Como una situación grave que violenta derechos, en especial de niños y niñas, y que implica falta de visión hacia la situación de las y los migrantes, calificó la representante de la Red de Infancias en Ciudad Juárez, Catalina Castillo, la postura de que el estado de Chihuahua no sea santuario para personas en movilidad.
“Creo que es una postura del estado donde está violentando muchos derechos, sobre todo los derechos a niños y niñas en situación de movilidad que tendrían que ser atendidos desde la perspectiva de los derechos humanos y del interés superior de la niñez”, señaló Castillo.
Lo anterior en relación a las declaraciones de la gobernadora Maru Campos de que el estado de Chihuahua no tiene condiciones para ser estado santuario para recibir migrantes.
De acuerdo con la postura de Campos, planteada a medios la semana pasada y refrendada luego en un artículo de opinión, en Chihuahua se tienen poblaciones con vulnerabilidad en Juárez y la Sierra y los recursos del estado deben enfocarse en ellos primordialmente.
Convertir a la entidad en estado santuario significaría “enfocarnos de manera prioritaria en atender esta situación, y dejar en el olvido a poblaciones que sufren de un rezago que apenas comienza a mitigarse”, refirió la mandataria.
Puso como ejemplo el caso de los pueblos originarios en la Sierra Tarahumara o las familias afectadas por la sequía extrema.
“Sobre todo -planteó- implicaría poner a nuestros hermanos migrantes en una situación de riesgo inminente”.
Indicó que es por eso que la realidad migratoria debe ser abordada desde una perspectiva humanitaria y bilateral.
Al respecto la activista Catalina Castillo comentó que la autoridad debe actuar atendiendo cuatro principios que son el interés superior de la niñez, que toda política pública vaya en progresividad, que tenga participación infantil y que en la atención a niños y niñas exista total respeto a la diversidad.
“Creo que ella no está pensando en eso; es una problemática que no se ha atendido desde hace mucho tiempo”, señaló.
Dijo que las organizaciones de la sociedad generan propuestas y denuncian las situaciones que están pasando y si hay una negatividad desde el Gobierno, “hay una violación a los derechos de las personas en movilidad”.
Aclaró que se trata de una responsabilidad de los tres niveles de gobierno, desde quienes establecen la política nacional, pero, acotó, la responsabilidad directa es del Gobierno del Estado “porque es el primer respondiente a una problemática que se tiene desde hace muchos años”.
“Lo que pasa es que hay una mirada tan corta y errática de la política, siempre en esa lógica de echarse la culpa entre los tres órdenes de gobierno; no han querido asumir una problemática que en estas situaciones de los últimos años se ha ido haciendo más grave porque hay una ausencia de estado”, opinó.
Se espera que conforme se acerque el arranque del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, el trabajo de las organizaciones será primordial para generar propuestas y trabajar los soportes necesarios «a todo el flujo grande que se nos viene de migrantes».
Finalmente refirió que, aunque existe la posibilidad de hacer una vinculación con el Gobierno federal, desde las organizaciones, para asumir un compromiso con la situación que se viene, también hay que invitar a que se sumen desde el Poder Legislativo.
“Hay que demandar también a senadores, diputados federales y locales que realmente generen una alianza o vinculación para la generación de esta política porque si no, se agrega una problemática fuerte para la ciudad y el estado”, afirmó.
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