Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (STJ) aprobaron por unanimidad el anteproyecto del presupuesto de egresos para el año próximo, por un monto de tres mil doscientos treinta y siete millones novecientos noventa y ocho mil trescientos setenta y un pesos.
El dinero solicitado para la operatividad del Poder Judicial se incrementó considerablemente de un año a otro.
Lo anterior a raíz de la obligatoriedad de implementación en lo local de la Reforma Laboral federal, que requiere ochenta y cuatro millones treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y dos pesos, para arrancar.
En lo global, respecto al año pasado, se contempla un incremento superior a los 930 millones de pesos.
Previamente, el Poder Judicial del estado había aportado 521 millones de pesos de su presupuesto, como parte del plan estatal de austeridad a causa de la contingencia por el coronavirus.
El dictamen fue elaborado por los magistrados Angélica Jurado, Olga Cano y David Alvarado. También por Emiliano Anchondo y Zulema Plama. Esta última, titular de la Dirección General de Administración del Supremo Tribunal de Justicia.
La propuesta será enviada al Ejecutivo y al Legislativo para su aprobación.
En el presupuesto se contempla la solicitud de fondos para la cobertura de compromisos fiscales por 610 millones de pesos.
Hasta el mes de enero del presente año, la Auditoría Superior del Estado reportó pasivos del Poder Judicial por cuatrocientos cincuenta y tres millones doscientos noventa y dos mil pesos, entre las que destacan deudas a proveedores y contratistas, servicios personales, entre otros.
A pesar de presupuesto, hay compromiso para implementar Reforma Laboral
En mayo del próximo año, el Poder Judicial tendrá que implementar los mecanismos para ejecutar la Reforma Laboral. Ello implica la inversión en adecuación de infraestructura, recursos humanos y materiales.
Desde octubre de 2019, el grupo interinstitucional para la Implementación de la Reforma Laboral en Chihuahua no recibe recursos para la puesta en marcha de esta reglamentación, denunció el magistrado Luis Villegas hace un par de semanas.
Chihuahua se encuentra entre los 11 estados de la República que deberán implementar la reforma a partir del próximo año. La falta de financiamientos estatales y federales amenaza con retrasos importantes.
Los juzgados laborales o de enjuiciamiento laboral se pondrán en funciones a cargo del aparato estatal, que dependerá del Supremo Tribunal de Justicia.
Por otro lado, los Centros Estatales de Conciliación estarán a cargo del Poder Ejecutivo y serán órganos descentralizados con patrimonio y personalidad jurídica propia. Pero dependerán del Gobierno del Estado.
Este nuevo organismo, que ya opera en 8 entidades, se encarga de los registros de sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional. También de vigilar que se respeten los derechos sindicales e intereses colectivos de los trabajadores. Además es responsable de la conciliación en conflictos individuales y colectivos de trabajo de competencia federal.
Congreso y Auditoria piden más
El jueves, el Pleno del Congreso aprobó su Presupuesto de Egresos, así como el que aplicará la Auditoría Superior del Estado para el año próximo, con considerables incrementos.
La razón de los aumentos se fundamenta en un recorte presupuestal que previamente se aplicó este año a las instituciones mencionadas. Esto, a razón de la contingencia causada por el Covid-19.
El Poder Legislativo recibirá ciento diez millones trescientos setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos más que lo otorgado en el ejercicio en curso; la Auditoría logró aumentar su presupuesto en nueve millones setecientos noventa y un mil doscientos diecisiete pesos.
Las cantidades aprobadas para el ejercicio actual (2021) se situaron en cuatrocientos cincuenta y cuatro millones ochocientos noventa y siete mil cuatrocientos ochenta y un pesos, en tanto que en la auditoría se dispersaron ciento sesenta y dos millones ochocientos veintinueve mil seiscientos veintiséis pesos.
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