El gobierno estatal de Javier Corral inició el decomiso de autos chuecos y la aplicación de medidas restrictivas contra conductores de este tipo de vehículos, en municipios gobernados por signos políticos distintos al suyo.
En esta frontera, donde gobierna el independiente Armando Cabada, a partir del lunes pasado la autoridad estatal giró un oficio para prohibir que vehículos con engomado rojo o sin placas, ingresen en estacionamientos públicos administrados por el gobierno del estado.
En Cuauhtémoc, donde encabeza la municipalidad el partido Morena, agentes estatales detuvieron al alcalde Carlos Tena Nevárez cuando éste los sorprendió presuntamente exigiendo 7 mil pesos a una familia de menonitas para no decomisarles un auto ilegal. Tal acción abonó a la relación cada vez más deteriorada entre el presidente municipal Tena y el gobernador Corral.
Durante décadas los vehículos chuecos han sido parte indispensable del patrimonio familiar de los chihuahuenses.
El gobierno independiente de Armando Cabada ha sido tolerante con los usuarios de carros que no tienen placas, en una acción interpretada como una necesidad social y ante el poco eficiente servicio de transporte local, regulado por el estado, y que no responde a las necesidades de los usuarios.
En varias ocasiones el año pasado Cabada dijo a los medios que la dirección de Tránsito no haría decomisos.
De hecho fue comentado de forma extraoficial que el engomado rojo se distribuyó de enero de 2017 a junio de 2018 por la organización Vendedores de Autos Usados de La Curva, con el visto bueno del edil. Entrando el 2019 la Fiscalía General del Estado (FGE) empezó a decomisar carros con esa calcomanía.
El líder de La Curva Alberto Rivera, dijo a NORTE que a la fecha tienen el registro de 16 autos decomisados, y que están defendiendo por la vía legal a los propietarios.
“El gobernador más que dedicarse a ordenar los decomisos en el estado, con lo que solo abre una caja de Pandora, debería sentarse a dialogar y que nos acompañe a abrir las puertas en México, pero si no se sienta ni con diputados ni con alcaldes, menos se va a sentar con vendedores de autos”, comentó Rivera.
CONFRONTACIÓN EN CUAUHTÉMOC
La situación es más áspera en el municipio de Cuauhtémoc, donde el alcalde Carlos Tena Nevárez mantiene un enfrentamiento con el gobernador desde que inició su gestión en septiembre de 2018.
Cuando Tena anunció la emisión de un engomado para registrar los carros chuecos el año pasado, la Fiscalía respondió con la advertencia de que no se toleraría esa “ilegalidad”.
Entonces el alcalde dio marcha atrás al engomado.
Los estatales iniciaron los decomisos pero su acción empezó a verse empañada por denuncias ciudadanas de que estaban extorsionando a la población a cambio de no quitarles sus automóviles.
La tarde del sábado 23 de marzo el alcalde morenista fue detenido por agentes ministeriales cuando intervino para tratar de evitar que les decomisaran un automóvil a una familia de menonitas.
Liberado tres horas después, Tena dio un mensaje afuera de la presidencia municipal advirtiendo que seguiría defendiendo a los cuauhtemenses de los abusos de los estatales.
EN MUNICIPIOS PANISTAS NO HAY DECOMISOS
En contraparte a las medidas que el gobierno estatal del PAN ha implementado, marcadamente en municipios gobernados por opositores políticos al gobernador, como es el caso de Cuauhtémoc y Ciudad Juarez, en otros municipios como Chihuahua y Delicias gobernados por el PAN, donde también circulan vehículos ilegales, no se han reportado decomisos.
NORTE buscó a los alcaldes de ambas demarcaciones, Maria Eugenia Campos y Eliseo Compeán, para tomarles un punto de vista, pero no estuvieron disponibles.
El presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció el miércoles 27 de marzo en Tijuana que los secretarios de Seguridad Pública, Hacienda, Economía, y el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), elaborarán un plan para regularizar los autos chuecos.
López Obrador refirió que no se trata de un afán recaudatorio, sino porque debido a que no hay un registro, son utilizados para cometer delitos, algo que también han sostenido las autoridades chihuahuenses.
El delegado del gobierno federal Juan Carlos Loera De la Rosa confirmó que el actual decreto de regularización -que vencía el 31 de marzo- fue ampliado al 31 de diciembre de 2019 para dar tiempo a una solución integral del problema.
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