Aunque el Gobierno Federal tiene una partida presupuestal para dar seguimiento a la protección de defensores de los derechos humanos y de periodistas, no existe información disponible sobre el estado que guarda dicho fondo, si es suficiente o siquiera se ha dispersado.
Así lo afirmó el diputado local Omar Bazán Flores (PRI), al conmemorar el cuarto aniversario de la constitución del mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas.
Sin información sobre esos recursos, en el ámbito estatal se ha continuado con los trabajos de seguimiento, agregó Bazán Flores.
Sin embargo, hasta la fecha no se tienen resultados tangibles o medibles sobre las condiciones de riesgo que enfrentan los luchadores sociales, señaló.
“Si bien, la Coordinación Ejecutiva Nacional ha establecido acercamientos con colectivos de búsqueda en la entidad, con el propósito de identificar las situaciones de riesgo que enfrentan los mismos y activar diferentes esquemas de intervención para su protección, en el espectro estatal hay pocos resultados”, enfatizó Bazán,
No obstante esos obstáculos, el priista consideró que es “sumamente viable” que desde lo local se dé seguimiento a los trabajos realizados.
Para tal efecto, propuso que sea la Comisión Estatal de Derechos Humanos el ente facultado para que informe al respecto a la Comisión de Derecho Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Chihuahua, sobre los avances de esta política nacional.
En el mismo sentido, señaló que urge destinar recursos que sirvan para dar a conocer si existen líneas de atención para personas que requieran el auxilio en el Estado, ya que el acceso al mecanismo sigue siendo complicado.
Es preciso mencionar que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, propiamente es una instancia federal que nació a partir de la entrada en vigor de la Ley que lleva el mismo nombre, puntualizó.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se creó con el objeto de implementar y operar las medidas de prevención, medidas de protección y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo.
Desde la concepción del mecanismo, se dijo que la protección se otorga no solo a personas, sino también a organizaciones y colectivos.
A pesar de estos logros en materia jurídica, en México se vive una grave crisis de derechos humanos que impacta en mayor proporción a las personas en condiciones de vulnerabilidad y además se ha profundizado por la pandemia.
El primer mes del 2022 comenzó con los asesinatos de cuatro periodistas: José Luis Gamboa en Veracruz, Margarito Esquivel y Lourdes Maldonado en Tijuana y Roberto Toledo en Michoacán.
“A pesar de que existe un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la realidad es que esta herramienta jurídica no ha mostrado tener resultados significativos para garantizar la vida y la dignidad de las personas en riesgo”, comentó.
Aunque la CNDH ha reconocido de manera reiterada la relevancia y trascendencia social de la labor que desempeñan periodistas, comunicadores y personas defensoras de derechos humanos, su actividad ha sido sistemáticamente obstaculizada por medios diversos.
La censura, ya sea directa o indirecta, la estigmatización y el descrédito de su labor, han afectado de manera profunda y sensible a quienes ejercen tales derechos, colocándolos en una situación de vulnerabilidad que es preciso atender de manera prioritaria, agregó.
Es preciso mencionar que Estado mexicano tiene una deuda pendiente con las víctimas, que no se puede cuantificar o compensar, ya que mientras la mayoría de los casos permanezcan impunes, no les será posible acceder a la verdad, la justicia y la reparación a la que tienen derecho, concluyó.
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