La desaparición forzada a manos de autoridades o de civiles es un problema muy crudo en México y uno todavía más invisible y complicado cuando se trata de personas migrantes, quienes no tienen posiblidades por su condición de movilidad de denunciar o de atraer la atención y la acción de la justicia, dicen miembros del Servicio Jesuita a Refugiados en esta ciudad.
No hay números oficiales de cuántos migrantes llegan y son muy bajas las cifras sobre denuncias para ese tipo de casos, lo que dificulta aún más el que esas personas en condición de movilidad tengan acceso a la justicia, consideran.
El Segundo Seminario Permanente de Movilidad Humana se realizó este viernes en las instalaciones del Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas (ICSA) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con objeto de brindar sensibilización y herramientas teóricas y prácticas del fenómeno migratorio a estudiantes e instituciones relacionados con la migración.
Durante el evento, Alejandra Corona, coordinadora del Servicio Jesuita a Refugiados, tocó el tema de la desaparición forzada como parte del fenómeno migratorio.
“Hoy 30 de agosto es el Día internacional de personas víctimas de desaparición forzada, y en el Servicio Jesuita, lo que estamos impulsando es que se visibilicen las condiciones en que personas migrantes internacionales, pero también mexicanos que se desplazan por temas de violencia en sus comunidades de origen son víctimas de esta desaparición”, declaró.
“Entender que la desaparición forzada es sencillamente que una persona ya no sea localizada, puede ser a manos de autoridades, puede ser a manos de civiles y, lamentablemente, es un problema muy crudo de nuestro país que no ha tenido la visibilización suficiente y nosotros consideramos que todavía tratándose de personas migrantes es mucho más invisible”, destacó la activista social.
“Nos enfrentamos al reto de que no hay números oficiales de cuántas gentes transitan por nuestro país. Evidentemente las personas en movilidad no tienen acceso a la justicia para con ello poder iniciar una carpeta de búsqueda, y además no hay denuncia. Tenemos que ser honestos, ni siquiera los mexicanos denunciamos. El número es muy bajo en comparación de las cifras reales y todavía las personas migrantes mucho menos por el miedo, reconociendo que esas personas mayoritariamente se encuentran irregulares en nuestro país”, estableció.
Esos motivos, dijo, inhiben toda intención de realizar las denuncias y en general de buscar el acceso a la justicia.
“Y a eso sumamos todavía que los familiares no están aquí para buscarles como sucede con los locales. Ellos se encuentran en sus comunidades de origen, que la mayoría de las veces están muy alejadas y sin acceso a internet o a una llamada rápida, lo que reduce todavía más la posibilidad de tener una carpeta y de buscar adecuadamente a sus familiares”, sostuvo la representante de los Servicios Jesuitas.
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