Desalojan casas con falsas notificaciones; hasta los muertos les firman

El coraje y el miedo la invadieron, al ver que sus cosas fueron arrojadas a la calle por personas a quienes no les importó que en el momento del desalojo ella ni siquiera estuviera presente.

Estaban únicamente sus dos hijas solas: una de 24 y otra de apenas 11 años.

Verlas en la calle, llorando, la llenó también de tristeza y de impotencia, porque de un minuto a otro se quedaron  sin la propiedad que consiguieron con tanto sacrificio.

Después de 17 años de estar pagando rigurosamente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por su vivienda, Guadalupe Cázarez Reyes, de 45 años, se quedó sin nada, lo que considera es una auténtica injusticia, porque simularon una notificación avalada por parte de un actuario.

Según autoridades, la notificación fue recibida por un primo, sin embargo, es un hombre al que ella ni siquiera conoce.

Ahora Guadalupe vive en casa de una de sus hijas, mientras sus muebles los dejó encargados con una vecina.

Según supo, su vivienda fue rematada inmediatamente, al parecer el mismo día que los sacaron por la fuerza, con el uso de policías.

Notifican supuestamente a muertos

El caso de Guadalupe no es el único, ya que de acuerdo a Griselda Sosa Beltrán, representante de la organización social denominada El Barzón, sección Ciudad Juárez, diariamente se estarían haciendo al menos unos 20 desalojos con ese modus operandi, donde son comunes las falsas notificaciones.

“Son 20 familias mínimo que están echando a la calle”, estima.

Dice que el problema es que mucha gente no sabe que tiene una demanda, porque los actuarios fingen dar dichos avisos, pero en realidad no se hacen, con tal de perjudicar a los moradores de las fincas.

Menciona que “en Actuaría es donde empieza básicamente un litigio”, sin embargo, “estas personas simulan algunas veces, incluso, notificaciones a personas que ya fallecieron”.

“Entonces han llegado a desalojar a sus viudas, a su familia”, anota.

Agrega que el próximo viernes le regresarán precisamente una vivienda que peleó para que se la devolvieran a sus dueños, ya que se demostró que notificaron falsamente al esposo ya muerto.

Indica que por ley las personas tienen derecho a defenderse, pero se les roba esa oportunidad al sacarlas de forma arbitraria.

Sosa Beltrán anota que al conocerse ese tipo de abusos, se recurre a la justificia federal, a través del amparo.

Comenta que hace entre 10 y 15 años tras una denuncia de El Barzón, muchos actuarios fueron cesados de sus cargos por incurrir en falsas notificaciones, sin embargo algunos fueron reinstalados tras recurrir a amparos.

“El principal problema de un litigio son los actuarios, (porque) si el actuario no cumple su trabajo como debe de ser, entonces alguien queda sin una defensa para poder pelear o defender”, subraya.

Señala que con 25 años dedicada a la defensa de la vivienda, puede decir que el gran problema sigue siendo “la corrupción y el contubernio que hay entre algunos actuarios y abogados de algunas dizque inmobiliarias”.

Hacen mina de oro con viviendas de hipotecarias

Explica que el problema de la vivienda es muy complejo, que no atañe solamente al Infonavit, sino a otros entes, como las hipotecarias o Sofoles que se crearon a nivel nacional por el Gobierno federal, para financiar créditos de vivienda social.

Señala que Crédito y Casa, Su Casita e Hipotecaria Nacional fueron las más fuertes, sin embargo, hace más de 10 años desaparecieron y miles de créditos quedaron en el limbo.

Menciona que actualmente siguen saliendo algunos entes que se hacen llamar inmobiliarias, o algunos abogados que afirman haber comprado esas carteras de clientes de esas inmobiliarias.

“Ahí hay un contubernio, porque están fabricando notificaciones y cuando llegan con las personas, pues nomás llegan a desalojarlas”, sin embargo, las personas no se dan cuenta porque al no ser notificadas, no tienen una defensa.

Agrega que incluso pueden recurrir a una prescripción, porque tienen más de 10 años que nadie les cobra.

Indica que todas esas personas que tenían créditos de hipotecas, dejaron de pagar no porque no tuvieran o no quisieran, sino porque no había a quién pagarle.

“No había quién les recibiera el pago, entonces ahora estas personas, como la vivienda ha subido mucho de valor, no demandan, sino que simulan una demanda para poder tomar posesión de la vivienda”.

Dice no tener cifras de la cantidad de propiedades que estaban bajo el rubro de las hipotecarias, sin embargo, en el caso de Crédito y Casa, afirma que tenían una parte de viviendas localizadas en fraccionamientos tales como Horizontes del Sur, Misiones del Real y Palmas del Sol, este último localizado en la Laguna de Patos, una zona inundable.

La representante de El Barzón sostiene que algunas fincas han sido invadidas, ciertamente, pero otras no y parejo les fabrican notificaciones ilegales.

Explica que incluso la Guardia Nacional está participando de estas arbitrariedades.

Espera explicarle el problema la gobernadora y a la presidenta del Supremo

Sosa Beltrán subraya que han realizado diversas manifestaciones, tanto en el Infonavit como en los Juzgados, sin embargo, no hay quién atienda las quejas.

Dice que ha solicitado reuniones con la gobernadora, María Eugenia Campos y la presidenta del Supremo Tribunal, Myriam Victoria Hernández Acosta, para plantearles esa realidad, pero a la fecha no hay una respuesta para que la reciban.

Recordó que el compromiso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue que no se iba a desalojar a ningún trabajador de su vivienda, lo cual  ha resultado una mentira.

Agrega que los estrados de los Juzgados están tapizados igualmente de supuestas notificaciones de remates de casas de Infonavit.

“No se le da oportunidad al trabajador de defender su casa, desafortunadamente”, subraya.

Señala que al crearse la justicia alternativa, se creía que se le iba a dar oportunidad a las partes de llegar a acuerdos, antes de judicializarse, cuando la realidad es que no se lleva a cabo.

Afirma abogado que actuarios imponen sus propias cuotas

Uno de los abogados que está cercano a los Juzgados civiles y familiares, quien habló a condición de mantener su anonimato, confirma por su parte que existen arraigadas prácticas de corrupción, que involucran a los actuarios.

Comenta que dichos actuarios tienen cuotas variables por notificar los embargos, en cantidades que pueden ir desde los 10 mil pesos hasta cantidades escandalosas, como uno que cobró 10 mil dólares.

Dice que algunos expedientes que llegan a Oficialía Común, tales como las procedentes de los bancos, son canalizados directamente a ciertos juzgados, donde los “jueces reciben una iguala que puede ser por mes, para favorecerles las resoluciones a los bancos”, aunque en algunos casos también puede ser a particulares.

Anota que cuando se hacen falsas notificaciones, se viola el debido proceso o derecho de audiencia, el derecho a la defensa.

Explica que cuando se hace la primera notificación, debe hacerse a la persona involucrada directamente, sin embargo, al no localizarla, se le tiene que notificar por edictos, siempre y cuando se demuestre que fue imposible su localización.

Recalca que hay algunos actuarios que son muy exigentes al poner su cuota de hasta 10 mil pesos, “muy imponentes, que no se ponen ni siquiera accesibles”.

Sin responder en Tribunal Superior de Justicia

Tras consultarse a Rubén Maldonado, coordinador de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia, acerca de posibles quejas, denuncias o investigaciones relacionadas a la mala práctica de actuarios o la coordinadora de Actuarios identificada como Clara Cavazos Valles, indicó que ya había sido solicitada la información, sin embargo, no había tenido respuesta hasta la tarde de este lunes 25 de septiembre.