El hasta hace unas horas fiscal de la zona norte, Jorge Arnoldo Nava López, atribuyó las imputaciones de la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción en su contra, como una forma de presión política.
Las imputaciones señaladas se dieron durante su ejercicio en el año 2016 y 2017, en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, (OADPRS); ente federal que administra centros de readaptación federales y políticas de reinserción nacionales.
Sin embargo, defendió que en su paso por la dirección del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia, fue con integralidad.
“Yo nunca manejé dinero ni flujos de cheques en la dependencia, mi función se centró en organizar el área del Centro de Comando (C5)”, reiteró.
Según el abogado, se trata de un tema “claramente político, para presionar a través de los funcionarios de bajo rango, para llegar a los de alto rango”.
«Creo que es un tema político que se está trabajando a muy altas escalas en la Ciudad de México, en una guerra de poder», dijo.
El exfuncionario comparó su caso con el presentado contra funcionarios del Conacyt, a quienes se les abrió un proceso penal.
“Es muy triste lo que esto está sucediendo, que ha implicado a muchas personas”, comentó.
Se prepara Nava legalmente
Manifestó el abogado que es muy preocupante la información que circula; por lo que ya comenzó con las medidas de precaución necesarias para preparar una defensa legal, con el fin de aclarar la situación.
Dijo que durante su gestión se contrató a una empresa para la construcción de infraestructura del C5, y que, con base en consultas al constructor, éste le manifestó que no existe observación alguna que englobe irregularidades en la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación.
Como se informó, un juez de control del Estado de México liberó órdenes de presentación en contra de Nava López y Eduardo Guerrero, extitular del sistema penitenciario de Chihuahua.
Según los antecedentes de investigación, durante el encargo de Nava se operaron desvíos para la compra de tecnología y construcción de obras de infraestructura por casi 3 mil millones de pesos.
Las transacciones se habrían realizado a través de empresas factureras, supuestamente vinculadas a Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont.
Al cuestionársele sobre la veracidad de las acusaciones, reiteró que su vida laboral durante 18 años no tiene antecedentes u observación, siquiera, administrativa.
Además, declaró que lo ventilado hoy en medios es sorprendente y nuevo para él.
En su defensa, aseveró que presentó con regularidad sus estados de cuenta bancarios y exámenes de control de confianza
Dio a conocer que solicitó acceso a la carpeta de investigación, para conocer cuáles son los hechos que se le imputan.
«El tiempo nos dará la razón», finalizó.
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