El diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Bazán Flores, denunció al gobernador Javier Corral Jurado ante la Fiscalía Anticorrupción por el probable delito de peculado, luego de que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 7 mil 032 millones 910 mil 496 pesos durante su mandato.
El legislador señaló que el gobernador no aclaró ante la Auditoria Superior de la Federación más de 100 observaciones o irregularidades. Por lo tanto, al distraerse de su objetivo dinero y valores que el Gobierno del Estado recibió y haberse enterado de forma directa y personal, sin investigar ni sancionar a sus subordinados, es responsable directo del delito de peculado, previsto en el artículo 270 fracción I del Código Penal del Estado.
Dijo además que el Congreso estatal debe solicitar un informe al gobernador sobre las observaciones de la ASF entre 2017 y 2019.
«El hecho de que el Gobierno del Estado oculte las observaciones y no las justifique no implica que no existan las irregularidades, de acuerdo con una tesis en la materia«, apuntó Bazán Flores.
Los presuntos malos manejos
Algunos de los malos manejos que dejará la actual administración estatal son:
- Pagos indebidos a servidores públicos despedidos, muertos o en campaña
- Pagos a maestros de escuelas que no existen
- Exceso de pagos a contratistas en obras hidráulicas de la JCAS
- Falta de aplicación de recursos de los programas federales enviados al estado
- Pagos a sobre precios en la compra de medicamentos
- Equipo de policía que se reportó pero no se compró
- Desaparición de recursos para desastres naturales
Por ejemplo, en 2019 le detectaron observaciones por más de 83 millones de pesos en la aplicación de recursos del fondo para pago de personal que no acreditó realizar funciones destinadas a la educación básica y normal, durante la licencia sin goce de sueldo, posteriores a bajas, con cargos de elección popular o de identificados como decesos.
Por dicha observación se promovió ante la Secretaría de la Función Pública del Estado sancionar a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación.
En 2018, en el ejercicio de cinco fondos federales, no se aclaró el uso de 7 mil millones de pesos. Destacan gastos sin justificar, compras de insumos médicos que no se encuentran en operación, subejercicios y pagos extemporáneos que las instituciones estatales no pudieron solventar.
Podría alcanzar Javier Corral hasta 4 años de prisión
De acuerdo con el artículo 270 del Código Penal del Estado, se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y de 50 a 500 días multa al servidor público que disponga o distraiga de su objeto, dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiere recibido por razón de su cargo.
El informe de la Auditoria Superior de la Federación señala que “no se informó a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores públicos”.
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