Ante las cifras de casi 400 accidentes donde se han visto involucrados camioneros de transporte público en los cuales han resultado siete muertos y 391 lesionados en lo que va del 2023, el activista Ricardo Melgoza lamentó que no se haga cumplir la ley de transporte por parte de Gobierno del Estado, de tal manera que esos números siguen a la alza.
De acuerdo a la Coordinación de Seguridad Vial del Municipio, hasta el pasado 10 de noviembre iban en el año un total de 390 choques, donde los responsables fueron los propios choferes en 298 eventos lo que representó el 76 por ciento de los casos.
Los particulares fueron los responsables en 92 de los casos, lo que da el otro 24 por ciento.
Según Seguridad Vial, del 1 de enero al 10 de noviembre, también resultaron 391 lesionados y hubo siete decesos.
En cuanto a las cifras de accidentes, en enero hubo 34, en febrero 43, marzo 49, abril 58, mayo 39, junio 35, julio 32, agosto 31, septiembre 34, octubre 23 y noviembre 12 choques.
El mes de abril fue el que más accidentes presentó, con un promedio de casi dos diarios.
Fotos: José Zamora
No se cumple la ley
Sobre el tema, Ricardo Melgoza señaló que no se cumple la Ley de Transporte en el estado de Chihuahua, donde dice que los choferes deberán de estar además de uniformados, capacitados y entrenados para manejar los vehículos.
Agregó que se establece además que las unidades no sobrepasen los 10 años de antigüedad, por lo que se está en un caso de desacato completo a la ley por parte de la mayoría de los concesionarios de transporte público de pasajeros, que alcanzan un 85 por ciento.
Señaló que algunos pocos concesionarios sí cumplen, pero la mayoría no.
Cuestionó por qué no se ha hecho cumplir la ley por parte de los responsables del Estado, al considerar que solamente hay tres opciones: negligencia, incapacidad o corrupción.
Melgoza dijo que la actual administración ya está por cumplir tres años y todavía no es hora de que hagan cumplir la ley de transporte.
Aclaró que no es la única que ha fallado, porque el anterior gobernador, Javier Corral, tampoco lo hizo en su periodo de cinco años y ni César Duarte en los seis años que duró su gestión.
Cuestionó si los concesionarios de transporte público pertenecen a otra categoría de ciudadanos, de tal manera que no se les puede obligar a cumplir la ley.
Entre la impericia y el tercermundismo
En relación a los accidentes, el activista lamentó que sigan ocurriendo en tal magnitud, considerando que en algunos casos serían por falta de pericia de los choferes.
“En ocasiones también son fallas mecánicas, las condiciones de muchas de las unidades están en situaciones muy lamentables”, subrayó.
Agregó que para nadie es desconocido que algunos autobuses avanzan por las calles y repentinamente se le zafa una llanta o se les hacen arreglos con pinzas o múltiples composturas improvisadas que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros y terceras personas.
“Realmente es muy lamentable y nos refleja ese tercermundismo que los gobernadores del Estado nos mantienen a Ciudad Juárez”, anotó.
Señaló que existe esa sospecha de que las autoridades “agarran dinero” para no avanzar con la modernización del transporte.
Operar con impunidad
Explicó que las denuncias ciudadanas van en el sentido de que entrega dinero a las estructuras de la Dirección de Transporte para que les permitan operar con impunidad, para que les permitan duplicar las placas, los permisos o simplemente “hacerse de la vista gorda”.
Señaló que la pregunta sería para la gobernadora, para el secretario de Gobierno y el director de Transporte, de si tienen la instrucción de no hacer cumplir la ley.
Afirmó que solamente hace falta voluntad de hacerlo, así como se obliga a pagar el impuesto universitario, los impuestos a las placas, los impuestos a los alcoholes.
“Así como se cobra ese y nadie nos escapamos, igual se tiene que hacer cumplir la ley a los concesionarios”, enfatizó.
Recordó que se dio un plazo al mes de abril, que eran tres meses, sin embargo, ya van siete meses, casi ocho y aún no se modernizan las unidades.
Dijo que algunos meterán unidades 2014 pero en dos años ya van a estar obsoletas, con lo cual parece ser que el Gobierno y los concesionarios “le quieren jugar el dedo en la boca a los ciudadanos”.
