Documentos que expide el Gobierno Municipal son objeto de falsificación, por lo que la autoridad emprendió una campaña contra la alteración y uso de cartas de identidad, de residencia y de origen.
Falsificar cualquier tipo de documento emitido por una autoridad constituye un delito, el cual se sanciona desde una multa hasta con prisión, como lo tipifica el Código Penal Federal y el del Estado de Chihuahua, expuso el director de Gobierno, Óscar Murillo.
Ante la existencia de falsificaciones, el funcionario pidió a la ciudadanía que esté alerta ante este tipo de documentos, los que son ofertados través de las redes sociales u otros medios.
Dijo que la única forma válida de tramitar una carta de identidad, residencia o de origen es a través de las oficinas ubicadas en la planta baja de la Unidad Administrativa Licenciado Benito Juárez (Presidencia Municipal), o bien, en la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente ubicadas en avenida Del Valle, en la colonia Zaragoza.
Para tramitar la carta de identidad, el interesado debe acudir personalmente a la dependencia, así como presentar acta de nacimiento, la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada y presentar dos testigos con identificación vigente.
La carta de residencia, continuó, se obtiene presentando credencial de elector vigente con domicilio en Juárez, con una vigencia de más de seis meses o acreditando la estadía en la ciudad durante el mismo lapso.
En cuanto a la carta de origen, que es utilizada para asuntos migratorios, es necesario que la persona interesada se encuentre en el extranjero y que su situación migratoria no le permita hacer el trámite personalmente.
Sin embargo, puede enviar a una persona autorizada con un poder notariado con dos fotografías tamaño pasaporte, dirección de dónde se encuentra, mientras que el apoderado tiene que presentar identificación vigente y asistir acompañado de un testigo, mencionó.
Sobre el tema de la falsificación, advirtió que utilizar documentos apócrifos constituye un delito, al igual que para quien lo produce, que contempla de cuatro a ocho años de prisión, así como una sanción económica de 100 UMA (11 mil 314 pesos) a 500 UMA (56 mil 570 pesos).
