La Fiscalía Anticorrupción debe de judicializar ya las carpetas de investigación con casos tan contundentes como el Mochilagate, señaló Carlos Gutiérrez Casas, uno de los tres denunciantes de presuntos delitos atribuibles al alcalde Cruz Pérez Cuéllar y sus funcionarios municipales.
“Que se judicialicen ya los casos. La Fiscalía Anticorrupción tiene mucho personal para hacer las investigaciones y preparar todo el material para la judicialización, y ya que un juez determine de la vinculación o no a proceso”, expresó el activista en derechos humanos y profesor universitario.
Recordó que, como dice la Constitución, la justicia tiene que ser pronta y expedita, más cuando se trata de una afectación a la sociedad en general.
“No se trata de un delito hacia alguien en concreto, si no de delitos que están afectando a toda la comunidad juarense, como Norte Digital bien lo dijo, con esos 50 millones de pesos de sobreprecios ¿cuántas becas para niños no se podrían haber entregado?, cuestionó el también abogado.
Gutiérrez Casas dijo que indudablemente existen elementos para que haya castigo de los responsables de los sobreprecios en la compra de 250 mil kits escolares, lo que implicó, de acuerdo con sus investigaciones, de un quebranto de 54.8 millones de pesos en los recursos públicos.
En este caso, Norte Digital hizo una verificación propia y pudo documentar el pago de un sobreprecio de 49 millones, 275 mil 500 pesos.
El académico, junto a otros tres ciudadanos, militantes de Morena igual que él, Ernesto Robles y Rosalba y Rosalba Bernal, presentaron la denuncia formal sobre el caso, y otros dos expedientes más relacionadas con sobreprecio en pago de pruebas Covid y un presunto desvío en el Presupuesto Participativo.
La denuncia por cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito en el caso de las mochilas fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, desde octubre de 2023, hace ya tres meses.
“No es porque hayamos hecho las denuncias nosotros, pero están muy bien sustentadas y hay mucha contundencia en cuanto a los elementos de sobreprecio en el caso de las pruebas Covid y las mochilas”, expresó.
Lamentó que cuando dio seguimiento a las denuncias, a principios de diciembre del año pasado, lo primero que le dijeron en la Fiscalía Anticorrupción es que los tiempos de esa institución, no son los mismos que los tiempos políticos.
Señaló que es cierto que Fiscalía tiene su propia dinámica “pero hay que entender que la procuración de justicia, en este caso que es muy específica, que es perseguir los actos de corrupción debe hacerlo lo más pronto posible”.
“Lo comprendo, pero, así como Norte Digital hizo su investigación rápidamente, o sea constató lo que ya nosotros hicimos, incluso coincidieron los números para determinar el sobreprecio total”, destacó Gutiérrez Casas.
Añadió que, desde su visita de seguimiento en diciembre, las cuestiones de los contratos ya se habían verificado, para determinar si en verdad se hicieron en esos términos, si existían los documentos y eran por esas cantidades que sumaron una erogación municipal de 122.3 millones de pesos.
“Y ese tipo de dictámenes se supone que los tienen que hacer rápido, sobre todo cuando el tiempo implica el aumento de precios. Tienen que hacer los dictámenes a tiempo para constatar precisamente, todo esto que tanto Norte como nosotros ya tenemos determinado”, detalló.
Gutiérrez Casas consideró que la Fiscalía está actuando políticamente, conforme a los tiempos que dicte la gobernadora Maru Campos.
“Sabemos que, aunque la Fiscalía Anticorrupción pertenece al sistema anticorrupción y supuestamente es independiente, el titular fue puesto por la gobernadora. Entonces la gobernadora tiene sus propios tiempos políticos ¿Cuándo los va a utilizar? pues hay que preguntarle a ella, así como dijo ella sobre el asunto del secuestro de los LeBarón, que el Gobierno federal hace pendejadas, pues lo mismo están haciendo ellos, utilizar este asunto de acuerdo a sus tiempos políticos?, indicó el denunciante.
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