaba al momento en que se cometió el delito.

Preguntó al juez que si había tiempo disponible para que sus familiares recopilaran dichos datos, quien le explicó que el plazo constitucional en la etapa de control ya había concluido ese mismo día y que se estaba a punto de resolver su situación jurídica, por lo que ya no podría presentar nueva evidencia.

Sin embargo, falta la investigación complementaria, previo al juicio, para recopilar todos los datos que le pudieran ayudar a obtener su libertad.

Enfatizó que los juzgadores están para responder las dudas de la ciudadanía y cerciorarse que las personas imputadas entiendan en todo momento las partes de su proceso y las maneras en las que podrían ayudar a su defensa a realizar un mejor trabajo.

“Dile a mi madre y a mí padre que los amo un chingo”

Mientras esperaba el reingreso de los otros dos imputados, que fueron sacados al momento de que Sergio Jonathan compareció ante el juez, el hombre aprovechó el momento para un intercambio de palabras con su esposa.

“Yo no estuve ahí, no te preocupes, todo va a estar bien. Dile a mi madre y a mi padre que los amo un chingo”, mencionó.

Al darse cuenta que su padre lo estaba escuchando, volteó hacia él para decirle “lo quiero un chingo padre, y a ti también, te quiero un chingo”.

No coinciden las circunstancias ni las personas: Defensa

En sus argumentos, la defensa manifestó que sus defendidos no habían participado en los hechos cometidos entre el 22 de octubre y 1 de noviembre de este año, cometidos en contra de la víctima.

Respecto al caso de Bryan Eduardo, refirió que era imposible que el joven estuviera en la localidad al momento de que sucedió el secuestro, ya que se encontraba viajando desde Veracruz, por lo que no estaría relacionado con dicho ilícito.

De igual manera, resaltó el testimonio de César Eduardo, quien habría sido forzado a declarar su culpabilidad por coerción de los policías ministeriales, dichos que se sostienen ya que, resaltó, las características de sus clientes no coincidían por las dichas por los testigos.

En específico, expuso que ninguna de las características físicas, principalmente el tono de piel (blanco, según las descripciones de los testigos), coincidía con sus representados, por lo que solicitó la no vinculación a proceso.

La versión oficial de los hechos

En su argumentación, la fiscal refrendó la solicitud de vinculación a proceso penal sosteniendo que los datos aportados por la defensa en esta audiencia proporcionaban “información ambigua” al caso y que faltaban pruebas suficientes para demostrar las versiones alternas de los hechos, presentadas por los imputados.

Además, puntualizó en que una de las víctimas indirectas de los hechos, y primo de la víctima, identificó plenamente a los imputados como los responsables de realizar el secuestro e, incluso, detalló las maneras de participación de cada uno de ellos.

Sobre el caso de Bryan Eduardo, mencionó que era posible que el joven, pese a haber viajado desde Veracruz, pudiera llegar a la frontera a cometer el crimen, previo a encontrarse con sus familiares el 23 de octubre.

La solicitud de vinculación a proceso fue concedida por el juez de Control, quien resaltó que había evidencia suficiente para demostrar la participación de los imputados, tomando en cuenta los antecedentes.

De acuerdo con la carpeta de investigación presentada por el Ministerio Público, en la tarde del 22 de octubre un hombre identificado como Edgar Jesús, o Edgar Antonio, le llamó a la víctima con el propósito de comprarle una camioneta de la marca Jeep.

El encuentro entre la víctima, su primo que lo acompañó y el posible comprador, se hizo en las afueras de un yonke ubicado en la calle Fray García de San Francisco, donde las tres personas se subieron a la camioneta en venta para realizar una prueba de manejo.

Según el testimonio del primo de la víctima, Edgar estaba manejando cuando llegó a la calle Begonias, en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, donde se topó con una camioneta blanca, Chevrolet Outlander, que les cortó el paso; enseguida, Edgar sacó una pistola y le apuntó a la víctima.

J.G.G.P. había intentado salir huyendo del lugar, pero fue interceptado por tres hombres, Sergio Jonathan, César Eduardo y Brayan Eduardo, quienes portando armas de fuego lo subieron su camioneta, mientras el otro sospechoso se llevaba la otra.

El testigo se quedó solo en la escena, pero fue recogido después por su tío y padre de la víctima, a quien le contó la situación y con quien fue a interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por lo que acababa de vivir.

En la sede ministerial, aproximadamente a las ocho de la noche, recibió la primera llamada de los captores, quienes le aseguraron que tenían secuestrado a su hijo y pedían un rescate de 3 millones de pesos.

Además, le dijeron que “no involucrara a las autoridades”, que ya tenían conocimiento que había ido a Fiscalía y que no sabían qué iba a hacer, pero que dejara fuera a las autoridades o su hijo iba aparecer muerto.

En los días siguientes, los captores se comunicaron en diversas ocasiones con el padre, dejándolo hablar unos momentos con su hijo, pidiéndole el pago de los 3 millones de pesos.

Durante la negociación, el hombre aseguró que no contaba con dicha cantidad, que les podía entregar 900 mil pesos, así como una camioneta, pero que no tenía nada más.

Durante el transcurso de los días, los captores exigieron el rescate, recibiendo un pago de 900 mil pesos el 29 de octubre, así como un segundo pago por 250 mil pesos el día 30.

Aquella jornada, según los agentes especializados en la atención del secuestro, el padre se comunicó una última vez con su hijo, quien le dijo que “estoy bien, gracias a Dios”.

Dos días después, en el cruce de las calles Ejido López Mateos y Ejido Cuauhtémoc, en la colonia El Papalote, elementos de la Policía Municipal atendieron el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida, con visibles huellas de violencia en el cuello y con una bolsa de plástico amarrada al cuello.

Se trataba de J.G.G.P, quien pasó su última semana de vida secuestrado al interior de un domicilio abandonado ubicado en la calle Amapichtli, en la colonia Águilas de Zaragoza.

Según la FGE, la identificación de los imputados se dio por medio de una nota compartida en un medio de comunicación, ya que el primo de la víctima observó la fotografía de una persona detenida por posesión de drogas, a quien identificó como la misma que había participado en el secuestro de su primo.

Al darse cuenta, fue a las instalaciones de la Fiscalía para compartir su hallazgo y señalar a César Eduardo como uno de los presuntos responsables del secuestro de su primo, situación que se repitió con el resto de los imputados.

Respecto a Bryan Eduardo, que también había sido detenido por posesión de drogas, se señaló que su identificación se hizo por medio de dos billetes que le fueron asegurados cuando lo arrestaron.

El padre de la víctima, refirió que el hombre tenía en su poder dos billetes que utilizó para el pago a los secuestradores, los que coincidían los números de serie en las fotografías que les había tomado para enviárselas a los secuestradores.

En la investigación presentada ante el juez, se indica que al momento del secuestro los tres imputados se trasladaban en la camioneta Chevrolet Outlander, en la que se llevaron a la víctima al lugar donde permaneció los últimos días de su vida.

Se menciona que César Eduardo había sido contratado por Edgar Jesús para “aventarse un jale” y que ahí fue donde conoció a Bryan Eduardo, así como a Sergio Jonathan, quien manejaba la camioneta.

Además, que el acusado relató que una vez que efectuaron el secuestro, le tocó quedarse algunos días en la casa para cuidar y darle de comer al “chavo” que habían secuestrado, mismo al que describió como una “persona muy tranquila que casi no hacía nada”.

En su declaración, César mencionó a Sergio Jonathan, o el “Johny”, como la persona encargada de llevarles comida, señalando que el 25 de octubre acudió unas cuatro veces al domicilio para cumplir con esa tarea.

Resaltó que, al pasar de los días, decidió regresarse a su casa y que Edgar lo había contactado la noche del 31 de octubre para preguntarle si se quería “aventar un segundo jale”.

Al final, le dijo que ya no se preocupara, que “había terminado de hacer el jale con un bat”, dando a entender que ya había asesinado al hombre que tenían secuestrado.

En su resolución, el juez de Control advirtió que había versiones encontradas entre lo planteado por la defensa y el Ministerio Público, resaltando que, al estar en una etapa preliminar del proceso, no estaba en condiciones para ponderar una sobre la otra.

Por lo anterior, mencionó una tésis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se indica que, frente a estos casos, el juzgador debe decantarse por considerar la versión planteada por el Ministerio Público.

Tomando en cuenta que, hasta el momento, no se habían comprobado de manera fehaciente los actos de tortura que denunció César Eduardo, así como las versiones de Bryan Eduardo y Sergio Jonathan.

El juzgador fijó un plazo de investigación complementaria de seis meses, que concluirá el próximo 12 de mayo de 2026.

Pidió a la FGE que se inicie la realización del Protocolo de Estambul para determinar si habían sufrido tortura al momento de su detención, mismo que tendrá que estar listo antes de que inicie la audiencia intermedia en contra de los imputados.

Con un “los quiero un chingo, los quiero a todos”, Sergio Jonathan se despidió de sus familiares, quienes tras poco más de cuatro horas salieron de la sala 19 de Ciudad Judicial al concluir la audiencia de vinculación a proceso penal.