La presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Ada Miriam Aguilera Mercado, defendió su militancia en el PAN, rechazó haber incurrido en falsedad de declaración durante su postulación y aseguró que se mantendrá al margen de actividades partidistas. Afirmó que la única manera de despejar dudas sobre su independencia será con resultados.
En entrevista para Norte Digital, la nueva titular del organismo explicó que no incluyó de manera explícita su afiliación política en su registro porque consideró que no era un elemento relevante para su evaluación, ya que —dijo— debían privilegiarse su experiencia y trayectoria en materia de derechos humanos.
“Fue una decisión personal. Consideré que lo que tenía que valorarse eran mis conocimientos, mis credenciales y mi experiencia”, señaló.
En su segundo día como presidenta —y como la primera mujer que encabeza la CEDH de Chihuahua—, Ada Miriam Aguilera confirmó que continúa como militante del Partido Acción Nacional. De acuerdo con registros de ese partido, tiene 23 años inscrita en el padrón.
Tras defender su derecho a militar y a ejercer su voto, la primera “ombudswoman” sostuvo que ejercerá esa afiliación únicamente en su carácter ciudadano, sin participar en actividades proselitistas.
“Lo que haré es ejercer mi derecho a votar. Andar en mítines o campañas no lo puedo hacer, y menos con la investidura de presidenta de la Comisión”, afirmó.
“No falsifiqué declaraciones”, responde
La funcionaria respondió también a señalamientos de organizaciones civiles que la acusan de haber incurrido en falsedad de declaración al no transparentar su militancia.
Negó esa acusación y sostuvo que su postulación cumplió con los requisitos legales, al señalar que la ley establece un plazo de cinco años respecto a vínculos partidistas.
“El documento es muy claro y hace alusión a la temporalidad de cinco años que establece la ley. Se firmó con la certeza de que se estaba haciendo lo correcto”, indicó.
Independencia frente al Ejecutivo
Instalada ya en el despacho de la presidencia de la CEDH —en la antigua casona vecina al edificio del Comité Directivo Estatal del PAN—, Ada Miriam afirmó que no habrá subordinación al Ejecutivo que encabeza la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
Sobre las dudas en torno a su independencia frente al Gobierno estatal, la presidenta del organismo afirmó que su actuación se medirá en los hechos y aseguró que atenderá asuntos incluso si resultan incómodos para el Poder Ejecutivo.
“La única manera de que esto quede claro es con acciones, con trabajo, con ética y con profesionalismo”, dijo.
Al respecto, recordó su paso por la CEDH como primera visitadora, etapa en la cual —en 2020— se encargó del despacho de la Presidencia ante la ausencia por enfermedad del titular, Néstor Armendáriz.
En ese momento, afirmó, la Comisión se condujo con absoluta independencia y autonomía respecto al resto de los poderes.
Sin “operación cicatriz”
Descartó además la necesidad de una “operación cicatriz” tras el proceso de designación, al considerar que no hubo una ruptura con organizaciones civiles, aunque señaló que impulsará una política de apertura y diálogo con todos los sectores.
“Las puertas de la Comisión tienen que estar abiertas para todos, sin importar afiliación partidista, colectivos o ideologías”, expresó.
Asimismo, afirmó que tras su toma de protesta recibió acercamientos de diputados de distintas bancadas, incluidos legisladores de Morena, quienes le manifestaron su disposición para trabajar de manera institucional.
Cercanía con Fiscalía y rechazo de recomendaciones, otro flanco
Además de la polémica por su militancia panista, la nueva presidenta de la CEDH enfrenta cuestionamientos por su reciente paso por la Fiscalía General del Estado (FGE), particularmente por el alto número de recomendaciones del organismo que fueron rechazadas durante ese periodo.
Se le cuestionó por la cantidad de recomendaciones dirigidas a la Fiscalía durante la gestión del actual titular, César Jáuregui Moreno, cuando ella encabezaba la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada.
Al respecto, explicó que no se trata de una decisión personal del fiscal en turno, sino de un análisis realizado por un equipo jurídico que revisa cada caso.
En la entrevista, Norte Digital le planteó que, según datos oficiales, la FGE acumuló 40 recomendaciones de la CEDH, de las cuales la mayoría no fueron aceptadas: 11 en 2023, siete en 2024 y al menos una más en el presente año.
Cuestionada sobre estos números, defendió el procedimiento y aseguró que la decisión de aceptar o rechazar recomendaciones no es discrecional del fiscal, sino resultado de un análisis jurídico interno.
“La mecánica que se sigue dentro de la Fiscalía Especializada y dentro de la Fiscalía General para una aceptación o no de una recomendación se hace a través de un análisis jurídico”, explicó.
Detalló que existe un grupo de abogados que revisa cada recomendación, analiza las pruebas y emite una ficha técnica con una sugerencia.
“Ellos emiten una especie de ficha y establecen si se sugiere aceptar o no aceptar”, indicó.
La funcionaria sostuvo que la diferencia de criterios entre la CEDH y la Fiscalía es parte del modelo no jurisdiccional de derechos humanos, donde ambas instancias realizan valoraciones jurídicas independientes.
También argumentó que las corporaciones de seguridad suelen concentrar un mayor número de quejas por la naturaleza de sus funciones y el contacto directo con la ciudadanía.
“Los cuerpos de seguridad están mucho más expuestos a que la gente solicite apoyo por parte de la Comisión”, afirmó.
No obstante, el señalamiento persiste, ya que la Fiscalía fue una de las dependencias con mayor número de recomendaciones no aceptadas, incluso por encima de corporaciones policiales.
La cercanía institucional también ha sido parte del debate, debido a que la ahora presidenta pasó directamente de la Fiscalía al organismo autónomo encargado de revisar las actuaciones de esa dependencia y de otras autoridades estatales.
Ante ello, insistió en que conocer el funcionamiento de ambas instituciones puede facilitar la emisión y el seguimiento de recomendaciones.
“El proceso se sigue entre las dos instancias; hay una valoración técnico-jurídica para determinar la fortaleza de las pruebas”, explicó.
El tema cobra relevancia porque una de las funciones centrales de la CEDH es emitir recomendaciones a autoridades que incurren en violaciones a derechos humanos, entre ellas la propia Fiscalía, lo que coloca bajo escrutinio la independencia con la que deberá actuar la nueva titular del organismo.
La funcionaria sostuvo que su actuación estará guiada por criterios técnicos y reiteró que su independencia se demostrará con resultados.
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