La Fiscalía General del Estado le formuló imputación al ex funcionario Francisco G. A., probable responsable del delito de tortura, audiencia en la que además se resolvió la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva.
En una jornada que se prolongó por más de 12 horas, la Juez de Control escuchó los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público, los cuales obran en la carpeta de investigación iniciada tras una denuncia recibida en diciembre de 2021 en la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió sobre posibles hechos relacionados con tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Tras una investigación a cargo de un equipo multidisciplinario, fueron levantadas una serie de declaraciones y evidencias, estudios y análisis, incluido la aplicación del Protocolo de Estambul, mismo en el que colaboró el Centro Iberoamericano de Formación en Derecho Internacional y Derechos Humanos.
Los hechos que se le imputan ocurrieron en un domicilio de la avenida Zarco de la ciudad de Chihuahua, durante el periodo comprendido de febrero de 2017 a noviembre de 2018, cuando, en ejercicio de sus funciones como agente del Ministerio Público, torturó psicológica y físicamente a una víctima de identidad reservada.
Una vez realizado el señalamiento, robustecido con 19 testigos que deponen en su contra; el órgano jurisdiccional definirá su situación jurídica el sábado 26 de noviembre cuando se efectúe la audiencia de vinculación o no a proceso.
La juez desestimó la petición del imputado de ser liberado para asistir a los funerales de su padre, a efectuarse entre el viernes y sábado próximos.
