Autoridades mexicanas, quienes mantienen “blindado” el río Bravo, para impedir el cruce de personas indocumentadas a Estados Unidos, recibieron a más de 300 migrantes deportados de forma exprés, en las últimas 48 horas.
Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), del grupo Beta y elementos de la Guardia Nacional (GN), recorren el borde fronterizo para detectar cruces ilegales. Del otro lado del río Bravo, los acompaña la Border Patrol.
En una muestra de fuerza de inhibición, el patrullaje de los agentes mexicanos y norteamericanos, se realizan con torretas encendidas. Mientras tanto, elementos de la GN, instalaron retenes en distintos puntos de la línea divisoria.
Un mando al frente del grupo Beta, cuerpo especial del INM, señaló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha deportado a más de 300 personas sin papeles que cruzaron en las últimas 48 horas.
Dijo que la agencia estadounidense utiliza el Título 42 de la Ley de Servicios de Salud Pública. Le permite regresar a los migrantes en el mismo momento en que cruzan y los atrapan, con la justificación de que los agentes están en riesgo por una emergencia sanitaria.
Los migrantes pueden tener defensa legal: abogado
Roberto Vásquez, abogado de migración, señaló que los migrantes pueden tener defensa legal. Deben expresar ante la autoridad que los detiene la negativa a aceptar el procedimiento de deportación rápida.
“Los afectados deben manifestar que están en riesgo en México y solicitar un proceso legal migratorio para que no los pongan de nuevo en Juárez”, enfatizó.
Incluso pueden pedir defensa legan contra el programa Permanece en México (Remain in Mexico). El argumento es que su ejecución viola los derechos humanos de los migrantes, advirtió.
Organizaciones civiles, de Estados Unidos, han interpuesto demandas en las cortes estadounidenses. Consideran que somete a personas adultas, mujeres y niños, a daños continuos por delitos como el secuestro y la violación, además de abusos laborales.
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Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria
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