Los bloqueos en carreteras y aduanas dejaron impactos económicos significativos para la región, no solo porque durante los días de la contingencia se detuvieron más de mil 450 millones de dólares (mdd) en exportaciones.
Unas 39 mil cargas quedaron varadas sin poder cruzar, en el lado de Ciudad Juárez, estimó Manuel Sotelo, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar).
Peor aún, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana de Ciudad Juárez (Coparmex), que preside Mario Cepeda, y con la asociación civil Competitividad Laboral (CL), dirigida por Carlos Murguía, además de que se generó un “rezago sustancial” en las llamadas “cadenas de suministro”, cada jornada con cierres representó pérdidas estimadas en 25.8 millones de dólares por hora.
Proveedores de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) registraron hasta un 20 por ciento de sus órdenes de compra detenidas, señalaron.
En un comunicado emitido el viernes, unas horas después que los manifestantes levantaron campamentos y retiraron maquinaria agrícola de los accesos a los cuatro cruces internacionales de comercio exterior de esta frontera, Coparmex Ciudad Juárez y CL dieron a conocer otro dato relevante.
Si los productores no se hubieran retirado, la industria maquiladora de la frontera ya tenía programados, a partir del martes 9 de diciembre, paros técnicos.
Con esa decisión se habrían comprometido entre 150 y 200 millones de pesos diarios, por concepto de sueldos y salarios.
Debido a la interrupción ocasionada por los manifestantes, que se oponían a la aprobación de nuevas leyes para la administración del agua de uso agrícola y ganadero, en especial para pequeños productores y comunidades indígenas, “el comercio local enfrentó escasez temporal de productos esenciales”, sostuvieron.
De acuerdo con ambos organismos empresariales, vinculados estrechamente al tema del empleo, lo ocurrido se debe enmarcar en un contexto nacional particularmente delicado, marcado por lo que definieron como “fragilidad económica” y la “inminente renegociación del T-MEC”.
En este entorno -acotaron- las políticas públicas requieren diálogo, claridad jurídica y responsabilidad institucional.
Hicieron un llamado respetuoso pero energético a la Federación, porque -remarcaron- “ya no deben, y no pueden, realizarse cambios jurídicos o legales sin un proceso profundo de diálogo, análisis y construcción de consensos con los sectores productivos y sociales, con explicaciones amplias del objetivo de estos cambios”.
En ese sentido pusieron sobre la mesa que actualmente el país enfrenta “una nueva y difícil coyuntura política”.
Imprescindible, considerar relación bilateral y el T-MEC
Es por eso que -afirmaron- las decisiones públicas deben considerar la estabilidad económica regional, la continuidad de las operaciones industriales y comerciales, la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros y la relación bilateral en el marco del T-MEC.
“El país -apuntaron- exige mayor cuidado, responsabilidad y técnica en el diseño de políticas públicas, especialmente aquellas que influyen directamente en la productividad y el empleo”.
Sobre la nueva Ley de Aguas asentaron que debe apegarse plenamente al Estado de Derecho, con la protección al patrimonio del país, pero con el respeto a los derechos de los usuarios que están dentro del marco de la legalidad.
Se pronunciaron a favor de que el nuevo marco legal, se acompañe de explicaciones claras, accesibles y completas, que se difundan “con el acompañamiento institucional necesario”.
De manera que -estimaron- todos los actores comprendan exactamente su contenido y alcances.
“Una legislación de este tipo no debe prestarse a interpretaciones erróneas ni generar incertidumbre social”, plantearon.
En el comunicado emitido, también se destacó la disponibilidad mostrada por la Federación, el Gobierno del Estado y los agricultores “para encauzar el diálogo y alcanzar un acuerdo que permitiera levantar los bloqueos este día”.
“Este entendimiento debe ser cumplido y respetado por todas las partes involucradas, a fin de evitar nuevas afectaciones económicas y sociales que comprometan la estabilidad de la región y del país”, señalaron.
Cerraron el mensaje enviado a medios reiterando su disposición a colaborar en la construcción de soluciones que “fortalezcan la economía regional, protejan el empleo y preserven la competitividad nacional”.
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