El fiscal general del estado, Roberto Fierro, anunció que implementarán una estrategia conjunta que involucra a todas las corporaciones de seguridad, incluido Ejército y Guardia Nacional, para solucionar el desplazamiento forzado interno que padecen cientos de personas en la zona serrana.
Informó que en la reunión de la mesa de coordinación para la construcción de la paz del viernes 24 de septiembre, se propuso unificar las listas de objetivos prioritarios que cada dependencia tiene.
Cuestionado sobre lo que ocurre en sitios alejados como Baborigame, en Guadalupe y Calvo, y otras localidades de la Sierra Tarahumara, reveló que uno de los problemas que encontraron al llegar a la actual administración es que hubo cuarteles que dejaron de usarse.
“Ese delito que se está cometiendo en la zona serrana sobre todo, y en la zona de Guadalupe y Calvo, lo vamos a combatir a través de apoyo y coordinación con los tres niveles de gobierno”, afirmó.
Recordó que por las características geográficas que tiene la zona, es complicado que solo una sola autoridad entre a combatirlo.
Combatirán desplazamiento forzado en la Sierra con Ejército y Guardia Nacional
Activistas sociales y defensores del bosque informaron el año pasado que la falta de presencia y acción provocaron el desplazamiento forzado de cientos de personas. La mayoría eran indígenas.
En Coloradas de la Virgen y Baborigame, ambos en Guadalupe y Calvo, así como en otros municipios como Urique, Guazapares, Chínipas, Maguarichi, Guachochi y Bocoyna, investigaciones periodísticas han documentado el problema.
“Ya estamos en pláticas y trabajando en forma coordinada con el Ejército, con la misma Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Y vamos a actuar con mucha contundencia en ese sentido”, anunció el jefe del Ministerio Público.
“Hay unos cuarteles por allá –dijo– que se dejaron de utilizar. Ya estamos trabajando en ver cómo los vamos a volver a conformar, a iniciar, y yo creo que eso nos va a ayudar”.
Adelantó que en la zona se van a establecer Ministerio Público, Agencia Estatal de Investigaciones, Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y Ejército.
Identificarán y detendrán a generadores de violencia
Lo anterior, para conformar un grupo robusto que ayude a identificar, ubicar y detener a los generadores de violencia que están provocando el desplazamiento.
En ese sentido, refirió que harán una reunión especial para definir los objetivos prioritarios o líderes de grupos criminles. Esto, porque anteriormente cada dependencia trabajaba por separado.
“Próximamente lo vamos a tener en una reunión de coordinación. Porque eso se maneja así y que todos traigamos los mismos objetivos, porque lo que nos encontramos es que una dependencia trae unos, otra dependencia trae otros”, detalló.
El fiscal agregó que por su conducto, la Fiscalía estatal solicitó en la mesa de coordinación de ayer viernes revisar el tema para determinar los objetivos prioritarios.
“Tenemos que revisar esos objetivos y tenemos que ampliar o ver cuáles ya están detenidos, capturados. Estamos en ese análisis”, remarcó.
Sin embargo, precisó que no se van a esperar a la reunión de análisis para empezar a actuar.
“Los que ya tenemos marcados, estaremos revisando la manera de capturarlos”, indicó.
La semana pasada uno de esos generadores de conflicto fue detenido en Cuauhtémoc. Después se conoció que su domicilio y ubicación eran de dominio público.
El presunto líder criminal no se escondía para evitar ser capturado, lo que ocurría es que nadie estaba buscándolo.
Cientos de indígenas sufren desplazamiento forzado interno
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave) dejó un diagnóstico fechado en diciembre de 2019. El documento indica que el desplazamiento forzado interno tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad.
“Socava la democracia y el Estado de Derecho. Da pie a múltiples vulneraciones a los derechos humanos, menoscaba la calidad de vida, destruye proyectos de vida y provoca la desintegración familiar”, refiere el reporte.
Además, alerta que el mismo fenómeno permite el crecimiento de la delincuencia organizada, en la cual, la corrupción de los gobiernos tiene un papel significativo, y es una fuerte amenaza a la seguridad e integridad humana.
De 2017 a 2019 la Ceave registró la atención de 373 personas, la mayoría de origen indígena, víctimas de desplazamiento forzado interno en el estado de Chihuahua.
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