La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional que presentó el expresidente Peña Nieto para frenar investigaciones de la Operación Zafiro.
El colegiado determinó de manera unánime desestimar la controversia contra indagatorias a funcionarios federales ligados al desvió de 250 millones de pesos para financiar campañas.
La resolución de la Suprema Corte establece que «las controversias constitucionales no se pueden usar para buscar carpetas de investigación ni mandamientos judiciales de ningún tipo contra funcionarios federales».
Dicha controversia se interpretaba como si fuera un juicio de amparo. Esto, para permitir al titular de un poder conocer si otro orden de Gobierno mantiene abiertas carpetas de investigación por la comisión de un delito.
Sin embargo, las controversias constitucionales no se pueden usar para buscar carpetas de investigación ni mandamientos judiciales de ningún tipo contra funcionarios federales, explicó el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en su ponencia.
La controversia se presentó desde 2018
La controversia fue presentada por la Consejería Jurídica de la Presidencia en octubre de 2018, dos meses antes de acabar la administración de Peña Nieto.
Eduardo Medina Mora admitió a trámite, pero otorgó una suspensión definitiva para que la Fiscalía de Chihuahua frenara cualquier investigación abierta en contra de cualquier funcionario federal.
En ese momento, el ministro argumentó que la indagatoria «podría generar una situación grave de impunidad generalizada».
Luego, Corral Jurado consideró que era «revelador» que el presidente Peña Nieto se sintiera tocado por las investigaciones que se realizaban en Chihuahua.
«Políticamente hablando, es revelador que Peña se sienta tocado por las investigaciones de Chihuahua. Pero el instrumento jurídico es muy cuestionable. Creemos que no va a prosperar», dijo en 2018.
Corral argumentaba que las controversias constitucionales no pueden utilizarse como amparos en materia penal.
La controversia constitucional impugnaba todos los actos de investigación que la Fiscalía de Chihuahua hubiera iniciado en contra de cualquier servidor público federal. El recurso intentaba dejar sin efecto cualquier «citatorio, comparecencia, orden de aprehensión, arraigo o de aprehensión» derivado de la indagatoria.
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